El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado, presentó una nueva nota ante la Corte Suprema en la que le solicita que “fije una audiencia” con el gobierno de Javier Milei por la deuda que éste tiene en concepto de fondos previsionales, es decir, la caja de los jubilados bonaerense que funciona a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
Según se detalla de la denuncia a la que accedió El Destape, la suma adeudada por el Estado Nacional y reclamadas por la provincia de Buenos Aires, en concepto de “anticipos recibidos y adeudados por la Nación”, “actualización de los anticipos 2023”, “fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020)”, y “diferencia entre el déficit del Estado Nacional y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020”, dan un total de $681.024.286.169,70.
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Ello se discrimina en la causa 661/2024 “Buenos Aires, provincia contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad”, en la que el gobierno bonaerense le pide a la Corte Suprema que se declare respecto de su “competencia”. La primera nota presentada se remonta al 26 de abril de 2024 y hasta el momento no hubo novedades. Es por ello que la provincia de Buenos Aires solicita que “se expida sobre su competencia para entender en la presente causa”.
Para ello, Kicillof pide que “se fije una audiencia de citación de las partes a los fines de procurar una salida conciliatoria, en función de la apremiante situación económica oportunamente descripta en la demanda y a los intereses públicos comprometidos de índole previsional en juego”.
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Como antecedente, el gobierno bonaerense cita dos resoluciones que la Corte hizo este año. “La fijación de la audiencia la solicitamos a saber que ya se ha otorgado a otras provincias en procesos similares”, precisaron. En ese sentido se menciona el caso de Córdoba, causa 526/2023, en la que el Alto Tribunal mediante resolución del 19 de marzo de 2025 convocó a una audiencia celebrada el 14 de mayo pasado.
El segundo caso es la provincia de Santa Fe, en la que la audiencia convocada por la Corte Suprema fue a través de una resolución el 6 de junio de 2025, y una audiencia celebrada el 15 de julio pasada.
Las jubilaciones bonaerenses
En la denuncia figuran el universo de jubilados y jubiladas que tiene el IPS. Éstas son las cifras, según los últimos números que datan de marzo de 2024: Hay 351.371 beneficiarios, de los cuales el 70,49% son mujeres (247.709) y el 29,51% hombres (103.662). El total de beneficios liquidados en el mismo periodo fue de 364.011, de los cuales el 87,5% (318.582) corresponde a beneficios contributivos y los restantes 45.429 tienen carácter no contributivo.
El universo de beneficios corresponden a 259.552 jubilaciones, 79.341 pensiones y 25.118 pensiones sociales. En lo que respecta a jubilaciones: 59.012 (22,7%) corresponden al sub sistema de administraciones, 63 a leyes especiales, 152.335 (58,69%) a magisterios, 42.451 (16,35%) a municipal, 15 a policía y 5.675 a Servicio Penitenciario.
En tal sentido, las pensiones se corresponden: 19.355 (24,39%) al subsistema de administración, 11.434 (14,41%) a Leyes Especiales, 12.928 (16,29%) a Magisterio, 24.438 (30,8%) a municipal, 8.921 (11,24%) a pensiones no contributivas (honoríficas y distinguidas a ex combatientes y ex soldados de Malvinas), 70 a policÍa y 2.195 al Servicio Penitenciario.
Por último, las pensiones sociales corresponden a: 11.660 (46,42%) a pensiones sociales por invalidez, 12.874 (51,25%) a pensiones por invalidez de menores, 389 a pensiones por “madre sola con hijos”, 112 pensiones por vejez, 78 pensiones a menores desamparados y 5 pensiones por migración.