Continúa el conflicto entre los trabajadores y la empresa Sealed Air de Quilmes, que realiza packaging para la industria alimenticia. Tras haber echado a 65 empleados a fin de año, los trabajadores comenzaron un estado de asamblea permanente que lleva 11 días consecutivos.
En diálogo con El Destape, el delegado Pablo Senlle contó que en la audiencia virtual que mantuvieron este jueves con la compañía pidió un gesto de “buena predisposición” y que comience a funcionar “el sector de despacho”. A cambio, Sealed Air proponía “reincorporar a 3 de los 65 trabajadores echados”. Senlle afirmó que la propuesta fue tratada en asamblea y "rechazada por unanimidad”.
“Esto evidencia que la empresa solo quiere despachar lo que está en los depósitos; pero no quiere reincorporarnos ni establecer un canal de diálogo”, resaltó el delegado. El miércoles que viene el ministerio de Trabajo citó a una nueva audiencia presencial en la empresa entre los trabajadores y la patronal.
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Entre el 30 y el 31 de diciembre de 2025 Sealed Air envió telegramas de despido a 65 empleados. Bajo la premisa de “optimizar los recursos”, y de “mejorar los números de rentabilidad comparándose con Brasil y México”, la compañía envió nuevos telegramas. Este medio se comunicó con la empresa pero no quiso dar respuesta a la ola de despidos.
Sealed Air funciona las 24 horas los 7 días a la semana en 4 sectores. Fabrica packaging de la industria alimenticia, es decir, realiza bolsas de envasados de quesos y bolsas para envasar al vacío carne de exportación.
La ola de despidos escala en el conurbano
En medio de una ola de despidos, los trabajadores de la empresa Lustramax de Tortuguitas, denuncian la presencia de un “operativo ilegal” de la Gendarmería Nacional frente a la planta. Además, sostienen que esa fuerza no tiene jurisdicción para actuar en la provincia de Buenos Aires. Desde la conducción de la firma alertaron por un clima de amenazas y “extorsión” por parte de un sector de los obreros.
De acuerdo con las denuncias de los sectores en lucha, en el despliegue de Gendarmería está involucrada la senadora Florencia Arietto. Según señalaron, la empresa busca “amedrentar” a los trabajadores para garantizar despidos y medidas de flexibilización laboral. Por su parte, Ezequiel Sosa, dueño de la compañía, aseguró que la planta “está tomada por un grupo político” y que los despidos responden a una necesidad de reordenamiento interno dentro del marco legal.
Del lado de los trabajadores, la versión es diametralmente opuesta. Niegan la existencia de una crisis económica y denuncian que la empresa obtuvo ganancias millonarias en los últimos años, con jornadas extendidas y horas extras habituales hasta el inicio del conflicto. También reclaman el incumplimiento en el pago del aguinaldo, el bono de fin de año y aportes a las obras sociales, además de jornadas laborales por encima de los límites legales y falta de actualización salarial conforme a paritarias.
Asimismo, sostienen que los despidos constituyen una "persecución sindical" y una maniobra para "desarticular la organización gremial interna". En ese marco, consideran "ilegal" el despido de los delegados y denuncian un intento de imponer condiciones laborales regresivas.
