La provincia de Santa Cruz, gobernada por Claudio Vidal, atraviesa una semana marcada por la conflictividad con medidas de fuerza en distintos sectores del empleo público. En este contexto, se iniciaron acciones en reclamo de la apertura de paritarias, en la regularización del pago de viáticos con recomposición salarial urgente y el fin de la criminalización de la protesta.
junto a ATE, ADOSAC, SOEM y Judiciales, el Sindicato del Personal de Vialidad Provincial de Santa Cruz participa del Frente Sindical quien convocó a la movilización para la apertura de paritarias. En asamblea, se resolvió concretar una medida de fuerza de 48 horas los días miércoles 22 y jueves 23 de abril. En ese marco, los distintos gremios convocaron a un cacerolazo para el jueves 23 a las 20 horas, que se replicará en todo el territorio santacruceño como expresión unificada del reclamo.
En diálogo con El Destape, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, Jacqueline Borquez, aseguró que los trabajadores perciben salarios de pobreza: “El salario de un empleado público va desde los 690 mil a un millón de pesos. Ni hablar de los municipales del interior, que cobran entre 400 mil y 500 mil pesos”. Y agregó: “Con una canasta básica que ronda los 2 millones de pesos, es insostenible para los trabajadores vivir”.
Consultada sobre si los gremios mantienen diálogo con el Gobierno provincial, la dirigente indicó que la última reunión con autoridades fue hace dos meses y que desde entonces no hubo nuevos contactos. Con fuertes críticas al gobernador, Borquez sostuvo sobre Vidal: "Se olvida que era sindicalista, no piensa para nada como los trabajadores; más bien está alineado con el gobierno de Javier Milei. Manda la policía a las marchas y nos reprime; ya no recuerda de dónde vino”.
“Le prometieron paritarias a los trabajadores, pero después las suspendieron. El gobernador se fue de viaje a Canadá y no trajo ni una inversión”, cuestionó Borquez en referencia a la propuesta que el Ejecutivo provincial realizó a comienzos de abril de 2026 para atraer inversiones en energía y minería.
Borquez también señaló que casi siete mil trabajadores quedaron sin empleo y el panorama no es alentador: “Diferentes empresas están ofreciendo retiros voluntarios. En una provincia donde el trabajo depende en su mayoría de la administración pública, hoy tenemos cerca del 62% sin empleo”.
Por su parte, los trabajadores judiciales provinciales expresaron: “Cuando no cumplen lo acordado, la respuesta es organización y lucha. No es un capricho, es el salario de quienes sostenemos el Estado todos los días”, indicaron a través de redes sociales.
Con sueldos por debajo de la línea de pobreza, “la mayoría de los trabajadores se encuentra endeudada y no llega a fin de mes”. Para paliar la situación, según Borquez, los gremios entregan bolsones de comida para evitar que alguna familia se quede sin alimentos.
“Tengo 60 años y nunca vi familias revolviendo en la basura. Tengo compañeros trabajadores que tienen que ir a comedores”, expresó. Además, relató que algunos “hacen Uber o limpian casas, pero la verdad es que se hace difícil porque no hay dinero ni siquiera para changas”.
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