La Reforma Laboral del Gobierno de Javier Milei definió un marco normativo específico para regular la actividad de los repartidores y conductores que trabajan mediante aplicaciones como Rappi, Uber, Cabify o Pedidos Ya. Este régimen establece definiciones para los servicios de reparto, movilidad de personas, prestadores independientes y contratos digitales. La medida obliga a inscribirse y aportar al sistema previsional y, además, fijó "derechos y obligaciones" tanto para las plataformas como para los trabajadores.
La reforma laboral introdujo por primera vez un Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas, y plantea la relación entre plataformas, usuarios y prestadores independientes.
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Impacto en los repartidores la reforma laboral: el cambio en Rappi y PedidosYa
Los llamados “prestadores independientes” tendrán nuevas obligaciones y derechos:
Obligaciones
- Inscribirse ante las autoridades fiscales y cumplir con aportes de seguridad social, lo que les da acceso a la Prestación Básica Universal, pensiones y cobertura de salud.
- Informar una cuenta bancaria o billetera electrónica para recibir pagos.
- Respetar normas de tránsito y cumplir con los viajes que decidan aceptar.
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Derechos
- Podrán decidir cuándo y cómo conectarse, sin exigencia de horarios mínimos.
- Rechazar pedidos sin necesidad de justificar.
- Acceder a capacitaciones gratuitas en seguridad vial y uso de la plataforma.
- Contar con un seguro de accidentes personales, que cubra fallecimiento, incapacidad y gastos médicos.
- Percibir el 100% de las propinas que los usuarios otorguen.
- Recibir explicaciones y derecho a réplica en caso de suspensión de la cuenta.
Impacto en los usuarios
Para quienes utilizan estas aplicaciones, el régimen también trae cambios:
- los usuarios podrán conocer los criterios de agrupación y asignación de repartidores.
- las plataformas deberán garantizar capacitaciones y elementos de seguridad vial, lo que impacta en la calidad del servicio.
- se establece la obligación de contar con mecanismos digitales de quejas y soporte humano para justificar decisiones que afecten la operatoria.
- la formalización de los repartidores y la obligación de seguros podrían trasladarse a los precios finales de los envíos o traslados.
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