Un juez federal de Argentina dispuso este viernes frenar la aplicación en la provincia de Santa Cruz de la Ley de Glaciares, cuyas reformas fueron aprobadas semanas atrás por el Congreso, con el respaldo del oficialismo de Javier Milei. El juez federal de la ciudad de Río Gallegos Claudio Vázquez hizo lugar a una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante de la ciudad santacruceña de El Calafate.
La resolución judicial dispone la suspensión dentro del territorio de Santa Cruz de los efectos de la reforma a la ley, que el pasado 9 de abril tuvo sanción definitiva de Diputados y que Milei promulgó este viernes a través del Boletín Oficial.
El juez ordenó al Estado nacional que "se abstenga de aplicar, ejecutar o autorizar, en el territorio de la provincia de Santa Cruz, cualquier acto administrativo o decisión que tenga fundamento en la normativa cuya suspensión" dispuso el magistrado. En su presentación judicial junto a legisladores provinciales y nacionales, las autoridades ejecutivas y legislativas de El Calafate reclamaron que la reforma aprobada por el Congreso sea declarada inconstitucional.
La reforma, cuyo debate fue impulsado por el Gobierno, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales, en las que se pueden permitir las actividades mineras. La norma modifica la ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
Además del amparo presentado en Santa Cruz, el gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo contra la reforma de la ley de protección de glaciares en el que plantea la "inconstitucionalidad y la nulidad absoluta" de la norma impulsada por el Ejecutivo de Milei. En su reclamo judicial, la provincia señaló que, si bien no tiene glaciares en su territorio, se nutre de agua del río Colorado, que nace en un área glacial de la Cordillera de los Andes.
MÁS INFO
La batalla judicial en ciernes tiene un antecedente de peso: en 2019 la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda contra aquella iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan. El máximo tribunal reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
Con información de EFE
Cerrar sesión