La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) informó que no autorizó la instalación del radar de control de velocidad emplazado sobre la Ruta Nacional Nº 168 por decisión del gobierno de Maximiliano Pullaro. De esta manera, notificó a la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe (APSV) para que explique los motivos de la instalación sin el permiso correspondiente.
La respuesta fue emitida el 11 de noviembre de 2025 mediante una nota en un expediente electrónico, en contestación a una solicitud presentada por la abogada Patricia Almirall, quien pidió conocer si el dispositivo contaba con la debida habilitación nacional. En el documento, el organismo precisó que “no ha otorgado habilitación y/o autorización para colocar radares" sobre el km 5,8, en el sentido descendente hacia la ciudad de Santa Fe, a la altura de Colastiné Sur.
La colocación del sistema había generado numerosas quejas de automovilistas y transportistas, quienes cuestionaron la legalidad del control y reclamaron su retiro inmediato. Muchos de ellos sostuvieron que el dispositivo no estaba autorizado por el organismo nacional competente y que las multas emitidas carecían de validez.
Con la respuesta oficial, Vialidad Nacional dejó en claro que el radar no cuenta con su aval, lo que abre un nuevo frente de conflicto respecto de la validez legal de las infracciones labradas a partir de su funcionamiento.
Ahora, la APSV deberá presentar un informe justificando la instalación del equipo, con los fundamentos técnicos o normativos que la respalden. Mientras tanto, el radar sigue activo y continúa siendo motivo de controversia entre los usuarios de la ruta y las autoridades de control.
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La abogada Almirall explicó que, al tratarse de un radar sin autorización de Vialidad Nacional, las infracciones carecen de validez legal. "Las multas que fueron labradas antes del 26 de agosto no deben pagarse porque el radar no tenía verificación y las posteriores estamos pidiendo información", mencionó en declaraciones para Radio EME.
En ese sentido, los automovilistas notificados pueden solicitar la nulidad de las infracciones y quienes ya hayan abonado las multas tienen derecho a tramitar la devolución del dinero.
Por su parte, el secretario de la APSV, Carlos Torres, desestimó los planteos y aseguró que la provincia tiene facultades propias para controlar la velocidad en rutas nacionales. “No necesitamos una autorización puntual para fiscalizar con un cinemómetro en una ruta nacional. Es una función que la provincia no delega ni en Vialidad Nacional ni en la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, sostuvo.
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