En el marco del conflicto que atraviesa el sector pesquero en Santa Cruz y tras las denuncias sindicales por el origen del pescado distribuido en el programa oficial, el secretario general de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), Marcelo Osores, apuntó contra funcionarios que "informan a medias" al gobernador Claudio Vidal. Además, pidió una intervención urgente del Ejecutivo en defensa de los trabajadores.
El gobernador se encuentra envuelto en un escándalo tras lanzar un polémico programa de descuentos de hasta el 50% en merluza para Semana Santa. Sindicatos portuarios denuncian que gran parte del pescado distribuido proviene de empresas en conflicto con sus empleados y advierten que la mercadería entregada corresponde a stock almacenado desde hace tiempo.
La iniciativa incluyó acuerdos con pescaderías de distintas localidades y reparto gratuitos de 40 mil kilos en barrios populares. En el sector ya hablan de un plan sostenido con merluza “de manos sucias”, en referencia a las condiciones en las que se habría producido.
Una de las empresas que habrían enviado pescado es Vepez S.A., firma encabezada por el empresario Luis Jones, que mantiene un conflicto abierto con estibadores y organizaciones sindicales en puertos de la provincia, especialmente en la localidad de Caleta Olivia. La controversia se profundiza porque la misma empresa que aportó el pescado es la que se niega a convalidar aumentos salariales que ya fueron aceptados en otros puertos de la provincia.
De esta manera, el secretario Osores fue contundente al establecer responsabilidades políticas y apuntar directamente a la compañia: "Señor gobernador, no creo que usted esté avalando esto", sostuvo en declaraciones para Mundo Gremial, al tiempo que remarcó que el conflicto responde a incumplimientos concretos en materia laboral.
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El titular de la FEPA aseguró que los trabajadores aceptaron todas las condiciones planteadas en las negociaciones, incluso en un contexto de malestar interno. "Aceptamos, con la disconformidad de la gente, el mismo aumento que en Puerto Deseado. Aceptamos los controles antes de entrar a trabajar. Aceptamos el preocupacional. Estamos aceptando todo", señaló.
Según explicó, no existen argumentos para responsabilizar al sector sindical. "No hay nada que corregir de parte de los trabajadores que han aceptado, al pie de la letra, todo lo que viene imponiendo la provincia", agregó, reforzando la postura de cumplimiento total por parte de los gremios.
No obstante, denunció que la empresa "no cumple con el aumento pactado". En ese contexto, Osores insistió en la necesidad de una intervención directa del Ejecutivo provincial santacruceño. "Le pedimos al gobernador Claudio Vidal la intervención a favor de los trabajadores", expresó.
Denuncias por violar la ley de salud mental y riesgo para los permisos de pesca
El conflicto escaló luego de que finalizara la conciliación obligatoria entre la empresa Vepez S.A y los trabajadores. En un comunicado conjunto del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos y la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), el secretario general del gremio, Marcelo Osores, advirtió que la empresa avanza con medidas que “van contra la ley de salud mental y el acompañamiento a personas con problemáticas de consumo, van contra los derechos laborales y se va a denunciar ante todas las autoridades competentes”.
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Los gremios sostienen que estas prácticas podrían derivar en denuncias formales que, de comprobarse irregularidades, pondrían en riesgo permisos de pesca y habilitaciones operativas de las firmas involucradas.
En ese marco, referentes sindicales sostienen que el mandatario estaría recibiendo información parcial sobre la situación en los puertos y que, en los hechos, termina siendo funcional a empresarios que buscan disciplinar a los trabajadores.
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