Menor Jornada = más Salario y mayor Empleo

15 de mayo, 2021 | 19.00

Las restas y sumas en el ámbito laboral no las define la aritmética sino la Política, sin que el resultado que se alcance deje de guardar correspondencia con una lógica elemental -hasta matemática- que se demuestre fácilmente en la conjugación de los términos de las variables elegidas.   

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Futuro del trabajo o Trabajo del futuro

El clima de época está fuertemente atravesado por la peste que azota al Mundo, y con razón, dado lo impensado y excepcional de lo que está sucediendo en todos los órdenes de la vida y la sensación, día a día, más asentada de que no habrá vuelta atrás, con relación a la que ahora se identifica como la anterior “normalidad”.

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Esto último no posee un valor absoluto, universal y proyectado a todos los campos, en tanto se mantienen intactas las estructuras de poder y de la división internacional del trabajo a pesar de la crisis sin precedentes que golpea -aunque no por igual- a los países centrales y periféricos.

La solidaridad que algunos especulaban guiaría los comportamientos individuales, sociales y de los Estados, lejos se ha evidenciado y sobrados ejemplos se registran que dan cuenta de una nueva frustración en aras de arribar a interrelaciones más justas, de mayor equidad y con prevalencia de derechos humanos fundamentales frente a intereses mezquinos.

Lo que pareciera haber ocurrido es que se ha descorrido un velo de postulados declamatorios, mostrando disfunciones sistémicas de las democracias formales y los perniciosos efectos de las prácticas neocoloniales de una “normalidad” que no sólo subsiste, sino que se ha profundizado con -y no por- la pandemia.   

Dejando a la luz, con gran crudeza y a la vista de todo aquel que quiera ver, las enormes desigualdades imperantes. Que, además, en lugar de encontrar algún paliativo, se han exacerbado a niveles superlativos y a despecho de los crecientes padecimientos de los más desposeídos.

El aumento de la desocupación que es, como siempre, un fenómeno que acompaña los vaivenes de la Economía, arroja a la desesperación y a la búsqueda de cualquier estrategia de supervivencia a quienes cuentan únicamente con su fuerza de trabajo para encontrar su diario sustento.

La resignación de derechos laborales, la forzada disposición a aceptar condiciones de trabajo cada vez más precarias o la paulatina deslaboralización de los servicios personales que se prestan, constituyen claros emergentes en estos tiempos.

Que se acentúan en igual o mayor medida en que se debilitan las organizaciones gremiales y se expanden las prácticas antisindicales, ya sea para incidir a la baja en las tasas de sindicalización o por el diseño -ficcional- de figuras, roles y vínculos en apariencia excluidos de la agremiación.

De todo ello se valen quienes otrora proclamaban “el fin del trabajo”, una entelequia que perseguía la deconstrucción de los derechos sociales, para instalar ahora la idea del “futuro del trabajo”. Imbuido de supuestas inexorables demandas acordes con los cambios tecnológicos, que reclamarían la adaptación de las formas de organizar, distribuir y dirigir el trabajo.

Un trabajo sin derechos, o con pocos derechos para unos pocos, en que prime una pseudo autonomía del que lo ejecuta, se difuminen los beneficiarios de esos servicios y en que se vaya acotando, al máximo posible, la relación de empleo.

Plantearse el “trabajo del futuro”, como razonablemente corresponde, no consiste en un mero juego de palabras ni expresa nociones equivalentes, sino que configuran significantes absolutamente disímiles tanto como implica concepciones en gran medida antagónicas.

El trabajo no es un fin en sí mismo, sino el medio para dignificar a la persona humana. Ni puede ceñirse a generar riqueza para otros que la acumulen sin límites, al punto de una concentración indecente -al contrastarla con la pobreza que tamaña codicia genera- y sin compromiso social de ninguna índole.

Pensar el trabajo del futuro, plantearse su desarrollo valiéndose de los avances tecnológicos, debe conducirnos a imaginarlo más seguro, menos agobiante, con mayores tiempos de ocio y posibilitando el pleno empleo a la par de proporcionar una mejor calidad de vida, con la irrenunciable aspiración de una vida digna para todos.

El crecimiento de la Economía no garantiza mayor equidad

Cuando se enfrenta un deterioro generalizado como común denominador en la caída de la producción de bienes y servicios, una destrucción de la industria y del empleo, un endeudamiento externo sólo comparable con la fuga de capitales que, simultáneamente, se verificaba y el incremento de la pobreza e indigencia, de la magnitud que se registraba en diciembre de 2019, lo primero que, sin duda, un Gobierno debe procurar es una recuperación de la Economía.

Si a todos esos nefastos indicadores se suma una paralización de la actividad impuesta por la pandemia, ese objetivo cobra todavía mayor entidad y alcanzarlo se hace más urgente, como más complejo. Aunque toda decisión política, que es en definitiva lo que define las medidas adoptadas en el ámbito económico-productivo, indefectiblemente tiene cierto direccionamiento y requiere establecer cómo será la distribución de sacrificios y beneficios.

Los economistas ortodoxos, sus benefactores y, recurrentemente, los comunicadores que les son afines, ponen el eje en el crecimiento y señalan como condicionantes para un desenvolvimiento virtuoso del Mercado, la austeridad fiscal junto con una drástica reducción del gasto público y de la emisión monetaria, siempre basados en la premisa de disminuir sustancialmente la “presión tributaria” para que con todo ello se multipliquen las inversiones, en particular las extranjeras.

Desde esa misma perspectiva, será recién entonces cuando -por obra de las reglas del mercado- se pueda crecer, con la consiguiente bonanza y, a partir de ello, los efectos depararán benéficos generales y por su propio peso derramarán en todas las capas sociales. Cuánto y cómo, es parte de un misterio que se develará a la población cuando todo eso ocurra.

En términos sencillos, que suelen emplear los “académicos” forjadores de ese relato para que todos puedan comprenderlo, se compara con una “torta” que hay que agrandar como condición de tanta buenaventura.

Lo que se calla, o directamente se oculta, es cómo se cortarán las porciones y que, claro está, la glotonería del poder concentrado será la que oriente el cuchillo. Fileteando módicos pedazos o repartiendo las migajas a las mayorías, guardando para sí el resto que, por cierto, deberían mantener en sus manos para amasar otra mayor en el siguiente ciclo y continuar ese pretendido circuito virtuoso.

Mafalda, un personaje particularmente icónico entre las innumerables creaciones de Quino, sentenciaba: “Que, para amasar una gran fortuna, es necesario hacer harina a los demás”. Una reflexión también sencilla, pero que expresa una verdad de la que carece aquella otra.

Siguiendo con la apelación a la repostería, lo que realmente importa -cualquiera sea el tamaño de la torta- es cómo va a repartirse entre los que aportaron para elaborarla y cuánto incidirá para decidirlo el apetito -incluso el hambre- o la gula de los comensales.

Aunque lo más significativo es que no se trata de tortas, como decía María Antonieta antes de perder la cabeza, sino de algo más perentorio, de “pan y trabajo”.

La teoría del derrame es más que ilusoria, perversa. Una fantasía, creada en favor de los que nunca sentirán colmada su copa y que, si llegara a desbordar, estarían prestos a buscar otra para no perder ni una sola gota.

En la cuna del Capitalismo liberal, en la Metrópoli imperial de Occidente, es donde hoy se reconoce por su primer mandatario (Joe Biden) lo falaz de esa teoría, que no es novedad para quienes habitamos los suburbios del mundo en donde se han padecido -y se padecen- los efectos perniciosos de ese tipo de experiencias.

Más de 100 años igual

La lucha por la reducción de la jornada laboral es más que centenaria, ya por 1866 se levantaba la consigna de “los tres 8”, reclamando que el día se dividiera en tercios de ocho horas: para el trabajo, para el ocio y para el descanso.

Muchas décadas tuvieron que pasar, y mucha sangre correr, para que esa aspiración se tradujera en leyes que fijaran límites a la jornada, pero la realidad supera a la ficción legal como es sabido y en esta materia no ha sido una excepción.

La necesidad de suplementar magros salarios ha exigido que se trabajen horas extras, no siempre remuneradas con los recargos que normativamente corresponden y con frecuencia abonadas marginalmente, para alcanzar un nivel de ingreso suficiente para satisfacer necesidades básicas.

Las metas de productividad y competitividad empresarias también han pivoteado en esa variable, recurriendo a un sobreesfuerzo a bajo costo que incluso llegó a volcarse en iniciativas legislativas -la última con Macri en 2018- que proponían anualizar el cómputo de la jornada máxima legal o la creación de un banco de horas, con lo que se pretendía sortear todo límite y eludir -en la práctica- la efectiva retribución del tiempo extra de labor cuyo cálculo efectivo se tornaría virtualmente imposible e incontrolable.

En 1929 la llamada “gran depresión”, identificada hasta hace poco como la mayor crisis del Capitalismo mundial, para la Argentina implicó la caída abrupta del precio de sus productos primarios sin que en igual medida sucediera con los que se importaban, el cierre de los principales mercados a los que se dirigían las exportaciones y la consiguiente merma en el ingreso de divisas.

Sin embargo, fue en ese mismo año en que se sancionó la Ley 11.544 que estableció un límite máximo de 8 horas diarias y 48 horas semanales, que transcurridos casi 100 años no ha sido modificado.

Con ese precedente, la crisis actual mal podría oponerse a una disminución, tan significativa como aquélla, a la duración del trabajo. Menos aún cuando la incorporación de tecnología permitiría, por sí sola, aumentar la productividad y mantener -sino acrecentar- la producción.

El imprescindible impulso al salario

Entre 2016 y 2019 el poder adquisitivo del salario se redujo en promedio un 25%, con el consiguiente efecto recesivo en el mercado interno, cuya recuperación es un objetivo central del actual Gobierno nacional.

En tal sentido se propuso la meta de que en este año el salario le ganara a la inflación, en base a dos presupuestos básicos: una contención razonable de los precios y una ronda paritaria en que se obtuvieran aumentos significativos de las remuneraciones.

La realidad no parece corresponderse con ese anhelo, estando al comportamiento de los formadores de precios, en especial de los alimentos que son los que más impactan -junto con los servicios esenciales- en el rendimiento del salario.

Tampoco la expectativa en la negociación colectiva se ha concretado porque, salvo los gremios más fuertes -que accedieron a mejoras salariales pero escalonadas-, la evolución de las paritarias no muestra una tendencia capaz de alcanzar aquel objetivo, y los que lograron una mejor posición están seriamente expuestos a un retroceso al ritmo que crece la inflación y su proyección hacia fin de año

En ese contexto, más allá de la justicia que encierra por sí misma para las personas que trabajan, es que se impone una reducción sustancial del tiempo máximo legal de labor, fijándolo en no más de 38 o 40 horas semanales sin disminución de la remuneración y estableciendo una mayor limitación de la cantidad de horas extras admitidas.

Si bien redundaría en una sensible mejora en la calidad de vida, a la vez que en orden a las contraprestaciones comprometidas por esa vía se generaría un incremento remuneratorio, no importaría en términos absolutos un aumento en los ingresos de los asalariados.

Esto último sí podría concretarse en función de la elevación del salario mínimo, vital y móvil, junto con la implementación de un salario mínimo profesional que esté ligado a la evolución del SMVyM, asegurando un piso de más amplia cobertura y que permita a los sindicatos una disputa más efectiva por la distribución de las ganancias de las empresas.

Dispositivo legal que contenía en su texto originario (1974) la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. arts.131 y 132), apto para generar mejores condiciones y mayores fortalezas sindicales en la negociación colectiva, especialmente en aquellos sectores en que las representaciones gremiales exhiben desequilibrios más marcados frente al poder empresario.  

“Cuando por las formas de remuneración adoptadas o de su liquidación, no se pudieran establecer salarios profesionales en las convenciones colectivas, con relación a todos o algunos de los trabajadores comprendidos, se deberá fijar en las mismas el salario mínimo profesional que asegure al trabajador un ingreso adecuado atendiendo a su profesión, oficio, categoría o calificación. (…) El salario mínimo profesional no podrá ser inferior, en ningún caso, al salario mínimo vital más una proporción sobre el mismo que establecerá la reglamentación.”

Alternativa para generar empleo

El tema de la jornada laboral debe ser concebido también como contrapartida de las nuevas maneras de organizar, tercerizar y segmentar la producción, una estrategia empresarial que le ha reportado enormes ganancias, permitiendo una reducción paulatina del “costo laboral” directo y del riesgo común -económicamente mensurable- de su actividad.

Sin prescindir de aquellos efectos virtuosos de la limitación de la jornada para las personas que trabajan, es especialmente relevante el impacto inmediato que produciría en la ampliación del empleo. Un universo empequeñecido en la gestión de gubernamental anterior y que no cesa de decrecer por la pandemia, reflejado en tasas de desempleo de dos dígitos y en las -superiores aún- de la subocupación a marzo de 2021.

Otro problema que la creación de empleo por la reducción de la jornada y/o semana laboral puede ayudar a resolver, es la peligrosa permanencia de una informalidad que amenaza con transformarse en estructural -como en la mayor parte de los países de la Región-, que necesita ser subsidiada por el Estado y menoscaba notoriamente la cultura del trabajo como configurante de una ciudadanía plena.

Privando del acceso a un amplio haz de derechos, garantías y beneficios, imprescindibles para una vida digna, que la asistencia estatal -si excede de la emergencia, para quedarse- no hace sino convalidar y condenar a permanecer en esa situación por varias generaciones.

Tiempo de trabajo, salario y empleo guardan una clara interdependencia, que por cierto no son indiferentes al nivel de ganancias empresariales y suponen una evidente transferencia de ingresos. Que, en los términos propuestos, representaría una modesta devolución de la ya recibida una y otra vez en mérito -no a los esfuerzos e inversión productiva de ese sector- sino de las depredadoras políticas neoliberales que, a la par, de achicar la torta agrandaban descomunalmente su porción.

 No se puede pedir permiso ni confiarse a la filantropía empresaria

La conducta observada por la clase empresarial, muy especialmente por los grupos concentrados “multinegocios” con origen o terminales en el exterior, sigue evidenciado ser más proclive a resguardar en guaridas -para ellos “paraísos”- fiscales el fruto del trabajo argentino o a deslocalizar sus actividades tentados por mayores rentabilidades y menores controles, que a reinvertirlo en nuestro país.

Ni siquiera a hacer esas inversiones cumpliendo en parte las obligaciones asumidas, como es el caso de las concesionarias de servicios públicos que multiplicaron por miles las tarifas y no mejoraron en nada sus prestaciones como tampoco su infraestructura en décadas.

Una etapa tan extraordinaria como la que se vive en Argentina desde marzo de 2020, no ha conmovido los cimientos de esa concepción de los ganadores de siempre, ni ha provocado fisuras en los rostros pétreos de sus mandaderos que siguen reclamando que los esfuerzos del Estado se ordenen, prioritariamente, para consolidar sus privilegios. Demandas, que canalizan en el acceso fluido a despachos oficiales condicionando su disposición al diálogo, a través de prácticas lobistas y campañas mediáticas, o buscando el “amparo” de sus seguros servidores judiciales.

Sólo en la medida que se intervenga decididamente desde el Estado con políticas, soberanas, que alteren la cristalización de una inequitativa distribución de la renta nacional;  se transforme el drenaje de capitales hacia el exterior en desarrollo industrial, con el auxilio de la inversión en  ciencia y tecnología, que en conjunto permitan una ampliación del mercado interno y el ingreso de divisas por exportaciones con mayor valor agregado, resguardando las cuotas necesarias para abastecer a los consumidores locales; resultará factible aspirar a un país más justo, más solidario y, por sobre todo, con posibilidades de erradicar tanta desigualdad social que es una afrenta para toda persona de bien

El Peronismo llegó y se hizo carne en el Pueblo, no por anunciar un futuro promisorio a largo plazo, que -según una célebre frase- nos encontrará a todos muertos, ni por prometer -más allá de la comunión que pueda atribuírsele con la fe cristiana- otra vida plena de placeres que compense los sacrificios de nuestro paso por la Tierra, ni tampoco por augurar a los más humildes que de ellos será un reino celestial que los ricos muy difícilmente alcanzarán y , en base a esa ilusión, resignarse a soportar las peores injusticias en el presente,

No, fue el Peronismo el que sostuvo que mejor que prometer es realizar y completó esa concepción política de gestión indicando que mejor que decir es hacer; actuando en consecuencia, buscando asegurar la felicidad del pueblo de inmediato o, a lo sumo, en el corto plazo con más y mejor trabajo, sustentado en la recuperación de los resortes básicos de la Economía. Y vaya si lo logró, en cada ocasión en que gobernó sujeto a sus principios fundantes.

Esa visión trasladada a nuestros días no es utópica ni prescindente de las relaciones de poder en que se desenvuelve el Gobierno nacional, como tampoco propone un realizar y un hacer, virtuoso para las mayorías, simultáneo en todos los frentes. Pero sí plantea, que sin arriesgar para transformar verdaderamente las estructuras de la dependencia y las bases de una injusticia social intolerable que se pretende instalar definitivamente, no sólo se perderá apoyo popular y gobernanza, sino una nueva oportunidad de revalidarse como Movimiento Nacional y único capaz de romper las cadenas que siguen sometiendo el destino de las y los argentinos, y de la Patria toda.

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.

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