El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, emitió un dictamen en “defensa del aporte solidario de los trabajadores no afiliados a las organizaciones sindicales”. “Tras los continuos ataques del gobierno nacional a las asociaciones sindicales pretendiendo la eliminación de dicho aporte, este dictamen de la Provincia de Buenos Aires marca una clara acción defensiva hacia las asociaciones gremiales de trabajadoras y trabajadores”, destacaron desde la cartera.
Para la cartera laboral, corresponde reafirmar la “intangibilidad y la ausencia de injerencia de la parte empleadora” en la determinación del aporte solidario. Se debe respetar “la naturaleza” del mismo “en relación con la cuota sindical”.
Desde el ministerio dejaron en claro que “se trata de un instituto propio de la autonomía colectiva, cuya definición y eventual modificación compete exclusivamente a las asociaciones sindicales en el marco de la negociación paritaria, sin que la empleadora pueda interferir o condicionar su alcance”.
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En este sentido, “cualquier intento de intervención por parte del empleador implicaría una práctica desleal dada la intromisión indebida en la vida interna de la organización sindical, vulnerando principios básicos del derecho colectivo del trabajo”.
Asimismo, Walter Correa destacó que el aporte solidario, fijado en un 50% de la cuota sindical, “no resulta desproporcionado”, manteniéndose dentro de parámetros razonables y en conformidad con el marco legal vigente.
El Gobierno benefició al juez que falló a favor de la Reforma Laboral
El gobierno de Javier Milei busca premiar con cinco años más en el cargo Víctor Pesino, el juez de la Cámara del Trabajo que este último jueves validó la reforma laboral sancionada por el Congreso en febrero pasado.Así lo hizo el Ministerio de Justicia al recomendar al Senado la continuidad en su cargo de Pesino, vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, en cumplimiento de lo previsto para los jueces que alcanzan los 75 años y desean ser nuevamente designados.
En este sentido, la Constitución Nacional establece que, una vez cumplidos los 75 años, los jueces federales y nacionales necesitan un nuevo nombramiento para continuar en funciones por otros cinco años, mediante el mismo mecanismo previsto para su designación original: propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado.
Por eso, el Ministerio de Justicia informó oficialmente que Pesino solicitó ser mantenido en sus cargo y activó la etapa protocolar de publicidad y participación ciudadana previa a una eventual decisión del Poder Ejecutivo. La convocatoria también alcanza a Leopoldo Jorge Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan.
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