La Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que el ciclo lectivo 2026 no comenzará a menos que el presidente Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
"Si no pagan lo que marca la ley no empiezan las clases", señalaron desde AGD - UBA en un comunicado, en el que explicaron que "el Gobierno tiene que aplicar la Ley de Financiamiento Universitario". "Una cautelar obliga al gobierno de Milei a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Que pague inmediatamente el 46% que nos adeuda", agregaron.
En diálogo con El Destape, Antonio Rosselló, docente y miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica, opinó: "El gobierno inmediatamente debe acatar la resolución judicial y tendría que pagar un incremento salarial a los trabajadores docentes y no docentes de un 46%, así como por el artículo sexto incrementar el presupuesto de las universidades nacionales, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento".
"Este es un golpe más para el gobierno. Pero nosotros tenemos nuestras dudas que el gobierno lo aplique, no solo por la vía de la apelación hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, sino porque en este momento, de acuerdo a lo dictaminado por el juez federal de Campana, el gobierno no aplica la Ley de Emergencia en Discapacidad", siguió Rosselló. "Al Gobierno no le interesa ni la división de poderes, ya que cuatro veces consecutivas la Cámara de Diputados ha votado esta ley: la primera vez el año pasado, que tuvo un veto; la segunda vez este año, que tuvo un veto; la tercera vez cuando hizo desistir al gobierno del veto, y la cuarta vez ahora con la discusión del Presupuesto, donde derogó el capítulo 11", añadió.
Ordenan que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
Más temprano este martes, a Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y le ordenó al Gobierno cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, declaró "inaplicable" el decreto 759/2025 con el que Javier Milei había suspendido la norma bajo el argumento de que no se especificaban los recursos.
El magistrado consideró que el decreto presidencial supone una "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" que lesiona derechos constitucionales a la educación y a la autonomía institucional, desestimando la excusa fiscal al citar que el impacto de la medida es de apenas un 0,23% del PBI según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
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