Acorralado por el escándalo que rodea su patrimonio y sus inconsistentes declaraciones, Manuel Adorni se convirtió en el enviado del gobierno de Javier Milei para anunciar un cambio esperado para las personas con discapacidad, uno de los sectores más golpeados por el ajuste desde el comienzo de su gestión. El Jefe de Gabinete comunicó este viernes con bombos y platillos que ahora podrían viajar de manera gratuita en el transporte público solo con la tarjeta SUBE, sin la necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad. La medida no está relacionada, sin embargo, con un acto espontáneo de bondad. Es en respuesta al cumplimiento de una condena de la Justicia al Estado.
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"El Gobierno no puede desconocer que existe un juicio, dos instancias y que se está a la espera de la resolución de la Corte Suprema, que ya la giró a distintas vocalías", explicó a El Destape la abogada Varina Suleiman. En este caso, la medida del Gobierno para mostrarse sensible a los reclamos de las personas con discapacidad responde a la denuncia que había presentado su patrocinado Gerardo Arias, en 2019, un caso en el que también trabajaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires en el marco de sus prácticas profesionales del consultorio jurídico antes de terminar la carrera.
Adorni estaba al tanto de la condena contra el Estado en dos instancias por discriminación y hay documentos judiciales que lo prueban. La gratuidad de los boletos en transporte público para las personas con discapacidad no la implementó este Gobierno. Lo que está en discusión en este proceso judicial son las situaciones a las que están expuestas las personas con discapacidad cada vez que, en vez de apoyar la SUBE, muestran el CUD. Esa mirada estigmatizante que el mismo Adorni fomentaba cuando mostraba radiografías falsas de perros para construir una imagen "aprovechadora" del colectivo. "Lo que quieren es evitar esa fricción. Mucha gente, que se siente con derecho a decirles cualquier cosa, comentan que son oportunistas cuando ven que quizás no tienen un rasgo notorio de discapacidad", puntualizó Suleiman.
El reclamo también apuntaba a las dificultades adicionales que enfrentan las personas con discapacidad al realizar trámites ante el Seguro. Algo tan simple como el registro del viaje en la SUBE en casos de accidentes. "Ellos no tienen esa constancia y tienen que acudir a testigos", sumó la abogada y docente de la UBA. Son situaciones que sólo las personas con discapacidad atraviesan, como cuando necesitan la intervención de un tercero en los molinetes del subte o del tren para poder tomar el transporte. El CUD no lo procesa el lector.
Por todo esto Arias se presentó a la Justicia en 2019. En ese momento, Milei estaba muy lejos de la Casa Rosada; pero el proceso judicial siguió su curso y ahora es su Gobierno el que tiene que adecuar el sistema. El 9 de abril de este año, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti solicitaron al Gobierno de Milei un informe que demostrara las acciones que llevó adelante el Estado para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad a la SUBE, dado que en dos instancias judiciales se verificó que se estaba obstaculizando el ejercicio en igualdad de condiciones de sus derechos.
De hecho, la Secretaría de Transporte respondió a ese pedido el 15 de abril, hace 58 días. Y el 21 de abril, la misma Directora Nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema único de Boleto Electrónico (SUBE), María Agustina Gantuz, avisó al máximo tribunal que estaban "en curso acciones tendientes a la implementación de un mecanismo específico de acceso al beneficio de gratuidad previsto en el artículo 22 de la Ley N° 22.431 a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.)".
Lo que importa es el contexto. Adorni escribió en sus redes justo hoy, con las esquirlas todavía pasándole por el costado por su extraña Declaración Jurada, que el trámite por vinculación se podría realizar a través de la web de SUBE a partir del próximo viernes de 19 de junio. "La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país", completó su mensaje, en el que nunca aclaró que la decisión responde a un expediente judicial que llegó hasta el máximo tribunal. Ese detallé lo omitió. Lo quiso presentar como un acto de generosidad.
"No es una idea mágica. Acá hay gente que por voluntad y convicción trabajó mucho en esto, con una universidad que cumple una función social para que sea real el acceso a la Justicia con defensa de calidad, remarcó al destacar el rol de los estudiantes que, desde 2019, participaron de la demanda judicial a través del consultorio jurídico. “Él es el jefe de Gabinete. No puede no saber que existe un juicio, que hubo dos instancias que fallaron en contra del Estado y que el expediente está a la espera de una resolución de la Corte Suprema. Lo sabe”, concluyó.
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