La semana que viene, la Cámara de Diputados podría votar su adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo multilateral firmado en 1970 al que el país hasta ahora no se había sumado por considerar que va en contra del bien público. La decisión, que llega empujada por las exigencias del Acuerdo Recíproco de Comercio con EE.UU. (ARTI), podría transformar de manera crucial el acceso a los medicamentos en el país, disparar los precios y poner en jaque a la industria farmacéutica nacional de genéricos y biosimilares.
Lorena Di Giano, directora de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP, organización fundada en 2006 con el objetivo de mejorar el acceso a la salud de toda la población) e integrante de la Mesa Multisectorial "NO al Acuerdo Argentina-EEUU (ARTI)”, que está promoviendo la campaña “Un escudo para tu salud”, lleva años trabajando en defensa del acceso público a los medicamentos y alerta sobre las devastadoras consecuencias que podría tener, en este contexto, una aprobación del PCT por parte de Diputados. "La situación es muy, muy grave", subraya con amargura.
De qué se trata
El PCT es un mecanismo que le permite a quien solicita una patente hacer una única presentación ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, designando todos los países en los que quiere proteger su invención sin necesidad de traducir los documentos ni presentarse ante cada oficina nacional, explica Di Giano. Dicho así, parece excelente, pero a poco de analizar sus consecuencias concretas, los especialistas advierten que no es tan así. El primer resultado práctico se traduce en una avalancha de solicitudes que las oficinas de patentes locales (nacionales) se ven obligadas a procesar, con recursos limitadísimos.
"Lo que permite el PCT es que el solicitante de una patente haga una única presentación ante la OMPI y designe los países en los que quiere patentar sin necesidad ni de traducir las solicitudes. La solicitud llega directamente al país, con lo cual esto trae una proliferación increíble de patentamientos –destaca Di Giano, y agrega que el problema se agrava cuando se cruza con la realidad institucional–: La oficina local tiene apenas un puñado de examinadores. ¿Qué van a hacer si les cae una avalancha de solicitudes? Van a terminar haciendo lo que les dicen desde Ginebra, como ya hacen algunos países, que ni evalúan. Aunque adherir al PCT no implica que una patente concedida en otro país tenga automáticamente validez en Argentina (lo que se internacionaliza es el procedimiento inicial de solicitud, no la concesión automática del derecho) en la práctica opera como una validación técnica que condiciona fuertemente las decisiones de la Oficina de Patentes (INPI)”.
La Argentina nunca adhirió al PCT precisamente porque sus condiciones favorecen a las economías exportadoras de tecnología, algo en lo que nuestro país no descolla y nunca lo hará si se destruye su sistema científico-tecnológico, como está sucediendo.
“En los últimos 50 años se consideró que no nos beneficia, porque está hecho a medida de las empresas multinacionales en todas las áreas de la tecnología", subraya Di Giano. Ahora, el ARTI, que en el ámbito de la salud impone cláusulas de propiedad intelectual extremas (“ADPIC-Plus") nos impone esa adhesión como condición para que rija el acuerdo.
A la batalla con un tenedor
No menos importante es que el ingreso al PCT llegaría en el peor momento posible, porque ocurre de manera simultánea con otro retroceso igualmente significativo: la derogación de las Guías de Patentabilidad de 2012, un conjunto de criterios técnicos que permitían a los examinadores argentinos distinguir las innovaciones genuinas de las maniobras corporativas para extender artificialmente los monopolios farmacéuticos. La práctica es conocida como evergreening.
"Según nuestras guías, meros cambios o desarrollos incrementales sobre algo que ya existe no eran patentables. Ese manual de procedimiento era tajante y considerado excelente por universidades europeas y también de los Estados Unidos", destaca Di Giano. Tras catorce años de litigio, la Justicia ratificó su validez en octubre de 2025. Sin embargo, el Poder Ejecutivo las derogó por decreto (Resolución Conjunta 1/2026) antes de que el fallo quedara firme.
"Estuvimos 14 años litigando y ganamos en primera instancia. El expediente estaba en la Cámara y cuando aparece el acuerdo con Estados Unidos, sacan la resolución conjunta y derogan las guías de patentabilidad", opina Di Giano.
Las consecuencias no son abstractas. Di Giano menciona casos concretos que ilustran lo que está en riesgo. El Pembrolizumab, medicamento oncológico empleado en varios tipos de cáncer, es fabricado en la Argentina por el laboratorio nacional Elea a un costo cuatro veces menor que el precio de la versión de la multinacional.
"En la Argentina, por las guías de patentabilidad, no se podía patentar. Ahora hay cuatro solicitudes pendientes –explica la abogada–. Con el cambio de las reglas del juego, esas solicitudes podrían ser otorgadas. Entonces la producción local, con mejor precio, y que también se está exportando a países de la región y a África, va a tener que sacarla del mercado. Y hasta podría tener que indemnizar a la empresa multinacional", advierte.
El caso del Sofosbuvir, la droga que cura la Hepatitis C, es otro ejemplo. Cuando se lanzó en los Estados Unidos en 2015, su precio fue de 84.000 dólares. En la Argentina, laboratorios locales lo producen por una fracción de ese valor. "Con este cambio, si le hacen una mínima modificación, podrían patentarlo", señala Di Giano. Una tabla comparativa elaborada por la Fundación GEP muestra que el tratamiento genérico local de doce semanas cuesta 199 dólares, frente a un costo de producción real de apenas 62 dólares, según datos de la Universidad de Liverpool, Médicos sin Fronteras y el propio Ministerio de Salud de la Nación.
El impacto fiscal también es concreto y mensurable: según datos del sector industrial, los ahorros anuales derivados de la producción nacional de medicamentos biosimilares y de alta complejidad ascienden a 2089 millones de dólares. Solo las oposiciones presentadas por la Fundación GEP contra solicitudes de patentes de cuatro medicamentos implicaron un ahorro cercano a los 630 millones de dólares en la última década.
Aduanas que ejercen justicia
El ARTI suma otros dos mecanismos preocupantes. Por un lado, impone cinco años de exclusividad sobre los datos de ensayos clínicos para corporaciones estadounidenses, lo que impide que los fabricantes de genéricos usen esa evidencia para registrar sus productos, creando monopolios aunque las patentes ya hayan vencido. "Si esto se aprueba, ellos van a tener exclusividad y entonces nadie va a poder registrar un genérico aunque no tenga patente", advierte Di Giano, que llama la atención además sobre una dimensión ética: "Las personas ofrecen sus cuerpos para probar medicamentos, de modo que esa información no es solamente de quien hizo el estudio".
Por otro lado, el acuerdo otorga a las autoridades aduaneras la facultad de confiscar medicamentos genéricos ante la sola sospecha de infracción de patentes, sin intervención judicial. "Las aduanas pueden confiscar y hasta destruir un lote incluso en países de tránsito. Ya pasó: medicamentos que venían desde la India hacia América Latina, comprados a través de la OPS, pasaron por Países Bajos, los confiscaron y los destruyeron. Eran genéricos destinados a Venezuela", recuerda Di Giano.
Para Hernán Charreau, especialista en innovación, y consultor en Tecnología y Propiedad Intelectual, “El PCT simplifica el patentamiento en todo el mundo y permite una organización de los expedientes, transparencia, etcétera. Pero obviamente, va a dar lugar a más presentaciones. En esto, como en muchas otras cosas, es fundamental la intervención del Estado –explica–. En Europa, una vez que se cae la patente, el gobierno va a las universidades y a los colegios farmacéuticos, y les piden que fabriquen y pongan un precio de referencia, hay observatorios para garantizar el acceso. Entonces, si no se puede acceder al original, siempre tenés el genérico. Hay que tener en cuenta que el reforzamiento de la propiedad intelectual no significa que bajen los precios”.
De acuerdo con este especialista, entrar al PCT tiene pros y contras. Otro de los beneficios que se mencionan son que otorga más tiempo para patentar en el exterior, lo que daría más margen para internacionalizar desarrollos locales.“Pero sin duda no se puede ir a la guerra con un tenedor –ironiza–. Para mí hacen falta organismos independientes fuertes que estudien las patentes para que no se liberen sin un examen detallado. Si, como pasa hoy en la Argentina, en la oficina que se ocupa de eso tenés cada vez menos evaluadores, tan mal pagos que están pidiendo trabajo en LinkedIn… no va andar. Por otro lado, aunque es cierto que el PCT simplifica el trámite para patentar, ¿de qué te sirve firmarlo si después no podés ir a litigar para defender la patente por los costos exorbitantes que tiene hacerlo en países centrales? Una pyme no podría hacerlo… Si querés estar ‘en primera’, tenés que jugar en el estadio, con el césped perfecto… Hay argumentos a favor y en contra, y hay que considerarlos con mucho cuidado. Para mí, si se firma, y en particular en el caso de los medicamentos, es imprescindible contar con organismos autárquicos que aseguren el acceso”.
El Diputado Esteban Paulón es aún más taxativo: “La política del gobierno nacional en relación con las patentes de medicamentos es un golpe a la soberanía sanitaria del país –afirma–. La combinación del tratado de libre comercio, el PCT que ya cuenta con media sanción del Senado, y la derogación de las guías de patentabilidad van en dirección a una apertura y desregulación que hará inaccesibles algunos medicamentos de alto costo, y el acceso de las y los pacientes a las mejores y más avanzadas tecnologías para la salud”.
Una bomba de tiempo para el próximo gobierno
Di Giano advierte que los efectos más devastadores de estas medidas no se sentirán de inmediato, sino que irán acumulándose en el mediano plazo. "Esto es una bomba de tiempo porque los efectos tardarán alrededor de dos años en verse, que es lo que demora desde que entran las solicitudes, se examinan y se otorgan. El problema quedará para el próximo gobierno. Esto podría hacer que existan medicamentos que no podrá comprar nadie, ni las familias, ni el sistema público ni las obras sociales", sostiene.
Así las cosas, la votación en Diputados se da en un escenario en el que el desmantelamiento de las protecciones avanza en varios frentes simultáneos: el PCT en el Congreso, las Guías de Patentabilidad derogadas por decreto y el ARTI, todavía sin traducción al español ni tratamiento parlamentario formal. “Este acuerdo fue firmado por el Ejecutivo, pero todavía está en inglés y no fue tratado por el Congreso, como debe suceder con cualquier tratado internacional, de modo que todavía no está vigente", aclara la especialista Di Giano.
Para las organizaciones agrupadas en "Un Escudo para la Salud", la discusión sobre estas medidas no solo plantean un debate teórico sobre propiedad intelectual, sino una decisión sobre quién podrá acceder a los medicamentos en la Argentina de aquí en más… y a qué precio.
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