La abogada e influencer argentina Agostina Páez, quien se encuentra retenida en Brasil enfrentando cargos por injuria racial, vivió un nuevo episodio de tensión que la obligó a abandonar abruptamente el departamento donde residía en Río de Janeiro. La joven, visiblemente aterrada, le confesó a su padre: "Me quieren matar aquí", luego de que tres individuos ingresaran a su vivienda.
El incidente ocurre mientras la Justicia brasileña le exige la instalación de una tobillera electrónica en un plazo perentorio de cinco días para evitar que intente abandonar el país.
Según informó el diario O Globo, Páez aún no cumplió con la medida de control impuesta. El detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, confirmó que la investigación por el presunto delito de injuria racial se encuentra en su tramo final y que las pruebas serán remitidas al Ministerio Público esta misma semana. Además, se aguardan nuevas declaraciones de la presunta víctima y de testigos directos del hecho originario.
El allanamiento que desató el pánico y la huida
El nuevo sobresalto ocurrió cuando Páez regresaba a su departamento cerca de las 15 horas. Según relató su abogado, Sebastián Robles, al medio El Liberal, tres personas ingresaron sorpresivamente al lugar. Los intrusos afirmaron ser policías, pero la situación "todo resultaba confuso", generando un clima de gran intimidación.
Tras este episodio, los encargados del edificio aconsejaron directamente a la abogada argentina que se marchara del lugar por su propia seguridad. Su padre, Mariano Páez, describió el estado de su hija: "La pobre está aterrada. 'Papi, me quieren matar aquí', me dijo recién". Este evento incrementó la inquietud extrema en la familia, que ahora evalúa viajar a Brasil de manera inmediata para acompañarla, ante el agravamiento de su estado de ánimo y las amenazas recibidas.
Los cargos, la estricta medida judicial y la estrategia de defensa
La complicada situación legal de Páez comenzó tras una discusión en un boliche de la zona sur de Río de Janeiro, el 14 de enero pasado. Una revisión de las cámaras de seguridad del local habría mostrado a la joven realizando gestos y sonidos comparables a los de un mono y utilizando un término de manera discriminatoria, lo que motivó la acusación formal. En Brasil, el delito de injuria racial está equiparado al racismo, con penas que oscilan entre dos y cinco años de prisión y que no admiten el beneficio de la excarcelación bajo fianza.
Frente a esto, el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de la capital carioca, ordenó la colocación de una tobillera electrónica como medida cautelar. Su abogado, Sebastián Robles, consideró la restricción como "muy severa" y anunció la inminente presentación de un recurso de habeas corpus. El objetivo es lograr que Páez pueda retornar a Argentina, argumentando que permanece "casi detenida en circunstancias adversas y confusas".
Robles cuestionó la base de la investigación, sosteniendo que se trata de "una investigación en la cual todavía no hay un hecho determinado". Por ello, la defensa solicitará el secuestro de los videos del incidente para un análisis integral, insistiendo en que "el contexto es diferente" al que se presenta. Aseguró que la estrategia no busca "obstaculizar el proceso", sino seguir los "cauces judiciales" para encontrar una resolución que le permita regresar con su familia.
La abogada ya fue recibida por funcionarios del consulado argentino en Río de Janeiro, quienes le ofrecieron asistencia legal, pero aclararon que no intervendrán en el procedimiento judicial. La defensa cuenta también con el respaldo de un estudio jurídico argentino con residencia en Brasil. Mientras tanto, Agostina Páez no se encuentra incomunicada y conserva su Documento Nacional de Identidad, a la espera de los próximos y cruciales pasos en un proceso que podría definir su futuro.
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