Esta semana el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encargó de difundir un video en el que efectivos policiales detienen a dos hombres, oriundos de Villa Fiorito, que revisaban contenedores de basura; los pusieron contra la pared, les preguntan de dónde son, y les advierten que "eso no se hace más en la ciudad". La maniobra de amedrentamiento fue comunicada por el jefe de la ciudad, Jorge Macri, y la vocera, Laura Alonso.
La situación fue de la mano con lo que horas más tarde aseguró el presidente de la Nación, Javier Milei, en un evento de la Fundación Faro en Puerto Madero: "Si no llegaran a fin de mes, la calle estaría llena de cadáveres". Entre el ida y vuelta de ambos mandatarios hay miles de personas que revuelven la basura diariamente para conseguir comida o algo para revender en la feria y poner un plato de comida en la mesa de sus familias. La banalización y criminalización de la pobreza no es novedad, pero la advertencia de una multa casi millonaria (se habla de hasta $900 mil pesos) o la cárcel, trasluce la poca imaginación para darle solución a un problema que tiene ya demasiados años.
"Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente", informó Macri en su cuenta personal de X, declaración compartida y ampliada por la vocera Alonso, que advirtió: "Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien. La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro. Se terminó la impunidad para los 'recicladores'. El que ensucia, limpia o paga".
Marcos Cataneo es delegado de un grupo de cartoneros de Fiorito, que trabajan en Capital Federal. Además del serio problema que se generó cuando el Gobierno de la Ciudad finalizó el sistema de traslado diario de cartoneros desde la Provincia de Buenos Aires hacia la ciudad, ahora está la nueva amenaza. “Nos van a multar con $900 mil pesos. ¿De dónde vamos a sacar esta plata? Primero comenzaron con los carros, y hay mucha gente mayor que necesita ese carro porque está con la espalda lastimada”, lamenta en diálogo con El Destape.
Además, aseguró que había mucha gente que iba con un cuchillo y un ganchito para poder abrir las cajas y sacar las bolsas, pero que hoy “si te ven con eso te hacen un acta y después de la tercera te llevan preso”, remarca y asegura que “las medidas siempre son contra el que menos tiene, este gobierno solamente tira para los ricos”. Marcos advirtió: “Yo siento que nos quieren hacer desaparecer. Vamos a tener que salir a la calle, vamos a tener que seguir luchando. Tengo mi hijo, mi señora, mi madre, hago algunas changas pero mi principal ingreso es este”.
"¿Qué quieren, que salgamos a robar?"
Joel es cartonero y vive en Fiorito, igual que los pibes detenidos. Tiene a su mujer, una hija, y una pregunta incómoda que siempre le rebota en la cabeza: “¿Qué quieren, que salgamos a robar?”. En esta línea, asegura que “hoy la calle está peor que antes; con los tachos que pusieron no se puede revisar, no se puede sacar nada, uno va a pedir cartones a Farmacity o Carrefour y dicen que no pueden dar porque lo tienen que dejar en el camión del Gobierno”.
El trabajo como cartonero le deja por quincena $95 mil pesos aproximadamente, sale a la mañana y vuelve a la noche. A eso se le suma una ayuda social, pero solo de $78 mil pesos más, “que se compra pan, carne y chau”, lamenta. “Se come al día con lo que se hace en los contenedores, no sé qué quieren, no dejan trabajar, la policía me sacó dos carros, perdí bolsones”, relata sobre el hostigamiento en la calle.
“Son varias horas y somos trabajadores como todos”, remarca Joel, y advierte que no sabe qué hacer si “el Gobierno saca los bolsones, los carros, los tachos, nos a llevar en cana, y encima quieren hacer una multa si ven revisando, cómo va a pagar la gente eso si no tiene, viene a rebuscarse acá”.
De igual forma, hace 21 años que Mariela es cartonera y también de Fiorito, y pudo gracias a ese trabajo formarse y realizar cursos para mejorar su ingreso. Es manicura, depiladora, maquilladora, además estudia actualmente podología, todo gracias a su trabajo de recuperadora urbana, como aclara que se debe llamar. Está casada y su marido también trabaja de lo mismo. Asegura que muchos de sus compañeros no sólo viven del cartón, sino que muchos trabajan en la feria, donde se revende lo que encuentran en la calle y así refuerzan el ingreso tan necesario.
Mariela aclara que no se hace mugre en las calles porque sí, sino que forma parte del reciclado, porque la ropa se recicla, los electrodomésticos igual, todo se puede revender. "Nosotros tenemos ahora una planta en barracas, teníamos aportes, obra social, era un trabajo digno", asegura. Si bien se considera apolítica, remarca que ve cómo la situación empeora cada vez más: "Ahora hay muchísima gente más cartoneando en la calle, pidiendo para comer, hay personas mayores pidiendo en todos lados y es porque no hay guita, te parte el alma".
El escenario, se podría decir, es una marca de época entre la crueldad con aquellos que menos tienen y la preocupante desconexión que hay para generar políticas públicas que mejoren la realidad social. Además, se revela una mirada clasista hacia el trabajador informal, que pone día a día su cuerpo en riesgo para integrar el sistema de forma honesta y honrada. Lo que queda claro en los testimonios es que el Estado debería ser garante de derechos, en lugar de ser cómplice del abandono. La pregunta entonces es cuándo el país acompañará a los más pobres, y dejará de producir hambre.
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