Policías pertrechados como para combate, puertas que se abren a patadas, enseres de uso cotidiano que se tiran a la calle, familias que pierden su vivienda detrás de una pared que se levanta de inmediato para evitar cualquier ingreso, incluso uno que permita constatar si el peligro de derrumbe al que alude tanta celeridad es real o admite arreglos. Esta modalidad de desalojar familias de inmuebles ocupados -porque antes estuvieron ociosos o las herencias quedaron vacantes- y de pensiones en las que habitan personas vulnerables económicamente es la que le permite al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, contar desalojos como un triunfo, promocionarse en tik tok con su lema “Ley y Orden” y convertir en un asunto de Seguridad lo que debería corresponder a políticas de vivienda, o directamente al Instituto Nacional de la Vivienda, desde donde, off the record, ya dijeron que no tenían ninguna injerencia en esta modalidad.
Inés Zaratonello y su pareja fueron desalojadas el 22 de enero con este método que no implica orden judicial sino sencillamente la intervención de la Guardia de Auxilio y Emergencia que decreta la clausura y de la Policía de la Ciudad que la efectiviza. Jorge Macri dio cuenta de este operativo, el 565 según su conteo, y lo promocionó como: “Propiedad Recuperada y Devolución en Buenos Aires. Descubre cómo la propiedad recuperada número 565 fue devuelta a sus dueños, marcando un cambio en la política de propiedad. #GCBA #BuenosAires #CABA #Seguridad”. Así decía el texto que acompañó su intervención en Tik Tok y en la red X. En el apuro se obvió que Inés y su pareja tenía título de propiedad de su vivienda, igual que otras seis familias del mismo inmueble. A estos dueños todavía no se les devolvió su propiedad.
Consultado el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires sobre cuál es la mecánica de estos desalojos, dado que la Guardia de Auxilio y Emergencia esta dentro de esa área, la respuesta fue concreta: “El tema desalojos lo maneja directamente jefatura de gobierno de CABA. Quien está a cargo de los operativos es gobierno”, aseguró el responsable de prensa del ministro de Seguridad Horacio Giménez. En gobierno nadie respondió, ni el equipo de prensa, ni la subsecretaria de Prensa y Medios de Jorge Macri, Carolina Bartel. La información sobre la acción de gobierno en este sentido, entonces, puede encontrarse en las redes sociales del jefe de Gobierno.
“El desalojo fue muy violento, nos trataron como si fuéramos delincuentes, no sabíamos tampoco que teníamos que irnos -si el peligro era tan grande- por lo que no pudimos preparar nuestras cosas. Sacamos lo que pudimos y se lo llevaron a un depósito donde nos lo devolvieron con rayas, cajones perdidos, roturas de todo tipo”. Adentro quedaron electrodomésticos que no se pudieron sacar como aires acondicionados. La puerta y las ventanas a la calle se tapiaron en el mismo momento. “Los ladrillos estaban en la vereda desde antes que llegara la policía”, recuerda Inés que tuvo la fortuna de poder mudarse con su mamá, aunque allí no tiene lugar para trabajar, por lo que el despojo es doble.
Eva Reinoso es parte de la Coordinadora contra los desalojos y por el derecho a la vivienda, un espacio en el que convergen vecinos y vecinas, personas que ya fueron desalojadas o se sienten en riesgo, organizaciones sociales y políticas; también legisladores y legisladoras de la Ciudad. “El método de tapiar rápido es porque saben que no están en regla, entonces lo tienen que hacer así ‘exprés’, muchas veces no les alcanzan los camiones para sacar las cosas y les quedan adentro. En Paseo Colón al 500, desalojaron a 40 familias hace 6 meses y dejaron hasta los perros y los gatos adentro del lugar tapiado”, cuenta Eva que, como parte de la Coordinadora aprendió a ver algunos patrones para los desalojos, como esperar que niños y niñas estén en la escuela y la mayoría de los habitantes en sus trabajos, la mayoría informales. “Las familias se quedaron en la vereda, viendo que hacer pero la policía los corrió, fueron a la isla del Metrobus, también los corrieron, y así hasta que no se les vio más desde la Avenida”, agrega Reinoso.
El Gobierno de la Ciudad, a través de su área de Desarrollo Social, ofrece a las familias desalojadas acceso a paradores -donde la mayoría de las veces no se admiten niñes ni las familias pueden permanecer juntas por las separaciones por género- y hoteles subsidiados por la Ciudad, donde tampoco son bienvenidas las infancias; muchísimo menos sus animales de compañía. Ser pobre pareciera que tiene precio: 166 mil pesos por mes para un núcleo habitacional de una o dos personas y un tope de 227 mil para familias de más integrantes, con lo que deberán pagar esos lugares de hacinamiento. Hasta ahí llega la responsabilidad del GCBA.
Una política de limpieza social
En el mes de febrero, en una de sus habituales reuniones con vecinos y vecinas de las comunas, Jorge Macri anunció que no iba a seguir construyendo “viviendas nuevas para regalarlas a las villas” y que ya era hora de pensar en “la clase media que paga el alquiler y a la que nunca se ayudó”. Por supuesto, hubo aplaudidores para esos dichos, aunque el sitio Chequeado salió de inmediato a desmenuzar esa mentira que en 26 segundos ocultó que la urbanización de los barrios populares es una política pública que atravesó varios gobiernos, que no fueron nunca gratuitas sino con diversas opciones de planes de pago y que, por otro lado, la clase media sí tuvo acceso a planes de vivienda a lo largo de los años, también en los gobiernos del PRO .
Esa agresividad que despliega el jefe de Gobierno de CABA es una manera más de alinearse tanto al gobierno nacional como para volverse indistinguible. Si el presidente habla de “argentino de bien”, Macri distingue a los “porteños de bien”. Si la ex PRO, Patricia Bullrich se jacta(ba) de mostrar fuerzas de seguridad con pertrechos casi de guerra, en los videos del jefe de Gobierno sobran los cascos https://x.com/jorgemacri/status/2037264492732486003?s=20 , las armas largas, los operativos “de saturación” que identifican o detienen siempre a personas pobres y racializadas sin que se explique por qué. Aunque, en su adelantada interna con Bullrich por el gobierno de la Ciudad, ahora es el guión de Alejandra Monteoliva el que sigue Jorge Macri con ese extranjerizado lenguaje de serie policial: “Ley y orden”.
“La verdad es que es bastante impactante que un jefe de gobierno en lugar de enorgullecerse por dar soluciones habitacionales, como haría cualquier estadista, se enorgullezca de dejar a cientos de familias y miles de niñas y niños en situación de calle”, reflexiona María Eva Koutsovitis, del Observatorio Derecho a la Ciudad, que en su carácter de ingeniera y junto con diversas organizaciones de la Coordinadora contra los Desalojos, logró frenar la clausura del Hotel Zaldivia el 14 de marzo pasado, en San Telmo, al constatar que no existía tal riesgo de derrumbe como el que alegaba gobierno de la ciudad y presentar un amparo judicial de manera inmediata. “La impunidad es total, hemos visto desalojos por riesgo de derrumbe en una segunda planta cuando dejaban a la planta baja intacta, y hemos visto cómo hacen las clausuras sin pruebas de que haya riesgo. Básicamente lo que ha instalado como eje de gestión en la Ciudad es la limpieza social” como único activo.
El Ministerio Público de la Defensa, por su parte, presentó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad, que tampoco fue contestado, dada la cantidad de solicitudes de ayuda que se fueron acumulando en las diversas defensorías ligadas a procedimientos y acceso a la vivienda. También en febrero de este año, el MDP acompañó a Erodita Huarcaya Feliz a sus hijos A.M.C.H. y O.R.R.H y a otras treinta y seis familias que habitaban un inmueble en la calle Rivadavia al 8800 que consiguió el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nro 2, Secretaría 4, hiciera lugar a la anulación de lo actuado por la Guardia de Auxilio y Emergencia al expulsar a las familias sin las medidas suficientes para declarar la ruina -como lo indica el artículo 12 de la ley de Procedimientos de la Ciudad- ni tampoco contar con orden judicial. Sin embargo, la preocupación por la falta de respuesta, así como también la constatación de que no ha habido políticas efectivas de vivienda -algo que monitorea el Ministerio Público de la Defensa desde hace dos años, como dijeron a Eldestape- para las personas vulnerables.
Y las pruebas de ese desentendimiento de la suerte de quienes menos tienen está en el presupuesto de este año que destinó menos del 1 por ciento a políticas de vivienda, el gasto más reducido en los últimos catorce años y disminuido en un 22,9 % con respecto al año pasado. Ese ínfimo 0.9 por ciento, es verdad, se destinó a una línea de créditos para vivienda “única y permanente” de no más de 80 metros cuadrados. Para los sectores más populares, queda la expulsión.
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