En la ruca de Derechos Humanos de su comunidad, mientras se ultiman los preparativos para la movilización convocada para este 6 de agosto en la ciudad de Neuquén, Melisa Cabrapan, antropóloga e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, participa de la multisectorial que reúne a comunidades indígenas, organizaciones feministas, sindicatos, universidades, escuelas y organismos de derechos humanos para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma de la Ley de Tierras.
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La presión social, dice, explica que el tratamiento parlamentario se haya postergado en varias oportunidades. Pero nadie baja la guardia. Mientras se multiplican las convocatorias para la jornada de protesta del 6 de agosto en todo el país, Cabrapan Duarte advierte que el debate no se limita a la propiedad de la tierra: pone en juego el control de los territorios donde se concentran el agua, la energía y otros bienes estratégicos, al mismo tiempo que profundiza el despojo de las comunidades indígenas y amenaza también a miles de familias que viven en condiciones precarias en zonas urbanas.
—¿Cómo tomaste y tomaron en la comunidad que el oficialismo haya dado de baja la el capítulo sobre la modificación de la Ley de Tierras Rurales (26.737), lo que se hizo popular como “extranjerización de la tierra?
—Creemos que lo logró la presión popular y eso lo celebramos. Pero no nos quedamos tranquilos porque están en pie los otros tres capítulos:
Primero, el que habla de tarabas a la expropiación de tierras. Este capítulo de expropiación podría impedir, por ejemplo, que se restituya territorio de uso tradicional a las comunidades indígenas, si se les expropia a un privado, situación recurrente en muchas causas que peleamos
Por otro lado, también quedan incorporados los desalojos expréss. -sigue la amenaza latente de desalojos como mecanismo represor, sin ley la ley 26.160 que los prohíba. Y hasta ahora quedó en segundo plano el cambio del destino de uso de la tierra tras incendios: la Patagonia ya se está reventando con las tierras incendiadas. Todo esto nos afecta directamente a los pueblos indígenas,
—Ustedes viven muy cerca de Vaca Muerta. ¿Cómo impacta eso en la vida cotidiana?
—Nuestra zonal de la Confederación Mapuche de Neuquén es Xawvnko, que significa "encuentro de las aguas". Es la zona con mayor presencia histórica de yacimientos. Antes de Vaca Muerta ya era territorio petrolero; después llegó el fracking con la explotación no convencional.
Nosotros no tenemos pozos pegados a nuestras casas, pero vivimos sobre un yacimiento. De hecho, en la ciudad de Neuquén hay un barrio, Valentina Norte Rural, donde hago parte de mi investigación, que convive con un yacimiento activo. Hay dieciocho pozos dentro de un barrio donde viven unas dos mil familias. Esa convivencia entre explotación petrolera y vida cotidiana muestra hasta qué punto el extractivismo ya forma parte del paisaje.
—El Gobierno presenta a Vaca Muerta como el motor económico del país. ¿Qué deja realmente en el territorio?
—Ese es el gran problema: no deja casi nada para quienes viven acá. En la capital neuquina uno puede ver edificios nuevos o algunas obras y pensar que la provincia está creciendo gracias a la renta petrolera. Pero cuando uno recorre Añelo, Rincón de los Sauces o las comunidades donde se extraen el petróleo y el gas, encuentra otra realidad.
Añelo, que es presentado como el corazón de Vaca Muerta, ni siquiera tiene red de gas. Y eso ocurre en una provincia que vive del gas y del petróleo desde hace décadas. El gas llega a Buenos Aires, pero no a quienes viven sobre el territorio del que se extrae.
Con la electricidad pasa algo parecido. Se ven enormes tendidos eléctricos para alimentar la infraestructura petrolera, mientras muchas familias siguen dependiendo de un generador al que hay que cargarle combustible todos los días.
Y con el agua la situación es todavía más grave. En los últimos años el caudal de los ríos se redujo por la crisis climática, pero el agua disponible se destina prioritariamente al fracking. Las grandes mangueras atraviesan los territorios comunitarios para abastecer a los pozos mientras muchas familias no tienen agua potable y dependen de un camión cisterna que, a veces, ni siquiera llega.
Esa es la realidad de los territorios donde se produce la riqueza que después se exhibe como símbolo del desarrollo.
—Es decir que la riqueza no se traduce en mejores condiciones de vida para quienes habitan esos territorios.
—Exactamente. Si realmente hubiera un derrame, lo primero que debería estar garantizado son los servicios básicos. Pero ocurre lo contrario. Hay comunidades sin gas, sin agua potable y con un acceso muy precario a la electricidad.
Eso demuestra que hay vidas que no importan. Nosotros no recibimos los beneficios de Vaca Muerta; recibimos los daños.
La propiedad comunitaria no existe para este proyecto de país
—Recién hablaste de los desalojos como un método de amenaza. Si se vota el último dictamen los convertiría en “sumarísimos”. ¿Qué implicancias tiene para las comunidades mapuche?
—Es muy grave porque nosotros habitamos estos territorios desde antes de la conformación del Estado argentino. Esa preexistencia fue reconocida en la reforma constitucional de 1994 y también en el Convenio 169 de la OIT, que Argentina ratificó. Además, existe un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado avanzar en una ley de propiedad comunitaria indígena para dar seguridad jurídica a nuestros territorios.
Cinco años después de ese fallo, el Estado no solo no avanzó en esa dirección sino que hizo exactamente lo contrario: dejó caer la ley de relevamiento territorial, desmanteló el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y promueve proyectos que fortalecen la propiedad privada mientras desconocen otras formas de relación con la tierra.
—¿Qué cambia entonces con este proyecto?
—Profundiza esa lógica. Para nosotros la tierra no es una mercancía ni una propiedad individual; es un territorio comunitario. Pero este proyecto solo reconoce la propiedad privada y deja completamente desprotegidos los derechos que ya estaban reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Ni siquiera las comunidades que ya tienen relevamientos territoriales pueden sentirse seguras hoy. Todo quedó bajo amenaza porque se desconoce la propiedad comunitaria como figura jurídica. Para garantizar la tenencia habría que aceptar un modelo de propiedad individual, con un propietario, una herencia, un título privado. Y esa no es nuestra forma de entender el territorio.
—¿Por qué rechazan esa idea de propiedad privada?
—Porque es parte de la misma lógica colonial que organizó el despojo. En otros países se entregaron títulos individuales, generalmente a un varón, como si esa fuera la única manera de garantizar derechos. Nosotros no queremos eso. No queremos cambiar un despojo por otro. Defendemos la propiedad comunitaria porque expresa otra forma de habitar el territorio y de relacionarse con él.
—¿A quiénes sigue afectando esta ley debilitada si se aprueba?
—A muchísima más gente de la que parece. Por supuesto que afecta a las comunidades indígenas, pero no solamente a ellas. También pone en riesgo a miles de familias que viven en barrios populares o asentamientos cuya situación dominial nunca fue regularizada.
Por eso decimos que nadie está exento. Afecta a quienes defienden territorios comunitarios, pero también a quienes esperan desde hace años que el Estado regularice el lugar donde viven. Si se cierran esas herramientas, quedan todos mucho más expuestos a los desalojos. Hoy nadie está exento de que le vulneren sus derechos sobre la tierra.
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