Se profundiza el conflicto en el transporte en la ciudad de Corrientes. La principal operadora del transporte público, ERSA, obtuvo la aprobación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por parte de la Secretaría de Trabajo y Empleo local, que habilita suspensiones y medidas de ajuste en medio de un frágil equilibrio financiero.
Según informó el medio local Corrientes Hoy, esta decisión profundiza la incertidumbre entre los choferes, que el pasado jueves denunciaron nuevas prácticas laborales y alertaron sobre la posibilidad de que no se paguen el aguinaldo ni los salarios de diciembre.
A diez días del recambio en el Poder Ejecutivo de Corrientes, que marcará la salida de Gustavo Valdés y la llegada de su sucesor electo, Juan Pablo Valdés, la empresa ERSA fue autorizada por el área laboral provincial a ingresar al PPC. Un cuadro similar también fue aprobado para la operación que la firma mantiene en Resistencia, provincia de Chaco.
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Este mecanismo habilita a la compañía a avanzar en suspensiones, reorganizaciones operativas y modificaciones temporarias de las condiciones laborales, con el objetivo declarado de evitar despidos y sostener la continuidad del servicio. Sin embargo, el impacto inmediato recae sobre los trabajadores, quienes desde hace algunos días elevaron sus reclamos en la sede local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
En ese marco, denuncian tarifas que crecen por encima del poder adquisitivo, pero no alcanzan a cubrir los costos. Además, advierten por un desgaste de flotas y mayores gastos operativos, que tensionan aún más la situación.
Reclamos gremiales, recortes y riesgo salarial: la preocupación de los choferes de Corrientes
Los trabajadores denunciaron ante el gremio la implementación de una nueva categoría operativa interna denominada “chofer sin servicio asignado”. La modalidad implica que el conductor no realiza tareas en su jornada, pero tampoco cobra el día, afectando adicionalmente el presentismo. Si este esquema se repite de forma consecutiva, puede derivar en pérdidas significativas del salario mensual, según advirtieron los conductores.
Asimismo, los choferes calcularon que la medida puede producir descuentos de hasta $400.000 por trabajador, una cifra que refleja el severo ajuste que la empresa intenta ejecutar para reducir costos operativos.
El conflicto se agrava en un contexto de tarifas actualizadas: las compañías prestatarias de Corrientes aplican desde este mes una nueva tarifa urbana de $1.890 por pasaje, un valor que buscaba recomponer ingresos frente a la inflación y la reducción de subsidios nacionales.
Aunque el PPC busca evitar un impacto mayor sobre el servicio público, especialistas del sector anticipan negociaciones complejas entre la empresa, la UTA y las autoridades municipales y provinciales. La disputa salarial y los riesgos de incumplimientos podrían activar medidas de fuerza si no se logra una solución en el corto plazo, especialmente en un mes donde el pago del aguinaldo es clave para miles de familias trabajadoras, que buscan celebrar las Fiestas en un año marcado por la crisis económica.
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