El triple homicidio de Florencio Varela marca un punto de inflexión en la criminalidad argentina. Por primera vez en nuestro país, un asesinato múltiple fue transmitido en vivo a través de redes sociales como mecanismo de disciplinamiento dentro de una supuesta organización narcocriminal. Este hecho, además de su gravedad intrínseca, plantea interrogantes cruciales sobre el uso de la evidencia digital en procesos penales y abre un debate fundamental sobre cómo la Justicia debe adaptarse a los nuevos escenarios del crimen digital.
"Estamos frente a un caso sin precedentes en Argentina. La transmisión en vivo de un homicidio múltiple a través de redes sociales representa una nueva modalidad criminal que combina la brutalidad física con el terror psicológico digitalizado", explica el Dr. Andrés García Vautrin, del Estudio García Vautrin Condimí Alcorta & Asoc., especialista en derecho penal.
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La transmisión en vivo del crimen a través de Instagram, visualizada por aproximadamente 45 personas en un grupo cerrado, no solo representa una escalada en la brutalidad criminal, sino que constituye una forma de comunicación criminal que utiliza la tecnología como instrumento de control territorial y de advertencia para competidores y subordinados.
Las redes sociales como evidencia de valor probatorio excepcional
Desde el punto de vista procesal penal, las redes sociales constituyen pruebas de excepcional valor por diversos motivos que van más allá de su impacto mediático. "La evidencia digital tiene una característica fundamental que la diferencia de otros tipos de prueba: su objetividad y precisión temporal. No miente, no olvida y conserva metadatos que son imposibles de falsificar", señala García Vautrin.
La evidencia digital posee características únicas que la convierten en una herramienta probatoria de alta confiabilidad cuando se preserva adecuadamente. Los contenidos transmitidos por plataformas como Instagram quedan registrados en servidores con metadatos que incluyen información precisa sobre la fecha y hora exacta de la transmisión, los dispositivos utilizados, la ubicación geográfica cuando está habilitada, la lista completa de participantes del grupo cerrado y las direcciones IP de origen.
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A diferencia de los testimonios que pueden ser contradictorios o imprecisos debido al paso del tiempo o la subjetividad de los testigos, la transmisión en vivo constituye una prueba directa del hecho criminal. "En términos procesales, tenemos lo que llamamos 'prueba directa' del delito. El video no requiere inferencias ni interpretaciones complejas: documenta el hecho criminal en tiempo real, con sonido e imagen. Es prácticamente imposible de refutar", destaca el especialista.
En este caso particular, la evidencia digital no solo documenta los homicidios en tiempo real, sino que también registra las declaraciones explícitas del autor intelectual, permite la identificación visual de los perpetradores y expone claramente el modus operandi de la organización.
Hay protocolos específicos para la preservación de evidencia digital, y las plataformas tecnológicas mantienen registros que permiten establecer una cadena de custodia confiable, elemento esencial para que la prueba sea admisible en juicio. "La cadena de custodia digital se ha perfeccionado notablemente en Argentina. Cuando un perito forense certifica que la evidencia no fue alterada mediante hash criptográfico, estamos ante una garantía de autenticidad que es matemáticamente irrefutable", afirma.
El proceso de peritaje digital
La investigación de redes sociales en el ámbito judicial argentino se rige por protocolos especializados que han evolucionado significativamente en los últimos años. El proceso comienza con la preservación inmediata de la evidencia digital, una fase crítica conocida como informática forense.
"La informática forense es una carrera contra el tiempo. Los datos digitales son volátiles: pueden eliminarse, modificarse o perderse en segundos. Por eso la intervención inmediata de peritos especializados es crucial para preservar la evidencia antes de que desaparezca", explica el abogado Andrés García Vautrin.
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Los peritos utilizan software especializado para realizar capturas bit a bit de dispositivos y cuentas, generando un hash criptográfico que funciona como una "huella digital" matemática que certifica que la evidencia no ha sido alterada. Simultáneamente, se registra un timestamp forense que documenta la fecha, hora y origen de cada elemento probatorio.
La reconstrucción de conversaciones representa uno de los aspectos más complejos del peritaje digital. "Lo que la gente no siempre comprende es que cuando 'borra' un mensaje de WhatsApp o elimina una foto de Instagram, en realidad esa información puede seguir existiendo en los servidores o en la memoria del dispositivo. Nuestros peritos pueden recuperar conversaciones completas que los imputados creían haber eliminado para siempre", revela.
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Los especialistas analizan metadatos que revelan información oculta sobre el dispositivo utilizado, la ubicación desde donde se enviaron los mensajes y el horario exacto de cada interacción. Incluso cuando los usuarios eliminan contenido, los peritos pueden recuperar datos que permanecen almacenados en servidores o dispositivos, estableciendo una correlación temporal que permite reconstruir la secuencia cronológica exacta de los acontecimientos.
La validación de autenticidad de perfiles constituye otro desafío técnico fundamental. "Una de las defensas más comunes es alegar que 'alguien más manejaba mi cuenta' o que 'me hackearon'. Por eso desarrollamos técnicas de validación que analizan patrones de comportamiento únicos: horarios de actividad, vocabulario personal, lugares habituales de conexión. Es como una huella digital del comportamiento", detalla el especialista.
La transición de lo digital a lo judicial
La legislación argentina ha experimentado una evolución significativa en el reconocimiento de la evidencia digital, que tiene pleno valor probatorio cuando cumple requisitos específicos. "Argentina ha avanzado considerablemente en el reconocimiento legal de la evidencia digital. Los tribunales ya no cuestionan su validez cuando está debidamente peritada. Es equiparable en valor probatorio a cualquier evidencia física tradicional", sostiene García Vautrin.
Estos requisitos incluyen una cadena de custodia digital certificada, peritaje técnico que acredite la autenticidad del material y el cumplimiento estricto de garantías constitucionales, particularmente la necesidad de orden judicial previa para la obtención de evidencia.
La jurisprudencia argentina ha consolidado progresivamente el reconocimiento del valor probatorio de diferentes tipos de evidencia digital. Los tribunales han aceptado como prueba válida screenshots con certificación notarial digital, mensajes de WhatsApp respaldados por peritaje forense, videos de redes sociales con metadatos preservados e historiales de navegación y geolocalización. "Cada caso judicial que acepta evidencia digital sienta un precedente. Hoy tenemos una jurisprudencia consolidada que permitiría utilizar conversaciones de WhatsApp, videos de TikTok o transmisiones de Instagram como prueba central en un proceso penal", indica el letrado.
Aplicación en el caso Florencio Varela
En el contexto específico de este caso, la evidencia digital disponible presenta características excepcionales. "Desde el punto de vista probatorio, este caso es casi perfecto para la acusación. Tenemos filmación directa del crimen, identificación de los autores, registro de las declaraciones incriminatorias y una lista completa de testigos presenciales digitales", analiza el letrado.
El video de la transmisión constituye prueba directa del hecho criminal, eliminando la necesidad de inferencias o interpretaciones complejas. La lista de los 45 espectadores del grupo cerrado permite identificar a potenciales testigos y evaluar su eventual responsabilidad penal como partícipes o cómplices. "Esas 45 personas que presenciaron el crimen en vivo pueden ser citadas como testigos, pero también enfrentan un dilema legal complejo: ¿su silencio los convierte en cómplices? Es una cuestión que los tribunales deberán resolver", advierte.
Los metadatos de la transmisión proporcionan información precisa sobre la ubicación exacta donde ocurrieron los hechos, el dispositivo utilizado para la transmisión y el horario preciso de los acontecimientos.
Adicionalmente, las conversaciones previas almacenadas en las cuentas de los imputados pueden constituir evidencia crucial para demostrar la planificación del crimen y la estructura organizacional de la banda. "Este caso puede sentar un precedente fundamental en Argentina sobre el uso de redes sociales como instrumento del delito y sobre la responsabilidad penal de quienes observan crímenes en tiempo real sin actuar. Estamos ante un nuevo paradigma jurídico que la Justicia debe resolver", concluye el especialista en derecho penal Andrés García Vautrin.