El preocupante presente que atraviesa el sector textil se refleja en todo el país. La empresa Algodonera Avellaneda comunicó que la planta Hilandería y Tejeduría permanecerá paralizada desde este lunes 29 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre de 2025. Mientras cerca de 300 trabajadores esperan definiciones, la firma del grupo Vicentin argumentó que la medida responde a “la crisis de la empresa agravada por la condición del sector textil nacional”.
En medio de las medidas que atentan contra la industria nacional del presidente Javier Milei y la réplica de su modelo por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, el referente del Sindicato de los Textiles de Reconquista, Juan Carlos Bandeo, sostuvo que la situación está “cada vez más complicada“. Según relató, antes de las 6 de la mañana de este lunes los trabajadores llegaron a la planta, pero encontraron las puertas cerradas. Ante esto, recurrieron a la Policía y al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la presentación no dejó conformes a los empleados porque "en ninguna parte del comunicado aclaran que se hacen responsable de esta semana del 29 al 4“.
Además, indicó que todos los empleados tuvieron que acercarse a la sede policial para dejar constancia de que el portón estaba cerrado, o deberán hacerlo en cada turno durante toda la semana. La preocupación también pasa por el personal de seguridad y administrativo que continúa cumpliendo tareas.
En agosto, la compañía despidió a 30 trabajadores: según el medio InfoGremiales, la mayoría de los trabajadores de la firma santafesina tienen entre 15 y 34 años de antigüedad y estaban bajo el convenio colectivo de trabajo del gremio de Empleados Textiles, Setia.
El ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, explicó que “no hay materia prima y tampoco tantas órdenes de producción. No se justifica poner todo en marcha”. El funcionario señaló que la estrategia empresarial apunta a “juntar volumen” antes de reiniciar la actividad. Las declaraciones se dieron en el marco de la visita a Reconquista de la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, en plena campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
En medio del concurso preventivo de acreedores, la situación será analizada en una audiencia judicial el próximo viernes 3 de octubre, convocada por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini. Allí, el directorio de la compañía concursada deberá presentar un informe con detalles sobre capital de trabajo, deudas, proyecciones operativas y flujo financiero para los próximos 12 meses. El magistrado busca establecer si la empresa puede reprogramar su pasivo post concursal y sostener la actividad.
En paralelo, Lorenzini prohibió a las distribuidoras de energía de Santa Fe interrumpir el suministro a las instalaciones de la firma. Según resolvió, esa medida busca “resguardar la integridad patrimonial de la deudora y conservar la empresa en marcha, evitando acciones irreversibles”. La audiencia del viernes reunirá a directivos, acreedores, trabajadores y prestadores de servicios fundamentales.
Empresa textil de Tierra del fuego cerrará el año que viene
Este es uno de los múltiples casos que se viven en el sector. Otro ejemplo es el de la empresa Fabrisur, ubicada en Río Grande, que les comunicó a sus empleados que cerrará sus puertas en 2026 y sus 60 trabajadores quedarán en la calle, agravando aún más la situación que vive el sector textil por los altos costos, los impuestos y la apertura de importaciones.
"Hoy estamos compitiendo en condiciones completamente desiguales. Sin una reducción de impuestos y aranceles, no hay manera de sostener la producción nacional", expresó el Secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), Rodrigo Cárcamo, al medio InfoGremiales.
Desde el gremio afirmaron que el 60 por ciento de los trabajadores del sector perdieron sus trabajos por la crisis. "No hay señales de voluntad para revertir este deterioro. Cada cierre es una señal de alarma que se ignora", agregó el dirigente sindical y apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei por la desprotección de la industria nacional.
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