El sector textil sufre las consecuencias de las medidas del presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro y esto se traduce en el contexto crítico que atraviesan muchas empresas. Este es el caso de Algodonera Avellaneda, cuyos trabajadores alertaron sobre la “dramática” situación que atraviesan. La planta, ubicada en el parque industrial de Reconquista, lleva un mes paralizada y 350 familias están sin cobrar sus salarios.
Desde agosto, la empresa venía trabajando a un 30% de su capacidad, pero en octubre de este año paralizó la fábrica y cortó la cadena de pagos, afectando a cientos de familias. Entre junio y julio, la compañía despidió a 41 trabajadores, mientras que en agosto echó a 30 empleados más. Según el medio InfoGremiales, la mayoría de los trabajadores de la firma santafesina tienen entre 15 y 34 años de antigüedad y estaban bajo el convenio colectivo de trabajo del gremio de Empleados Textiles, Setia.
Frente a este panorama, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados y Diputadas recibió a representantes de los trabajadores que están en conflicto laboral por falta de pago. El diputado provincial y presidente de la comisión, Joaquín Blanco, advirtió que "hay una situación de incertidumbre respecto al futuro de la fábrica" debido a "la crisis del sector textil y la falta de confianza en el grupo Vicentin". El legislador socialista también apuntó contra la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional: "No debe desmantelar la capacidad de agregar valor a las provincias algodoneras”, dijo.
Por su parte, Juan Carlos Bandeo, delegado del Sindicato de Textiles de Reconquista, señaló que "el sector está quebrado" y aseguró que la planta no produce absolutamente nada desde hace un mes. “Veníamos trabajando a un 30% de la capacidad desde agosto del año pasado”, explicó. La situación salarial es desesperante: Bandeo confirmó que los trabajadores recién cobraron la semana pasada el 40% que se adeudaba de la segunda quincena de septiembre.
“Hay muchas empresas a nivel nacional que están trabajando con reducción de horarios. El sector está quebrado. La apertura de las importaciones hizo mucho daño”, afirmó Juan Carlos Bandeo, delegado del Sindicato de Textiles de Reconquista. Y detalló: “Nosotros cobramos por quincena y en octubre no nos dieron nada. Estuvimos reunidos con la empresa y no hay expectativas, no tienen materia prima y con esa firma no tenemos garantías de seguir trabajando".
Luego, cruzó al mandatario nacional por sus políticas económicas y le reclamó soluciones: “Habría que ponerle un freno a este señor Presidente, que cobre aranceles a las importaciones, así podemos competir”, sostuvo. Desde el Sindicato de Textiles de Reconquista advirtieron que la situación “no admite más demoras” y que la falta de producción podría provocar una parálisis total si no se reactivan las operaciones en el corto plazo. “Necesitamos que el Estado no se desentienda. Estamos hablando de una empresa estratégica para toda la región norte de la provincia”, remarcaron.
Incertidumbre por Vicentin y la materia prima
La parálisis operativa se debe a una “falta de confianza” de los proveedores, que no entregan la fibra de algodón necesaria para producir. Según el diputado Blanco, esta situación se enmarca en la crisis general del Grupo Vicentín, del cual forma parte la algodonera. “Estamos en el final del grupo Vicentín como lo conocimos, en un proceso de compra por partes”, señaló Blanco. Advirtió que la algodonera es menos atractiva para los compradores que el sector aceitero y exportador del conglomerado.
El futuro de la empresa agroexportadora podría definirse en las próximas horas: la empresa corredora de granos Grassi informó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, que “alcanzó y superó holgadamente la mayoría de conformidades requeridas, solicitando de tal manera la homologación y la adjudicación de las acciones correspondientes”, del grupo.
Vicentin, con sede en Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe, se declaró en cesación de pago en diciembre de 2019 y meses después el por entonces presidente Alberto Fernández, anunció su estatización por medio de la expropiación, medida que luego quedó descartada. Fue la Justicia del fuero Comercial la que se encargó de definir la viabilidad de la empresa que, luego de casi seis años, se encuentra en la etapa final de su concurso de acreedores.
El sábado 1° de noviembre venció el plazo previsto por la Justicia para que los interesados en quedarse con la empresa presentaran una oferta de pago que logre el respaldo de al menos el 51% de los acreedores y de casi dos tercios del capital adeudado. En esa carrera final, hubo dos propuestas en pugna: la encabezada por Grassi y la presentada en forma conjunta por las empresas Louis Dreyfus y Molinos Agro.
El proceso, que se extendió debido a complejos procesos judiciales, derivó en un mecanismo cramdown –o salvataje–, donde terceros interesados presentaron propuestas para hacerse cargo de la empresa y pagar la deuda a los acreedores. El viernes por la tarde, el directorio de Grassi comunicó que la empresa había alcanzado y superado ampliamente las mayorías exigidas por el cramdown, lo que, según su postura, la habilita legalmente para tomar el control de la firma en crisis.
Casi en paralelo, aunque minutos más tarde, Molinos Agro y LDC informaron que también superaron los requisitos de adhesión y remarcaron que sus apoyos eran de “acreedores legítimos”. Esta distinción surge porque ambos grupos impugnaron la validez de asociados de Grassi, lo que profundizó la controversia sobre la composición de las mayorías.
“Las presentaciones ya se hicieron, los síndicos dijeron que el juez no tenía que abordar ese tema hasta que terminara el período de conformidades. El lunes, el juez hará las verificaciones y se expedirá sobre las impugnaciones planteadas”, le aseguraron a Infobae representantes de las empresas.
Cerrar sesión