En las últimas semanas, la investigación por el presunto robo de propofol en el Hospital Italiano tuvo un importante avance tras el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados al médico anestesiólogo Hernán Boveri, exjefe y expareja de su colega Delfina “Fini” Lanusse. Los dos están procesados en la causa.
Sin embargo, la prueba obtenida podría quedar anulada antes de ser usada en el expediente. La pericia se realizó sobre un celular Samsung S25 y un iPad, que fueron hallados en un allanamiento el pasado 13 de marzo. Estuvo a cargo de DATIP, el área de análisis informático forense de la Procuración, a pedido del juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo de la investigación.
La defensa de Boveri presentó un pedido de “nulidad absoluta” sobre el procedimiento para que todo el contenido extraído de los dispositivos quede afuera de la causa. El reclamo será tratado por la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional en una audiencia a desarrollarse a comienzos de junio.
El acceso a los dispositivos en disputa
El eje del planteo de la defensa está basado en la forma en que la Policía de la Ciudad obtuvo las claves de desbloqueo del celular y la tablet durante el allanamiento. Según el acta policial, Boveri habría entregado “espontáneamente” los códigos de acceso.
La defensa desmiente esa versión y sostiene que el médico fue presionado para dar las claves. “Es absolutamente inverosímil lo que se dejó asentado en aquellas actas”, afirmaron en el documento presentado ante la Cámara.
Además argumentan que la orden judicial habilitaba únicamente al secuestro de los aparatos, pero no a interrogar al imputado sobre sus mecanismos de acceso. En esa línea, consideraron que se vulneró el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo.
En el documento incluso se incorporó una declaración atribuida al propio anestesiólogo: “Obviamente, yo no fui espontáneamente corriendo a los policías apenas entraron a mi casa a decirles este es mi celular y esta es mi clave de desbloqueo. Ni siquiera voluntariamente se los dije. De haber sabido que podía no hacerlo, jamás lo hubiera hecho”.
Para la defensa, las “invitaciones voluntarias” de los efectivos significaron una “intromisión ilegal” en la privacidad del médico y dieron lugar a un “perjuicio procesal” al permitir el acceso al contenido de sus dispositivos.
Cómo avanza la causa
El 9 de abril, el juez Sánchez Sarmiento rechazó en primera instancia el planteo de nulidad. Sin embargo, la defensa apeló la decisión y dejó planteada la reserva del caso para llegar hasta la Corte Suprema si fuera necesario.
La causa continúa avanzando sobre otros elementos probatorios en el mientras tanto. Según fuentes vinculadas al expediente, el análisis del teléfono de Lanusse todavía no pudo concretarse por cuestiones de agenda.
La Justicia ya tiene en su poder el contenido del celular de Alejandro Zalazar, el anestesiólogo vinculado a Lanusse y a la médica “Tati” Leclercq, quien fue hallado muerto el 20 de febrero en su departamento, con una vía conectada a su pie derecho.
Cerrar sesión