La Justicia de Córdoba ordenó la detención del jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, acusado de liderar una presunta organización delictiva. La investigación involucra a su hermano, otros efectivos, civiles y abogados. El fiscal Guillermo González tomó la decisión tras realizar al menos 11 allanamientos en Córdoba capital, Unquillo, La Calera y Cosquín. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, adelantó que serán separados inmediatamente de la fuerza porque se trata de un caso "muy grave".
De acuerdo al expediente, los investigados “accedían a información confidencial del sistema policial y la usaban para cobros extrajudiciales, fijación de honorarios y negociaciones paralelas, en connivencia con civiles y abogados particulares”. Se los acusa de “los delitos de Coacción, Extorsión, Asociación Ilícita en calidad de Jefe, Peculado de servicios, Enriquecimiento ilícito –cuatro hechos- , Encubrimiento por omisión de denuncia”. Los operativos se llevaron adelante en viviendas particulares, estudios jurídicos y hasta en oficinas dentro de Jefatura de Policía.
Por su parte, el fiscal ratificó que el jefe de la Caminera era el jefe de la banda, y que la operatoria que llevaban a cabo estaba fundamentalmente relacionada con la ocupación de terrenos en el interior de la provincia. “Utilizaban su lugar en la Policía para cometer ciertos delitos”, señaló González, quien aseguró que la investigación se inició a partir del testimonio de un colega que rastreaba una banda delictiva con presuntos vínculos policiales.
“Los ilícitos no están directamente vinculados con la función que el jefe de la Caminera tiene como tal dentro de Jefatura, esto es otro tema que es el uso de información privilegiada para usarlo en su beneficio”, remarcó el funcionario juidicial.
“Todo el tiempo cobraban dinero a través de civiles. Estamos hablando de una buena cantidad de dinero”, continuó González. Además dijo que hay pruebas que confirman las sospechas iniciales y que los efectivos “tenían acceso a antecedentes penales” que les permitían maniobrar para su beneficio.
En tanto que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reiteró ese concepto y afirmó que todos los involucrados serán “separados de la Fuerza”. “He sido claro en todo sentido. Son todos abogados, actuaban como tal y se beneficiaban de sus funciones en la Policía para provecho propio”, aclaró. “Nosotros no encubrimos, no ocultamos”, enfatizó el funcionario policial.
En esa línea, afirmó que el mandatario provincial, Martín Llaryora, les marcó una misión: “Desde el primer día el gobernador nos encomendó una tarea clave: ejecutar la absoluta transparencia en las fuerzas”.
Además de Ochoa Roldán, fueron detenidos otros seis uniformados, entre ellos su hermano, el comisario inspector Martín Darío Heredia, el comisario inspector Jorge Gutiérrez (de Protección de Testigos) y el suboficial Dante Gabriel Villalba, chofer en la Jefatura de Policía. La causa “se encuentra en incipiente estado de investigación por lo que resta analizar un nutrido caudal probatorio y no se descartan nuevas imputaciones” aclaró también el fiscal.
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