La causa por la masacre de pingüinos en Punta Tombo puede llegar al final de manera inminente. Este martes, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut escuchó los argumentos finales en la apelación presentada por el empresario Ricardo La Regina, condenado por daños ambientales y crueldad animal tras la destrucción de nidos y la muerte de los animales en el 2021.
El fallo podría confirmar la pena de tres años de prisión condicional, ya ratificada en instancias anteriores, o revertir la condena. La decisión es esperada con cautela por las organizaciones ambientales y también en el ámbito judicial, por lo inédito del caso.
Un gran daño ambiental
Los hechos investigados ocurrieron entre agosto y diciembre del 2021, cuando La Regina realizó obras sin autorización en áreas protegidas cercanas a Punta Tombo, una de las principales colonias continentales de pingüinos de Magallanes.
Según la acusación, las intervenciones incluyeron la apertura de caminos con maquinaria pesada, desmontes y la instalación de un alambrado electrificado en plena zona de nidificación. Estas acciones provocaron la destrucción de al menos 175 nidos y la muerte de 105 pingüinos, además de alterar de forma significativa el ecosistema.
Uno de los puntos más críticos fue la construcción de un camino de casi un kilómetro de extensión, que removió la capa superficial del suelo en un área de alta densidad de nidos. A esto se sumaron nuevas intervenciones poco tiempo después, afectando zonas con ejemplares adultos y crías en pleno período reproductivo.
El fallo que podría marcar un precedente histórico
Para la fiscal de la causa, Florencia Gómez, la resolución del tribunal tiene un alcance que trasciende lo local: “Necesito que se confirme la condena para dejar doctrina latinoamericana en impacto ambiental”.
El caso también expuso limitaciones en la legislación vigente. La fiscal remarcó que, pese a la magnitud del daño, la acusación debió encuadrarse en delitos menores como daños agravados, ante la ausencia de una figura penal específica como el ecocidio.
En ese sentido, el proceso reavivó el debate sobre la necesidad de actualizar las leyes ambientales y de protección animal en Argentina. Actualmente, la normativa sobre crueldad animal data de 1954 y contempla penas consideradas bajas frente a este tipo de hechos.
Los cinco ministros del Superior Tribunal podrían marcar con su decisión un antes y un después en la jurisprudencia ambiental del país. La expectativa crece por lo que podría significar para la protección de ecosistemas en el futuro.
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