"Tengo hambre, necesidad y tristeza", contó con angustia Estela Chávez, la jubilada de 69 años que cobra la mínima y que fue detenida por el intento de hurto de comida en un supermercado de cadena. La mujer fue liberada tras permanecer 35 días detenida en la Alcaidía N.º 15, en Chacarita, aunque sigue procesada. Luego de su liberación, la mujer le confesó a El Destape que intentó sustraer comida porque se encuentra "desesperada por el hambre". En medio de la crisis que atraviesan los adultos mayores, aseguró que le gustaría "hablar frente a frente" con el presidente Javier Milei para exponer su situación.
Al recordar el episodio del pasado 8 de octubre que terminó en su detención y exponer lo que atraviesa en el día a día, explicó las causas de su accionar: "Fui a un mercado porque estoy pasando hambre. Tenía la heladera sola con agua". Ni siquiera llegó a cruzar la línea de cajas. Las cámaras registraron cómo Estela intentaba ocultar un corte de carne entre su ropa y los guardias de seguridad la apresaron en la fila de las cajas. Después llegó la Policía y no tuvo "ninguna opción" de devolver la mercadería y quedar en libertad. "Pedí por favor que me dejen ir y daba lo que tenía en la billetera", siguió.
Aunque mostró arrepentimiento por lo ocurrido, remarcó el contexto que la llevó a ese límite: "No estoy de acuerdo con lo que hice, pero en el momento de la desesperación me salió eso". Sobre su triste realidad cotidiana, que es la misma que padecen millones de jubilados, describió la falta de recursos básicos tanto para alimentarse como para cuidar su salud: "Estoy pasando hambre, no me alcanza ni para los remedios", afirmó en diálogo con este medio.
"Es la primera vez en mi vida que no puedo comer carne", señaló la jubilada para evidenciar la baja estrepitosa del consumo de carne por la destrucción del bolsillo de los trabajadores activos y no activos. El consumo por habitante bajó a 44,5 kilos por año en octubre, 5,6 kilos menos que 12 meses atrás (-11,2%), según el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA).
MÁS INFO
Estela cobra 336 mil pesos de jubilación; todavía le quedan muchas de las 90 cuotas pactadas para saldar los aportes que le faltaban; se le descuentan 164.583 por mes. Porque la moratoria no es un regalo, sino un plan de pagos que suple los aportes que empleadores y empleadoras no hicieron. En este contexto desesperante, apuntó directamente contra la administración libertaria: "¿Por qué no me alcanza para comer? Depende todo del Gobierno. Al parecer está en contra de los jubilados. Si no pagas por los remedios, morite. No tenemos derecho a nada".
Habría que recordar que la reforma laboral que se sancionó en febrero empeoró las condiciones de las trabajadoras de casas particulares como Estela: redujo el costo del despido quitando del cálculo indemnizatorio aguinaldo, vacaciones, horas extras (que se eliminaron para todo tipo de trabajos), se quitaron las multas por falta de registro y se amplió el periodo de prueba. A esa falta de ingresos fijos se sumaba una changa que ya no puede sostener: "Tengo gente amiga que me da cosas para vender y me ganaba la moneda así, pero ahora también están en crisis y no me pudieron dar más nada", contó este lunes.
Cómo sigue el juicio contra Estela Chávez
El 26 de octubre, después de que el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires hablara con el juzgado y con la defensa, se dictó la prisión preventiva. Cinco días antes, el 21 de octubre, Estela había tenido una infección urinaria. Tuvo que comunicarse con su defensor, solicitar un traslado, conseguir que la llevaran y recién entonces conseguir un antibiótico. El 3 de noviembre también necesitó otra vez atención médica siguiendo todo el camino que había hecho antes porque las alcaidías no están preparadas para atender a las internas. "Me intoxiqué por la comida que hay ahí y estuve internada", reveló.
Si bien fue liberada tras el pago de una caución de $150.000 reunida por su familia y allegados, continúa procesada bajo reglas de conducta. El juicio seguirá su instrucción en el juzgado de Fabiana Palmaghini, la misma jueza que, después de tomar declaración al espía Antonio Stiusso en 2016, envió la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman a la Justicia Federal -donde comenzó a tramarse la idea de que no se había suicidado. El antecedente vale como muestra de la capacidad de influencia que el poder político de turno podría tener sobre sus decisiones.
El fiscal que le tocó a la jubilada es José María Campagnoli, conocido por recopilar fotos de personas del Barrio Mitre, en Saavedra, sin que estuvieran en ningún expediente legal: niños, travestis, jóvenes, todes estigmatizadxs por esta manera de calificar a las personas que viven en ese barrio popular. En 2014 fue denunciado por la Comunidad Homosexual Argentina por ese “álbum” de 1500 imágenes y por otras organizaciones antirrepresivas. El mismo se reconoce como “la Thatcher del Barrio Saavedra”, vanagloriándose de su “mano dura”. No le tembló al pedir el procesamiento de la jubilada.
Este fin de semana, la historia cambió bastante para la mujer. No sólo volvió a su casa, sino que recibió solidaridad de muchísimas personas, además de su grupo de pares. Logró cubrir los 150 mil pesos de caución que le impusieron y que para sus hijos es mucho dinero -para Stella es la mitad de su ingreso- y también le llegó mercadería por parte de la Utep; le preocupa, sin embargo, la falta de heladera para conservarla, aunque tiene confianza en los medios para que alguien le preste “alguna usada pero que enfríe”. El sistema de justicia seguirá invirtiendo recursos en su causa sin que hasta ahora en ningún escrito se haya puesto en duda la proporcionalidad entre esa inversión, el daño a un supermercado —que además tiene seguro— y la necesidad de alimentarse de una mujer que tiene que pagar sus propios aportes para recibir una jubilación mínima.
