Un tiro en la cabeza, de espaldas

A Víctor Vargas lo mató un tiro policial en la cabeza, disparado desde atrás. Fue el 28 de diciembre, su corazón dejó de latir el 31 y recién ayer la causa que se abrió dejó de tenerlo a él como acusado por “atentado a la autoridad” para pasar al justicia federal y que se investigue su homicidio. ¿Qué clase de habilitación expresa o tácita recibe la policía para tirar a matar? ¿Acaso creen que algunas vidas importan menos que otras?

09 de enero, 2026 | 14.20

Los anteojos de sol se los pusieron los hermanos al cuerpo de Víctor Vargas ajustado en un féretro sencillo ubicado en la entrada de Casa Roja, el refugio de las trabajadoras sexuales nucleadas en Amar. Son grandes y cuadrados, le dan una extraña vitalidad al cadáver del hijo, del hermano, del amigo de quienes lo rodean, aunque en realidad sirven para cubrir el raspón sobre el costado izquierdo de la cara, el que seguramente se produjo cuando la policía lo arrastró, todavía con vida, sobre el asfalto de la calle Salta el 28 de diciembre pasado.

En la frente de Víctor está, bien visible, el orificio de salida de una de las tres balas que recibió, la que aniquiló su cerebro antes de que su corazón se detuviera en la terapia intensiva del hospital Ramos Mejía el 31 de diciembre. No hubo brindis para la familia de Víctor. Hubo el desgarro de una injusticia irreparable, a Víctor le disparó desde atrás un policía de la Ciudad llamado Santiago Barrientos, con su arma reglamentaria. La excusa fue detener una pelea entre Vargas y un hombre al que apodan “el Chileno” pero no dio ninguna voz de alto, no disparó a las piernas, fue directo a matar. En la causa ya hay suficientes pruebas audiovisuales: Barrientos disparó a la cabeza, Víctor no se le fue encima como dijo el policía, no lo amenazó como declaró la mujer policía que lo acompañaba. Víctor cayó de rodillas sobre el asfalto, quedó tendido boca abajo, un charco de sangre se expandió bajo su remera celeste. Varios vecinos y vecinas lo filmaron después, cuando ya estaba en la esquina rodeado de policías de la Ciudad, boca arriba al sol de una tarde tórrida, sin ningún cuidado, como si ya lo hubieran dado por muerto.

Ahora es la segunda semana de enero, ese cuerpo cubierto con la camiseta de Boca, iluminado por velas que se van renovando porque la casa velatoria puso dos eléctricas pero se olvidó de proveer alargadores, es una prueba judicial de su propio homicidio. Mercedes, la mamá, lo acaricia, le acomoda el encaje que lo rodea, una y otra vez muestra las marcas. “Lo van a enterrar así nomás en la tierra por si lo tienen que desenterrar otra vez”, cuenta que le dijeron. Hizo empanadas fritas para quienes llegaran a ese último adiós, también hay sanguchitos en la mesa que hizo Laura, una de las responsables de Casa Roja. Este sepelio en Constitución, un barrio lejano de Alejandro Korn donde vive la familia, mucho más lejano de la Formosa natal donde Víctor terminó su secundaria antes de migrar a Buenos Aires, es para que su historia, una historia común, no fuera barrida como basura, ni arrastrada por el piso. “Es la humanidad que le quitaron la que queremos devolverle con este rito”, dice Georgina Orellano, secretaria general de Amar.

Los disparos sobre Vargas se produjeron apenas dos días después de que otro policía de la Ciudad —ahora detenido— matara a quemarropa a Juan Gabriel González en la Villa 20 de Lugano, otro barrio vulnerado por la exclusión en la ciudad más rica del país. Una tácita habilitación parece guiar los dedos de los uniformados sobre el gatillo que se les provee, en teoría, para proteger la paz social. ¿Qué orden, qué silencio o cuál discurso es el que alienta a cerrar los conflictos con disparos mortales? Las promesas punitivas del gobierno nacional en boca de Patricia Bullrich, la exhibición higienista de Jorge Macri mostrando en propagandas cómo se limpia —literalmente— “lo que ensucian” las personas en situación de calle, son antecedentes de este gatillo fácil que entre navidad y año nuevo se cobró dos vidas.

Hasta el jueves, era Víctor Vargas el acusado por atentado a la autoridad y averiguación de lesiones, pero después de la autopsia y de los videos que se sumaron a la causa el fiscal Sebastián Fedula -fiscalía Nro 12 de la Ciudad- tuvo que declararse incompetente y derivar la investigación a la justicia nacional que tendrá que dilucidar si esos disparos fueron o no un “exceso en el cumplimiento del deber” -según fuentes judiciales-. Fedula, de todos modos, envió la causa con la recomendación de que se considere que los agentes actuaron de buena fe y de acuerdo al reglamento. El plural es por la mujer policía que estaba con Barrientos, los dos comiendo pizza en el Uggis de Salta y Constitución, la esquina donde sucedieron los hechos. Aun cuando esta mujer claramente mintió en su testimonial al decir que Vargas se abalanzó contra su compañero. Los videos la desmienten. Sin ninguna necesidad y sin investigar demasiado ni contrastar las contradicciones de los testimonios, Fedula valora que el policía actuó de acuerdo a lo que manda el cumplimiento del deber. Es el mismo titular de la comisaría 12 que ya pidió otra vez la absolución de dos policías en un caso similar, aunque él era el responsable de la acusación.

Mercedes, la mamá de Victor, con la ayuda de una de las trabajadoras sexuales que ofrecieron la casa y el abrazo para la familia, quiso revisar el cuerpo de su hijo, ver si había heridas que se hubieran pasado por alto. Así descubrieron que todo el costado izquierdo está moretoneado, raspado, es fácil suponer que fue por el arrastre sobre el asfalto. También vieron las marcas en las rodillas y unos cortes sobre la nariz, producto del botellazo que había recibido, según los testigos del barrio que no quieren, por ahora, testimoniar. Migrantes, trans, personas demonizadas por el discurso oficial dominante que saben que sus vidas son precarias en este estado de cosas pero que vieron claramente cómo a Víctor lo mataron sin que medie ninguna otra acción para detener la pelea. El contrincante, “el chileno”, no recibió lesiones. Su testimonio ya está en la causa y dice que la policía le salvó la vida. “Nosotras revisamos los cuerpos de nuestras compañeras cuando nos toca, es una medida de cuidado”, dice Laura.

“Acá no sobra nadie. Ninguna vida es descartable”, es la consigna con la que se está preparando la 2da Marcha Antifascista Antirracista LGBTIQ+ para el primer sábado de febrero, Mercedes se la apropia y pregunta a les activistas que fueron a acompañar su duelo si la marcha se va a hacer también por su hijo. Sabe que sin movilización social, sin la alerta que pusieron las trabajadoras sexuales el mismo domingo en que le dispararon a Víctor, la causa ya podría estar cerrada. “¿Vamos a hacer esa marcha, no?”, insiste y la afirmación la consuela por un momento, la saca de la soledad, de ese aislamiento que es urgente romper para que no se termine de instalar esta política eugenésica en la que estamos inmersos donde hay vidas que decididamente se proponen como descartables: personas discapacitadas, jubilados y jubiladas, migrantes, personas LGBTIQ+, feministas, pobres, militantes sociales… la lista sigue. Tanto como seguirá la resistencia a este gobierno neofascista mientras podamos sostener fuerte el tejido social, repararlo, protegerlo. Para no resignarse a que algunas vidas valgan menos que otras. A esa pretensión ya se le dijo Nunca Más y ahora hay que insistir: Acá no sobra nadie.