Por la crisis en La Verónica, 700 familias en vilo por sueldos impagos y caída de la producción: "No tienen para comer"

La histórica empresa láctea La Verónica, con más de un centenar de años en la región santafesina, atraviesa una crítica situación financiera que puso en vilo a sus 700 trabajadores. La compañía, que cuenta con tres plantas en Santa Fe y centros de distribución, no pagó los sueldos de abril, y quedó con una deuda del 46% sobre el monto, mientras ya se aproxima la fecha de cobro de mayo. En ese grave contexto, advierten que hay trabajadores "que no tienen para comer".

A comienzos de año, más precisamente entre enero y marzo, la compañía acumuló más de 100 cheques rechazados por más de $460 millones. Además del reclamo por los sueldos, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Altira), denuncia la retención de aportes correspondientes a obras sociales, cuotas alimentarias y prepagas, poniendo en jaque la cobertura de salud y el cumplimiento de obligaciones esenciales para cientos de familias.

En ese marco, la decisión de establecer una modalidad fragmentada en el pago de salarios marca una radiografía de la grave situación financiera que atraviesa la firma que tiene su sede en la localidad de Lehmann. En diálogo con El Destape, Rodolfo Rodríguez, delegado de trabajadores de Verónica, aseguró que la situación "es desesperante" y contó que los empleados aceptaron “cobrar en cuotas, tener paciencia, colaborar", que “la empresa no hizo aportes”, y que ”se quedó con cuotas alimentarias". 

"En mayo, nos depositaron un 10% del sueldo que correspondía a abril. Ante nuestro reclamo a través del gremio, tratamos de tener algún tipo de comunicación y nada, que 'ya que no tenían plata', que 'ya lo iban a depositar 'y así de a 5 de 10% hasta hace 5 días que nos depositaron el último 5% llegando a un 54% en total", señaló Rodríguez sobre la irregularidad en el pago de los salarios adeudados.

El conflicto laboral se produce en las plantas de Suardi, Lehmann y Clason, y al centro de distribución que se encuentra en Buenos Aires. La desesperación es palpable entre los empleados, muchos de los cuales llevan décadas en la empresa y se encuentran al borde de la jubilación.

Según reveló Rodríguez, "hay casos de trabajadores costeando tratamientos oncológicos para ellos o sus hijos, o tratamientos permanentes para hijos con capacidades diferentes, y muchos se ven obligados a que sus hijos abandonen sus estudios por la falta de recursos". La ayuda del gremio, a través de bonos y órdenes de compra, es actualmente el único sustento para muchas familias.

Tras el último depósito, los empleados entraron en una retención de crédito laboral. "Nosotros nos presentamos al trabajo, cumplimos las horas, pero no elaboramos. La planta no está bloqueada y no se está tirando leche, porque la fábrica está operativa al 100%. Verónica la puede elaborar, procesar o envasar con trabajadores fuera de convenio", aclaró sobre la medida. 

En ese marco, aclaró que, si la empresa decide tirar algún producto, "es exclusivamente responsabilidad" de sus directivos. "No hay bloqueo, eso es muy importante de remarcar. Los trabajadores siguen manteniendo y cuidando los productos que fueron elaborados antes del conflicto, que necesitan un tiempo de conservación y estacionado”, afirmó Rodríguez. 

Lácteos Verónica: la historia del conflicto y el miedo a perder puestos laborales

La crisis actual de la firma fundada en 1923 no es un hecho aislado. En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, la empresa intentó solicitar un preventivo de crisis que finalmente fue rechazado. De acuerdo a lo expuesto por Rodríguez, como alternativa, "la dueña vino y pidió desdoblar el sueldo, pagó en cuotas y así fuimos hasta la pandemia”. 

Durante la pandemia por el Covid-19, la empresa experimentó un período de "ventas superlativas", rompiendo récords internos de producción de queso y envasado de leche. En ese momento, se elaboraban un millón de litros de leche diarios, una cifra que contrasta drásticamente con los 200 mil litros actuales, y muy por debajo de los 600 mil a 700 mil litros que se procesaban en una época normal.

Luego de la asunción de la administración de Javier Milei, la situación comenzó a deteriorarse nuevamente. "A partir de que asumió este Gobierno vinieron los jerárquicos de turno a nombre de los dueños, nos pidieron que un desdoblamiento de sueldo y que podía y si nos podían pagar en cuota también y demás. Este Gobierno deja a los empresarios al libre albedrío y deja que hagan lo que quieran con cualquiera, en este caso nosotros. No hay un control, un límite. Pero sin duda que en este último tiempo todo se agravó y está en picada”, aseguró Rodríguez en declaraciones con este medio.

Los trabajadores denuncian la falta de respuesta y el desinterés del Ministerio de Trabajo provincial de la gestión de Maximiliano Pullaro, y del Gobierno nacional. Rodríguez, que tiene 23 años de antigüedad en la empresa afirmó que, si no fuera por el gremio, los trabajadores estarían "totalmente desamparados y a la deriva". 

“Hace tres días se presenta el presidente del directorio, Alejandro Espiñeira, hijo de uno de los dueños fundadores y pidió hablar con los trabajadores de la planta y nos explicó que la empresa estaba en una crisis y la única solución era que nosotros trabajemos y cuando juntara algo de plata nos iba a pagar”, explicó el delegado gremial.

Hasta el momento, dos audiencias convocadas no arrojaron soluciones concretas. En la última, realizada de forma virtual con representantes del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, la empresa solo ofreció un 5% adicional del sueldo adeudado de abril, propuesta que fue rechazada por los empleados. 

El mayor riesgo que asumen los empleados y proveedores es que la empresa vuelva a entrar en un proceso de reestructuración, como ya pasó en 2019, cuando entró en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que implicó una fuerte reducción de personal. En base a los últimos datos publicados por el Banco Central, la empresa acumula en febrero 143 cheques rebotados sin fondos por $465,1 millones, además de una deuda bancaria por $9.212 millones, donde la mayor parte corresponde al Banco Nación (en un 24,7%), CMF (16,7%), Galicia (15,6%), Catalinas Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda (12,7%), Credibel SA (10,1%) y Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Concepción Limitada (5,7%), entre otras entidades.