El proyecto de Ley Penal Juvenil que el gobierno nacional incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias vuelve a instalar uno de los debates más sensibles y políticamente cargados de la agenda social: bajar la edad de imputabilidad. De aprobarse, este nuevo régimen permitiría procesar penalmente a personas desde los 13 años, frente a los 16 que rigen actualmente en la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad.
MÁS INFO
La iniciativa oficial, que cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, y todo el espectro de funcionarios de La Libertad Avanza, no puede leerse solo como una discusión técnica ni aislada de un modelo de disciplinamiento social que se intenta imponer. El proyecto además tiene un objetivo político performativo claro: fortalecer el discurso de la tolerancia cero frente al delito y alimentar un sentido común que esencializa hechos delictivos atribuyendo la responsabilidad a sectores sociales previamente identificados que son rápidamente transformados en enemigos internos.
Este debate político, social y jurídico se inscribe en una lógica más amplia, alineada con la agenda de seguridad interior de Estados Unidos y cada vez más extendida a nivel global: la de anticipar el castigo, correr la frontera de la sospecha hacia edades cada vez más tempranas y tratar a las infancias, sobre todo las pobres, migrantes, habitantes de barrios populares o racializadas, como un problema de seguridad y no de desigualdad. La medida no impacta únicamente en el endurecimiento de las penas, sino que define quiénes son considerados peligrosos incluso antes de actuar, qué vidas merecen protección y cuáles pueden ser controladas, encerradas o directamente eliminadas. La criminalidad deja de ser una conducta para convertirse en una identidad.
En ese marco, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su rechazo. Desde UNICEF señalaron que no existe evidencia de que la baja de la edad de imputabilidad reduzca la criminalidad y advirtieron sobre los riesgos sociales y jurídicos de ampliar el alcance del sistema penal a menores de edad. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que la iniciativa entra en contradicción con la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el mismo sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que el principio de no regresividad implica que los progresos alcanzados en la protección de los derechos humanos son irreversibles, de modo que siempre será posible expandir el ámbito de protección de los derechos, pero no restringirlo. En síntesis, la baja a 13 años es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño y vulneraría el principio de no regresividad.
El CNPT y el límite del sistema penal juvenil
A estas críticas se suma la posición del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), organismo estatal autárquico con mandato específico para monitorear lugares de encierro y prevenir violaciones a los derechos humanos. En un documento remitido al Congreso con aportes para la discusión de la reforma, el CNPT advierte que bajar la edad de imputabilidad no solo implica un retroceso normativo, sino que ampliaría un sistema que ya presenta graves déficits estructurales y prácticas incompatibles con los estándares internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes.
A partir de monitoreos y estudios realizados en dispositivos de privación de libertad en distintas provincias, el Comité documentó condiciones edilicias deficientes, problemas graves de higiene, falta de acceso adecuado a la salud, especialmente salud mental, uso de medidas de aislamiento, prácticas de seguridad excesivas y debilidades en los dispositivos educativos y de acompañamiento. En este sentido relatan que se registra episodios de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios consumados, lo que evidencia el impacto subjetivo y psicológico que produce el encierro penal temprano.
“En los dispositivos donde no hay personal formado o existe predominio securitario, habitualmente se detectan regímenes excesivamente estrictos y medidas disciplinarias contrarias a todo estándar, tales como aislamiento, incomunicación, suspensión de actividades recreativas, educativas o tratamentales, entre otros. Incluso, se han registrado regímenes donde los/as adolescentes no acceden a educación ni a otras actividades programáticas - advierten y agregan - También es importante hacer énfasis que la institucionalización de NNyA, en muchas ocasiones, limita o impide el acceso a derechos básicos como la educación, salud integral, alimentación y vinculación familiar y social".
En el plano jurídico, el CNPT subraya que los proyectos que reducen la edad mínima de responsabilidad penal vulneran el principio de no regresividad y se alejan de las recomendaciones de organismos internacionales, que insisten en que la privación de libertad debe ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible. Extender el sistema penal hacia edades más tempranas, advierte el organismo, incrementa el riesgo de malos tratos y violencia institucional, sin ofrecer respuestas eficaces en términos de seguridad ni de reintegración social.
Durante su exposición ante las comisiones parlamentarias, representantes del Comité recordaron además que los niños, niñas y adolescentes representan una porción ínfima del total de personas sometidas a procesos penales, pese a lo cual concentran una sobrerrepresentación discursiva y mediática. Para el Comité, el énfasis punitivo no solo es ineficaz: profundiza trayectorias de exclusión y consolida el encierro como destino social anticipado para determinados sectores.
Epidemia de delincuencia juvenil: “el que las hace, las paga”
La propuesta oficial, que se aplicaría a adolescentes de entre 13 y 18 años, se apoya en un discurso conocido, alimentado por miedos y prejuicios sociales: la idea de una violencia juvenil “desatada”, adolescentes que delinquen con plena conciencia y un sistema que “no da respuestas”. El propio Martín Menem utilizó el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, crimen por el que están imputados su ex novia de 16 años y dos menores de 14, para tocar fibras extremadamente sensibles y lograr que el tema ingrese con fuerza en la agenda pública.
En la fundamentación del proyecto, el Gobierno sostiene que el sistema vigente “genera situaciones de impunidad” y que la legislación está “desfasada” respecto de otros países de la región. Afirma, además, que el nuevo régimen busca fomentar la “responsabilidad legal” del adolescente, junto con su educación y resocialización. Sin embargo, los datos desmienten ese diagnóstico alarmista.
Según cifras del Informe Anual 2024 de la Base General de Datos de la Corte Suprema, apenas el 0,06 % de los adolescentes de entre 16 y 17 años fue procesado penalmente durante 2024, y el 81 % de los delitos atribuidos correspondieron a hechos contra la propiedad en grado de tentativa. Lejos de una epidemia delictiva, se trata de un fenómeno marginal sobredimensionado discursivamente, que termina reforzando estigmas y criminalizando la pobreza.
Mientras tanto, lo que sí se consolida es un sistema social y jurídico que incorpora tempranamente a niños y adolescentes al circuito penal, con efectos estigmatizantes, expulsivos e irreversibles sobre sus trayectorias de vida. En paralelo, el Estado desfinancia políticas de cuidado, educación, salud mental e inclusión social, y reduce su intervención a una única respuesta: el castigo sobre los cuerpos. La baja de la edad de imputabilidad funciona así como una herramienta simbólica potente que construye al adolescente como amenaza estructural.
Criminalización de las infancias
Esa misma lógica se expresa con particular crudeza en Estados Unidos, donde la política migratoria ha profundizado la criminalización de niños y adolescentes bajo el paraguas de la seguridad interior. En las últimas semanas, el accionar del ICE en ciudades como Minneapolis incluyó la detención de menores, separaciones familiares, operativos en las cercanías de escuelas y un clima de persecución generalizada que aumentó niveles impensados el nivel de conflictividad y rechazo social.
Entre enero y octubre de 2025, el ICE arrestó a unos 2.600 menores en todo el pais y al menos 600 niños migrantes fueron enviados al sistema federal de refugios. Especialistas y representantes legales denunciaron que el sistema dejó de reconocer a los menores su condición de sujetos bajo protección judicial y comenzó a exponerlos a procedimientos migratorios estándar como si fueran adultos. Los niños dejan de ser niños: pasan a ser riesgo, amenazas, futuros criminales, lo que justifica un intervención punitiva y violenta del estado.
La forma más extrema de esta lógica de seguridad aparece en Gaza, donde el asesinato, mutilación, tortura, y desplazamientos de decenas miles de niños y niñas en manos del estado sionista de Israel es justificada de forma sistemática bajo el discurso de la “lucha contra el terrorismo”. Allí, la criminalización ya no deriva en encierro ni deportación, sino directamente en aniquilación y exterminio. El mecanismo es el mismo: la esencialización de la violencia como algo inherente, natural e irreversible. Un niño palestino no es un niño: es un “terrorista en potencia”. La categoría de amenaza reemplaza toda noción de humanidad.
Cerrar sesión