Después de cinco años, el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires empezó con el juicio contra los responsables del geriátrico Apart Los Incas, donde durante la pandemia se contagiaron 28 adultos mayores de COVID, de los cuales diez fallecieron.
También está siendo juzgada Paula Verónica Trunzo, excoordinadora de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos, acusada de incumplimiento de deberes por no denunciar irregularidades detectadas en inspecciones realizadas entre 2017 y 2020. A pesar de las faltas constatadas, Trunzo no ordenó la clausura del geriátrico, lo que podría haber evitado los contagios masivos.
La Procuración General de la Ciudad había propuesto que la funcionaria quedara impune a cambio de una reparación económica de cuatro millones de pesos a favor del Estado, monto que no sería destinado a las víctimas. El Tribunal, en una decisión unánime, rechazó el pedido.
El geriátrico Apart, donde fue el primer contagio masivo de COVID en pandemia
En abril de 2020, cuando la ola de contagios de Coronavirus empezó a crecer y las restricciones de circulación eran cada vez más estrictas, el geriátrico Apart Los Incas, ubicado en la esquina de la Avenida de los Incas y la calle Zapiola, en la localidad porteña de Belgrano, tuvo a la opinión pública encima. Allí se registró un contagio masivo de casos y fue dónde se dieron las primeras muertes en este tipo de establecimientos. El lugar fue desalojado apenas se dio la noticia, con los móviles de televisión mostrando el traslado de los pacientes y el personal. Diez personas murieron por el virus y la investigación reveló una trama de negligencia por parte de los dueños.
La investigación reveló una cantidad de irregularidades detectadas en inspecciones hechas entre los años 2017 y 2020. Los jueces consideraron que, de haber tomado las medidas correspondientes, se hubieran evitado los contagios si se disponía la clausura del lugar.
Quiénes son y de qué se los acusa a los implicados
La residencia era gestionada por los apoderados Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, bajo la dirección de la doctora Carla Raffo. Los tres están imputados por homicidio culposo agravado y violación de las medidas sanitarias durante una pandemia, de acuerdo a lo que establece el artículo 205 del Código Penal. Además, se les atribuyen lesiones culposas y diversas omisiones en el cuidado de los residentes.
De acuerdo a la causa, los tres acusados habrían incurrido en al menos nueve irregularidades: desde no tomar la temperatura a los residentes hasta presionar a empleadas para que trabajaran pese a tener síntomas compatibles con COVID-19. También se registraron fallas graves como la falta de equipos de protección, demoras en realizar hisopados y cancelaciones en la actualización de historias clínicas.
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