Los últimos recortes conducen al desastre en ciencia y salud

Los últimos recortes anunciados en el Boletín Oficial mediante la decisión administrativa 20/26 infligirá daños irreparables en ciencia y salud, dos áreas que venían exangües. De acuerdo con la información oficial, a la “función ciencia y tecnología” dejarán de pagarle 26.338 millones de pesos de un presupuesto 2026 que ya de por sí era insuficiente, por lejos, para saldar la deuda que viene manteniéndose con ese sector desde hace más de dos años. A salud, que también sufre un ahogo que impide hacer frente a las necesidades más urgentes, le reducen más de 63.000 millones de pesos. 

El detalle de esas quitas es de terror. El sistema científico prácticamente queda sin otra posibilidad que pagar sueldos, que ya perdieron alrededor del 40% de su valor. En medio de una sangría incesante de recursos humanos, los organismos carecerán de toda posibilidad de pagar insumos y servicios, y cumplir compromisos con sus proveedores; en suma, de desarrollar proyectos de investigación. 

Solo para citar algunos, entre los casos más acuciantes están los de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). A la primera se le quitan 4.409 millones de pesos, lo que implica la paralización de todos los proyectos en marcha. Estos incluían el lanzador Tronador (que ya había sido discontinuado); el satélite Sabia-Mar para observación del mar y las costas, y para producir información sobre productividad marina, ecosistemas oceánicos y costeros, recursos pesqueros y calidad del agua, con fecha prevista de lanzamiento para el primer semestre de este año; y la Estación Terrena Base Belgrano II en la Antártida para seguimiento satelital. En estos años, la Conae perdió alrededor del 20% de su personal. 

En cuanto a CNEA, es la que mayor recorte sufrió: 19.274 millones que hacen inviable finalizar obras muy avanzadas; entre ellas, el Centro Argentino de Protonterapia (destinado a ofrecer tratamientos oncológicos de vanguardia para tumores de difícil acceso, como los cerebrales en niños), el reactor RA-10, que podía situar a la Argentina como uno de los mayores productores de radiofármacos del mundo y, por supuesto, el reactor modular pequeño CAREM, ya discontinuado aunque su obra tenía más del 60% de avance. El resto del escenario científico queda en una posición igualmente dramática. 

En salud son innumerables los programas que quedan virtualmente paralizados, pero basta con mencionar tres: el de prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles recibirá $ 500 millones menos de lo estipulado (con lo que peligra la provisión de vacunas, por ejemplo), el de respuesta al VIH, enfermedades de transmisión sexual (como la sífilis y la gonorrea, que están en ascenso), tuberculosis y lepra recibirá $ 800 millones menos, y el de investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, $ 5000 millones menos. Con respecto a este último rubro, fuentes cercanas al Ministerio de Salud de la Nación deslizan que “desde que asumieron las nuevas autoridades solo continuaron algún proceso iniciado por la gestión anterior, pero no iniciaron ninguna compra [de tratamientos oncológicos]. Cuando se termine lo que hay, pasarán no menos de 18 meses para que vuelva a haber fármacos en el banco de drogas, porque una licitación extensa como esa demora no menos de 12 meses, si no sale bien (porque muchas veces hay renglones desiertos que atrasan el cierre del proceso), y recién después de eso, empiezan a recibirse”.

Como si todo esto fuera poco, investigadores e instituciones recibieron una instrucción en la que la Subsecretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología les indica que, como condición para aprobar las rendiciones, deben completar una carta diciendo que renuncian "voluntariamente" a seguir ejecutando el proyecto aprobado por convenio [para el caso de que se decida suspenderlo unilateralmente]. Presentar la nota firmada es condición para que la rendición sea aprobada. Si la rendición queda pendiente la institución no recibirá fondos de ninguna convocatoria.

“La decisión política de que el ajuste se pague con el recorte a ciencia y tecnología tiene el mismo sentido que el de las universidades –subraya la diputada Adriana Serquís, física nuclear y ex presidenta de la CNEA–. Esto quiere decir que no queremos un país con desarrollo, que no queremos un país con conocimiento. Este ajuste afecta principalmente a la CNEA, porque es la que en su presupuesto tiene un mayor porcentaje de proyectos con respecto a los salarios. Pero en todos los casos tiene un efecto retrógrado: nos vuelve un país primarizado, dependiente de las grandes potencias y de los países centrales”.

Valeria Levi, vicedecana de Exactas/UBA coincidió con Serquís: “Queda claro que el ajuste es ideológico –afirmó–. Como siempre, recortan en ciencia, en salud, no recortan gastos de la SIDE, no revierten impuestos a bienes de alta gama, no evalúan agregar un porcentaje de impuesto a los bienes personales”. Y enseguida agrega: “Queda además claro que el modelo no cierra, cada vez se recauda menos, cada vez se recorta más...al recortar, cada vez es más dificil consumir, trabajar, crecer como país. Esta decisión es catastrófica y vuelve a confirmar que no cierran los números. No hay forma de que cierren si no se piensa en producción y, en consecuencia, en ciencia y tecnología. Estamos entregando la sangre, la salud, la vida de los jubilados, la educación, la soberanía, la posibilidad del futuro a los mismos de siempre que ya quebraron el país dos veces haciendo exactamente lo mismo”.

Por su parte, Alejandra Sánchez Cabezas, médica sanitarista, magíster en Gestión y Políticas de Salud y Doctora en Ciencia Política, además de presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública (Aasap), destacó que los recortes publicados “no son números abstractos ni decisiones fuera de contexto. Marcan la diferencia entre que alguien con diagnóstico oncológico reciba o no su tratamiento. Entre que un hospital provincial pueda sostener su guardia y atender un parto a la madrugada, o no. Entre que una persona jubilada acceda a sus remedios o no. La teoría dice que el Estado es árbitro. Que regula, que equilibra, que protege a los más débiles de los abusos de los más fuertes. Esa es la promesa fundante del Estado moderno. Pero un árbitro no es neutral por definición: lo es por sus decisiones concretas. Y las decisiones concretas de este gobierno tienen nombre, apellido y número de CUIT. Mientras elimina $20.000 millones de pesos en medicamentos, la industria farmacéutica incrementó un 183% su rentabilidad operativa. Y las 31 empresas más grandes que cotizan en Bolsa multiplicaron sus ganancias netas más de un 300% en un año. Sobre todo porque el modelo reconfiguró precios, tarifas y tipo de cambio a su favor. Del lado de los que ganaron: la riqueza acumulada del bloque empresario concentrado creció un 48% desde 2020. Del lado de los que perdieron: los empleados públicos nacionales —trabajadores de salud, docentes universitarios, policías— perdieron hasta un 33,5% de su salario real. Esto no es interpretación ideológica. Son balances auditados, publicados en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Nueva York. Son datos del Indec y de Forbes. Son hechos. Un gobierno que recorta el acceso a medicamentos y simultáneamente desregula los precios que fijan los laboratorios toma una decisión. Un gobierno que licúa salarios estatales y jubilaciones mientras las ganancias del capital financiero crecen un 188% toma una decisión. Un gobierno que elimina controles de precios en energía mientras Pampa Energía multiplica su rentabilidad un 1.439% toma una decisión. El árbitro elige bando. Y lo hace con instrumentos jurídicos legítimos, en el Boletín Oficial, a las tres de la mañana. Desde la Aasap trabajamos en salud pública. Todos los días nos preguntamos para quién trabajamos. Y creemos que quienes trabajamos cerca de las personas, de los sistemas, de las políticas, no podemos permitirnos no tener una respuesta. Sabemos muy bien que el derecho a la salud no es una partida presupuestaria ajustable”.