Juicio por Maradona: el Procurador bonaerense pidió el juicio político contra la jueza Makintach

La magistrada acumula seis pedidos de juicio político hasta el momento. Ahora, Conte Grand presentó otro expediente ante el tribunal de enjuiciamiento bonaerense.

05 de junio, 2025 | 12.21

En medio del escándalo por el juicio por la muerte de Diego Maradona, el procurador general de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, presentó un nuevo pedido de juicio político contra la jueza Julieta Makintach, quien fue recusada del proceso judicial tras ser acusada de protagonizar el documental “Justicia Divina” sobre el proceso penal del Diez. La magistrada acumula seis pedidos de juicio político hasta el momento. 

El funcionario Conte Grand realizó la presentación ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, que está a cargo de Ulises Giménez. Se trata del sexto pedido de juicio político contra la magistrada, luego de las que hizo el ex custodio de Maradona Julio César Coria (quien estuvo detenido por falso testimonio), los diputados de La Libertad Avanza Agustín Romo, Florencia Retamozo y Fernando Compagnoni y también de Unión por la Patria (UxP). También hicieron presentación el titular de la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, el abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, y el Colegio de Abogados de San Isidro.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según averiguó Noticias Argentinas, ahora se debe sortear al jurado compuesto por 10 miembros: cinco conjueces del máximo tribunal y cinco legisladores (diputados y senadores de cualquier partido político con título de abogado). “Makintach aún no fue notificada. Lo más probable es que se le informe mañana jueves sobre su situación”, afirmó la fuente en diálogo con la agencia.

Situación de la jueza y cómo se encuentra el juicio por la muerte de Maradona 

En estos momentos, la vocal del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Isidro se encuentra suspendida por 90 días de manera obligatoria y fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. En tanto, el juicio que intenta determinar posibles responsabilidades por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador de Boca y la Selección argentina fue declarado nulo por el escándalo del proyecto audiovisual.

Los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe, Mariano Perroni, la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini y el psicólogo Carlos Díaz. Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares. 

Piden investigar a la jueza Makintach por el documental del juicio por Maradona: "Hay un negocio atrás"

Una de las denuncias fue la realizada por una abogada penalista que derivó en su nulidad, ya que entiende que "hay un negocio atrás" del cual no sólo participó la magistrada sino que "hay otros actores hacia arriba y hacia abajo de ella que estuvieron en esto". Se trata de la letrada Silvina Fernández Rosarno, quien remarcó que "era tan grande el negocio atrás de esto que la jueza dejó caer la experiencia de tantos años al frente de su carrera como jurista".

"Prefirió perderlo todo considerando lo que iba a ganar con ese documental. No seamos inocentes, porque esto no es un error, no es sólo vanidad. Hay nexo causal entre la codicia a punto tal de decir pierdo todo porque sé que todo lo que voy a ganar adicionalmente lo vale", indicó la abogada en declaraciones a ATP Radio.

Al mismo tiempo, añadió: "Ella se plantea, 'determinada cantidad de años en la Justicia, se terminó; el hecho de ser profesora, se terminó. A partir de ahora quiero ser productora y recibir las ganancias de todo esto'".

"El procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, está analizando determinados delitos penales, entre ellos los de incumplimiento de los deberes, abuso de autoridad, malversación, pero no está considerando algo muy importante que son las negociaciones incompatibles con la función pública. De todos esos delitos es que el que mayor pena en expectativa posee, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos", indicó.

La letrada arremetió contra la jueza y apuntó contra los otros magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso al señalar que "no podían no saber lo que pasaba". "Cada uno ocupa un lugar diferente. Ellos están más elevados que el resto de la gente en el tribunal y a contracara para ver absolutamente todo. Es imposible que me digan que esta gente era ajena y que desconocía todo lo que estaba pasando", precisó Fernández Rosarno.

Asimismo, lo comparó "con el crimen organizado, porque hay distintos estratos y distintas cadenas de organización, además de una cuestión vertical".

"Se incorpora, desde mi punto de vista, la conducta de una asociación ilícita. Hay una jefa y gente que cooperó. Además, hay un enlace muy aceitado entre distintas figuras. Para que pudieran entrar a filmar al tribunal por el solo permiso de una jueza no es suficiente. Acá hay tres personas que estaban como jueces", señaló la abogada.

Y afirmó: "Ella va a tener una investigación, pero por ahora fue suspendida en sus funciones, por lo que está cobrando su sueldo. Acá tiene que hacerse una investigación para poder hacer valer el respeto de las instituciones".

"Hay cosas turbias y uno empieza a sospechar si esto ya no ocurrió antes porque un mecanismo tan aceitado no se logra de un momento a otro. Se necesita un conocimiento y un modus operandi que haya funcionado anteriormente con otras cosas", denunció.

Fernández Rosarno planteó: "¿Es la primera vez que pasa esto o ya había pasado anteriormente? Se habla del lucro que hay atrás de todo esto y se tiene que investigar por negocios incompatibles con los deberes de funcionario público, delito que tiene 6 años de máxima pena. Igual, mínimamente esta tipificación penal abarcaría muchos otros delitos por su sumatoria y daría una señal que esto no es lo esperable para la sociedad".

"Nadie habla de estas negociaciones incompatibles ni de la renta esperada que iba a tener esta mujer. Hay muchas personas adicionales por arriba y por debajo de ella. No fue una jugada que hizo sola. Hay mucha gente involucrada porque es mucho el dinero por el contrato propiamente dicho y el resultado de réplica de los contratos de las diversas plataformas", arremetió.