La crisis económica que vive el país por las políticas del gobierno de Javier Milei sigue sumando nuevos conflictos y una importante empresa mayorista de productos de limpieza volvió a despedir trabajadores.
Se trata de la firma Lustramax, donde los empleados realizaron una nueva protesta en la planta de Tortuguitas donde, además de las desvinculaciones, denuncian persecución sindical, incumplimientos laborales y aseguran que la empresa propuso cancelar indemnizaciones en 12 cuotas y con productos de fabricación propia.
La protesta se desarrolló frente a la planta del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde los operarios reclamaron la reincorporación de los despedidos, el pago completo del medio aguinaldo y el cumplimiento de distintas obligaciones laborales que, según denuncian, la empresa mantiene pendientes. Los trabajadores aseguraron que permanecerán frente al establecimiento hasta obtener una respuesta y adelantaron que presentarán nuevas denuncias ante el Ministerio de Trabajo por la situación que atraviesa el personal.
El pago de las indemnizaciones con papel higiénico
Según explicó el delegado Leandro Gómez al medio Data gremial, el número de cesantías continúa creciendo y ya alcanza a nueve empleados. De acuerdo con su relato, la modalidad utilizada por la empresa también genera preocupación, ya que los trabajadores no reciben inicialmente un telegrama de despido, sino que, al presentarse a cumplir sus tareas, se les impide ingresar a la planta y posteriormente son convocados por el área de Recursos Humanos para negociar un acuerdo.
En ese marco, sostuvo que la empresa ofrece abonar las indemnizaciones, el aguinaldo y otros conceptos mediante un plan de hasta doce cuotas, una alternativa que los trabajadores consideran inadmisible por tratarse de créditos de naturaleza alimentaria.
Sin embargo, la denuncia que mayor repercusión generó fue otra. El delegado afirmó que, además del pago en cuotas, la empresa propuso cancelar parte de las indemnizaciones mediante la entrega de papel higiénico y rollos de cocina fabricados por la propia compañía, valuados al precio fijado por la empresa. Para los trabajadores, esa alternativa constituye una forma de presión destinada a forzar la aceptación de acuerdos desfavorables.
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El conflicto también incluye denuncias por presunta persecución sindical. Gómez aseguró que la empresa continúa impidiéndole el ingreso a la planta pese a que, según indicó, la Justicia archivó el pedido de desafuero sindical promovido por la patronal. El dirigente afirmó que existen fallos judiciales que ordenan su reinstalación, pero sostuvo que esas resoluciones todavía no fueron acatadas.
A ello se suman otras acusaciones vinculadas al incumplimiento de obligaciones previsionales y de salud. Los trabajadores sostienen que la empresa descuenta en los recibos los aportes destinados a la obra social y al sistema jubilatorio, aunque denuncian que esos fondos no estarían siendo depositados en los organismos correspondientes.
El escrache de los trabajadores a Arietto
Durante la protesta también volvieron a cuestionar el rol de la abogada de la empresa y senadora bonaerense Florencia Arietto, a quien identifican como responsable de la estrategia judicial adoptada por la firma durante el conflicto.
Días atrás, trabajadores, familiares y organizaciones sociales realizaron un escrache frente al country donde reside la legisladora para denunciar lo que consideran un incumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con la reinstalación del delegado gremial.
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