Seis segundos fue lo que tardó el oficial de la Policía de la Ciudad Santiago Barrientos en disparar a la cabeza de Víctor Vargas después de ver la pelea que éste mantenía con otro hombre en la esquina de Salta y Constitución, el 28 de diciembre pasado. El tiempo exacto se puede constatar en el video que forma parte de la reconstrucción de este caso de gatillo fácil que realizó y publicó ayer el Mapa de la Policía, recopilando material de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, contrastándolo con los testimonios que figuran en la causa.
El video es claro, Barrientos camina junto a su compañera Carolina Vázquez -los dos de uniforme y en funciones-, ella lleva una pizza en la mano cuando se ve a Vargas pasar corriendo y seis segundos después -lo que tarda Barrientos en darse vuelta, bajar a la calle y disparar- caer de boca sobre el asfalto. Fueron tres disparos, uno entró por la nuca de Vargas y salió por la frente sin marcas de haber sido hecho desde una distancia corta como consta en el escrito presentado por María del Carmen Verdú, referente de Correpi y representante de Mercedes Santillán, la mamá de Víctor. La aclaración es válida porque Vázquez declara en la fiscalía que Vargas se fue encima de su compañero, que lo amenazó con el cuchillo y que Barrientos le disparó a “dos metros” y al tórax, como si una bala pudiera viajar del tórax a la cabeza.
“Fue impactante mirar el video porque se ve claramente que a mi hermano le dispararon por la espalda, se ve que el tipo lo hace casi sin pensar. Y está libre”, dice Yanina Santillán, hermana de Vargas, que no quiere volver a su casa, muy lejos de Buenos Aires, hasta tener la certeza de que habrá justicia aunque los tiempos judiciales jueguen en su contra. “A mí me duele el corazón, mi hermano era un trabajador, es injusto, ni voz de alto ni nada, lo matan y lo dejan ahí como una hora, y un montón de gente lo vio pero no pueden hablar porque viven todos los días el maltrato de la policía”.
Yanina recibió mucha solidaridad en el barrio, testimonios de lo que pasó ese día que no llegan a la causa por la propia precariedad de las personas que se ganan la vida en esa cuadra. Santiago Barrientos está imputado, pero la causa está a la espera de que el juez decida sobre la declaración de incompetencia pedida tanto por la querella como por el fiscal Sebastián Fedulla -que admite que se tiene que investigar el homicidio, aunque anticipa que para él se trata de un caso de cumplimiento del deber y legítima defensa. La causa aun no llegó a la Justicia Federal Criminal y Correccional, que es donde debería estar siendo investigada.
Testigos técnicos
“Todos los casos son distintos, depende de la prueba que se consiga, las fuentes, el tiempo que tarda en llegar esa prueba. Lo que queda claro en esta reconstrucción es que los testigos declaran sin saber que existen esas imágenes y cuando aparecen, el falso testimonio se hace evidente como sucede con la mujer policía que declara para encubrir al que disparó”, explica Alejo Fraile, integrante del Mapa de la Policía, un organismo de Derechos Humanos de “nuevo tipo” -una definición en construcción- formado por personas independientes y diversos colectivos como el Equipo de Investigación Política (Edipo), Cels, MTE, la revista Crisis, Argentina Humana, Correpi, Punto de Fuga, ACVI, FM La Tribu, La Mella, Enfoco, DOCA, Cooperativa Cambalache, entre otros.
Esas pruebas que se organizan en una pieza audiovisual construida con arquitectura forense dan cuenta de un “modus operandi en las fuerzas de seguridad, ya saben que tienen que decir que la víctima se puso violenta y que tuvo que defenderse, además están amparados por los responsables políticos”, dice Fraile de los policías que actuaron en este caso pero también de muchos otros en los que el Mapa consiguió ponerle nombre y apellido a los agresores uniformados. Así se supo que quién disparó contra Pablo Grillo con intención de dañar fue el gendarme Héctor Guerrero, que quien gaseó a Fabrizia Pegoraro, una niña de once años, durante una marcha de jubilades fue el policía federal Cristian Rivaldi, y que quien le quebró una pierna a Cinthia Castellano otro miércoles cerca del Congreso. Esos y otros casos de violencia policial o de fuerzas de seguridad -como Gendarmería- se pueden rastrear en su página web, donde también se pueden hacer denuncias. El caso de Víctor Vargas llegó por una denuncia del sindicato de Trabajadoras Sexuales, Amar.
Por eso el trabajo del Mapa de la Policía tiene ese valor relacionado a la protección de los Derechos Humanos en tiempos en que la represión y la persecución son política de Estado, es una herramienta de control social que permite sacudirse un poco una sensación de impotencia frente a la agresión callejera. Como mínimo, se puede usar el celular, registrar y denunciar; no hay poder absoluto y ese mensaje llega también a las y los uniformados. Mal que le pese a Patricia Bullrich, quien declaró que el trabajo del Mapa de la Policía “es un error de la democracia”, cuando este trabajo colaborativo se ha incorporado en varias causas con la categoría de “testigo técnico”. La causa que tiene como acusado al Héctor Guerrero es una de ellas y desmintió de manera rampante la pretensión de la entonces ministra de seguridad de ni siquiera investigar lo actuado por efectivos bajo su orden.
¿Menos represión o menos conflicto social?
“El Mapa es una propuesta que llevó el Equipo de Investigación Política de la revista Crisis a Ofelia Fernández en 2022 -cuenta Alejo Fraile, también parte de Argentina Humana-, en principio como herramienta de control en CABA de casos más relacionados con el hostigamiento a vendedores ambulantes, en torno a las canchas de fútbol o personas en situación de calle; abusos policiales no tan relacionados a la represión de la protesta social. Pero después de la muerte de Facundo Molares en el Obelisco y la represión en Jujuy a fines de 2023 ya se empezó a perfilar lo que se seguiría pasando”.
“Jujuy fue un laboratorio de prueba y en apariencia funcionó porque se repitieron los disparos en los ojos, las detenciones arbitrarias, la persecución a militantes por tener puesta determinada remera… fue muy específico hacia las organizaciones políticas y sociales”, agrega Alejo. Entre las investigaciones del Mapa de la Policía hay una publicada en noviembre del año pasado sobre los manuales de la Policía de la Ciudad, una herramienta que parece escrita por Diego Capussoto y Pedro Saborido y que señala a las gorras con visera o las remeras de organizaciones como presunción de que quien las lleva puede cometer un delito.
La calle cambió desde que Pablo Grillo fue herido gravemente el 12 de marzo de 2025 por un gendarme que le disparó a la cabeza. Aunque la reacción inmediata fue una marcha masiva el miércoles siguiente, las movilizaciones menguaron a lo largo del año salvo alguna que otra excepción -como cuando Cristina Fernández de Kirchner fue detenida en su domicilio-. “Nosotros observamos eso, hay menos conflictividad social y por eso la represión también bajó y las denuncias que recibimos tienen más que ver con esta idea de higienización o limpieza de la Ciudad -dice Fraile. Casos como el de Vargas o Juan Gabriel Gonzáles en la Villa 20 de Lugano, tenemos comisarías repletas de personas en situación de calle detenidas por robar un palito. Pero nunca se sabe cómo se va a comportar la calle, porque el conflicto social está latente”.
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