A través de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, la Argentina estableció criterios objetivos para reforzar el control de sus aguas al poner en marcha un nuevo protocolo destinado a combatir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, lo que permitirá identificar buques pesqueros.
Con la intervención de la Prefectura Naval, la medida apunta a proteger los recursos marinos y fortalecer el ejercicio de la soberanía sobre la plataforma continental en un contexto de creciente presión sobre especies de alto valor comercial.
La iniciativa se enmarca además en el Principio Precautorio, que habilita al Estado a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves al ecosistema marino, incluso cuando no exista certeza científica absoluta en el momento de la detección.
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Los ejes de la normativa
El eje central de la normativa pasa por la transformación de los criterios técnicos en parámetros objetivos y verificables. A partir de ahora, "ciertas conductas de navegación serán consideradas indicios formales de pesca ilegal", informó el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado. Por ejemplo, un buque extranjero que navegue a menos de 6 nudos y realice maniobras con cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca podrá quedar bajo presunción de actividad ilícita.
La disposición se convirtió en una herramienta legal que constituye un importante apoyo a la labor que viene realizando Prefectura como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionaes, a través del Sistema Guardacostas, una moderna y eficiente tecnología aplicada al control de las actividades en el mar que ha desarrollado para centralizar y gestionar en tiempo real datos técnicos, administrativos y de movimiento de embarcaciones a nivel global.
El rol de la Prefectura Naval
En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información, que le posibilita a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Otro de los focos está puesto en la flota potera, especializada en la captura de calamar, uno de los recursos más codiciados del Atlántico Sur. En estos casos, la presunción de pesca ilegal se activará si las embarcaciones navegan a 2 nudos o menos sin justificación técnica válida. Para sustentar estas evaluaciones, el control se apoyará en tecnología satelital y registros electrónicos de alta precisión integrados al Sistema Guardacostas.
Más allá del endurecimiento de los controles, la normativa también contempla garantías para los involucrados. Los capitanes de los buques podrán presentar descargos y documentación técnica —como reportes meteorológicos, fallas mecánicas o emergencias operativas— que expliquen sus maniobras, asegurando así el respeto al debido proceso y a los estándares internacionales de fiscalización.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limita al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implica detectar patrones y comportamientos que representen indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permite ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
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