La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un avance en el ámbito institucional. Un grupo de legisladores provinciales de distintos espacios presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento dos pedidos de jury contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, quienes encabezan la investigación del caso.
El pedido está firmado por representantes del radicalismo, el PRO, el Frente Cívico, el juecismo, el vecinalismo y otros sectores de la oposición. Los denunciantes solicitaron la apertura formal de los procesos, la suspensión preventiva de los dos funcionarios y su destitución, consecuente a irregularidades en el desempeño de sus capacidades.
Aunque tienen como punto de partida el caso Agostina Vega, los cuestionamientos se apoyan en distintos hechos. A Garzón se le reprocha la conducción de la investigación por la desaparición y la muerte de la joven, pero a Rodríguez se le cuestiona una resolución adoptada en el 2025, que permitió la liberación bajo fianza de Claudio Barrelier.
Las críticas a la investigación de la desaparición
El planteo contra Garzón se centra en las decisiones que, según los legisladores, habrían demorado la respuesta judicial durante las primeras horas de búsqueda de la joven. Entre los principales cuestionamientos figura la demora en la recepción formal de la denuncia por desaparición presentada por la familia. La normativa vigente, dicen los denunciantes, exige actuar de manera inmediata ante estos casos y consideran que no se cumplió con ello.
También apuntan contra el tiempo transcurrido hasta la activación de la Alerta Sofía. Según el escrito, existían indicios suficientes para considerar que Agostina se encontraba en una situación de alto riesgo desde las primeras horas de la investigación.
Otro de los ejes del reclamo tiene que ver con el allanamiento a la casa de Barrelier. Los legisladores entienden que las medidas judiciales debieron haberse adoptado con mayor rapidez, basadas en testimonios, registros de cámaras y antecedentes que ya formaban parte de la investigación.
Además cuestionan las declaraciones públicas realizadas por el fiscal tras el hallazgo del cuerpo, considerando que algunas de sus expresiones no fueron acordes con la gravedad institucional del caso.
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La decisión judicial previa
La presentación contra Rodríguez gira principalmente sobre la causa anterior, en la que Barrelier fue investigado por privación ilegítima de la libertad. Según los denunciantes, el fiscal dispuso en mayo del 2025 su liberación bajo caución a pesar de la gravedad de los hechos denunciados.
Los legisladores sostienen que la resolución no habría valorado adecuadamente el riesgo potencial que representaba el acusado ni el contexto de violencia de género que rodeaba a la causa. También afirman que faltaron medidas de prueba orientadas a determinar su perfil psicológico y su eventual peligrosidad.
También incorpora observaciones sobre otra investigación vinculada al caso Neonatal de Córdoba, en la que Rodríguez dispuso el archivo de actuaciones relacionadas con presuntas omisiones de funcionarios.
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