El imputado Julio Alberto Martínez (42), acusado del femicidio de su novia Laura Ramona Benítez el 20 de septiembre de 2023 en una pensión ubicada en la zona suroeste de Rosario, enfrenta un pedido de prisión perpetua. Escondió su cuerpo por 20 días.
El asesinato ocurrió en calle Lisboa al 2900, en el barrio Parque Casado. La mujer, también de 42 años, fue asesinada de un golpe en la parte frontal del cráneo. Luego, Martínez colocó el cuerpo debajo del ropero de la habitación que alquilaba y lo tapó con cemento seco –sin preparar– y ropa.
El caso recién salió a la luz el 11 de octubre de 2023, cuando el propio Ramírez se presentó ante una comisaría de la localidad bonaerense de González Catán para confesar que había matado a su pareja. Tres días antes, un familiar de la víctima había viajado desde Buenos Aires a Rosario para denunciar ante la comisaría 14ª que Laura estaba desaparecida y no contestaba el teléfono hacía tres semanas.
La investigación fiscal determinó que “luego de causar su muerte, procedió a colocar el cuerpo a un costado de la habitación, cubrirlo con cemento seco sin preparar, y además cubrirlo con un pequeño ropero”. Cuando la Policía arribó al lugar, el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó en la autopsia determinar los “otros mecanismos lesivos”, como planteó la fiscal María de los Ángeles Granato en la audiencia previa al juicio, que tuvo lugar este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Tras entregarse en la sección policial, Martínez fue trasladado a Rosario e imputado por el femicidio. Tras la audiencia preliminar, la Oficina de Gestión Judicial debe establecer la fecha para el comienzo del juicio oral, en el que el hombre que trabajaba en el Mercado de Productores será acusado por una pena de prisión perpetua. El juez Sosa tuvo por admitida la acusación formulada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y resolvió mantener la prisión preventiva efectiva extraordinaria hasta el 10 de octubre de 2026.
Caso Paula Perassi: aumentaron la recompensa para quien aporte datos de la mujer desaparecida en 2011
El Ministerio de Seguridad y Justicia santafesino aumentó este martes a $40 millones la recompensa para quien aporte datos fehacientes sobre el paradero de Paula Perassi, la mujer que se encuentra desaparecida desde 2011 en la ciudad de San Lorenzo y cuyo caso sigue sin resolverse.
La medida fue oficializada a través de la Resolución N.º 3103/25, que actualizó el monto dispuesto en julio de 2024, cuando la recompensa era de $30 millones. Trece meses después, el Gobierno provincial decidió redoblar la apuesta para intentar romper el silencio que rodea a uno de los casos más conmocionantes del territorio santafesino.
Paula tenía 34 años. Era ama de casa, y tenía dos hijos, con los que vivía en el centro de la ciudad portuaria. La mujer desapareció en la noche del 18 de septiembre de 2011, cuando le avisó a su pareja y papá de sus hijos, Rodolfo Daniel Ortiz de Elguea, que saldría a buscar a la casa de una vecina la tarea para uno de los chicos. Sin embargo, nunca más se supo de ella.
Las primeras investigaciones señalaban a Elguea como presunto responsable de la desaparición, ya que confirmó que atravesaban una crisis y que ya ni siquiera dormían juntos. No obstante, un comentario en el que contaba que su esposa usaba mucho su cuenta de Facebook fue clave: se pudo constatar que Perassi tenía una relación extramatrimonial con Gabriel Strumia, empresario y amigo de la familia.
Según detalló la agencia de noticias Noticias Argentinas, este indicio fue fundamental para el avance del caso debido a que, también se comprobó, que la mujer estaba embarazada y, al parecer, Strumia le habría ordenado que se realice un aborto, algo a lo que Paula se negaba.
El juicio en primera instancia en 2019 culminó con la absolución de los once imputados, entre civiles y personal policial. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló esa sentencia y las situaciones procesales de Strumia y su esposa fueron revocadas en primera y luego en segunda instancia. En diciembre de 2020, se confirmó el fallo y ambos, que habían llegado en libertad, fueron a prisión preventiva.
Strumia fue condenado a 17 años de prisión por ser autor del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva agravada por tratarse de una mujer embarazada. Su esposa, Roxana Michl, recibió 6 años como partícipe secundaria, aunque actualmente está en libertad.
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