En el marco de lo que será una nueva jornada de lucha nacional de los trabajadores docentes y nodocentes contra el ajuste del presidente Javier Milei, los docentes de la Universidad Nacional de Santa Fe (UNL) realizarán un nuevo paro de 48 horas el próximo miércoles 11 y jueves 12 de junio.
La motosierra libertaria provocó un desguace en el sistema educativo: las universidades cerraron el 2024 con un recorte del presupuesto del 30% y los salarios reales de los docentes con una caída del 23% respecto a diciembre de 2023. Los datos fueron publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Esta situación se agravó luego de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar el presupuesto del 2023. El recorte presupuestario a la educación fue denunciado durante todo el 2024 por la comunidad, que logró movilizar amplias porciones de la sociedad. En abril y octubre, se realizaron dos marchas federales universitarias en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional. Las movilizaciones se profundizaron luego de que el jefe de Estado vetara la Ley de Financiamiento Universitaria, tras la aprobación en el Congreso en septiembre pasado.
Ahora, un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario plantea el "incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031" fue presentado por miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a la Comisión de Educación del Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
A su vez, busca recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la posible ley.
Mientras se discute esta iniciativa, la protesta en todo el país se enmarca en el reclamo de la reapertura de la discusión salarial. El secretario general de la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL), Oscar Vallejos, afirmó que el conflicto se agrava semana a semana. “Venimos sin ninguna respuesta. Las y los docentes exigen cada vez más estas medidas porque la situación es crítica y el Gobierno sigue sin moverse”, dijo en diálogo con UNO 106.3 FM.
El paro de 48 horas tendrá actividades de protesta y visibilización en todas las universidades nacionales. Desde ADUL expresaron que los "salarios se encuentran en un piso histórico, el más bajo desde la recuperación de la democracia. El Gobierno desconoce la Paritaria como ámbito de negociación salarial, y de manera unilateral resuelve aumentos miserables que degradan cada vez más el poder adquisitivo de nuestros sueldos".
"Asistimos a un proceso de vaciamiento de la planta docente, de destrucción del patrimonio académico y crítico que se construyó a lo largo de generaciones. Hoy muchos compañeros se ven expulsados de la docencia y de la investigación, debiendo migrar por la fuerza hacia otros trabajos", agregaron. El Plenario de Secretarios Generales de Conadu resolvió también realizar otro paro de 48 horas y una marcha nacional universitaria en la semana del lunes 23 de junio.
Proyecto de Ley Financiamiento Universitario: cuáles son los principales puntos de la iniciativa
El texto de la iniciativa indica que "la educación universitaria pública en Argentina ha sido, históricamente, un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural del país". En este sentido, el presente proyecto de ley está motivado "en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática".
Asimismo, sostiene que la Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que al Congreso le corresponde "sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales". A su vez, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 "define a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado".
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De esta manera, propone aumentar la inversión en la educación universitaria pública, sin afectar las cuentas del Estado. "Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", indica el texto de la iniciativa.
Respecto de las becas a estudiantes, establece una ampliación anual y progresiva del monto destinado al financiamiento de becas universitarias. En tanto, el proyecto busca garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestarias: “Asistencia financiera para el funcionamiento universitario”, "Asistencia financiera a hospitales universitarios”, “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades” y "Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria”, entre otros.
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