Luego de la multitudinaria marcha del pasado 29 de mayo a nivel nacional, prestadores de servicios para personas con discapacidad en Santa Fe vuelven a marchar este miércoles, en una manifestación convocada por la Unión de Entidades de y para personas con discapacidad (Uendisfe). El reclamo es por pagos atrasados, aranceles congelados y una crisis financiera impulsada por el gobierno de Javier Milei, que amenaza con el cierre de centros esenciales para miles de personas.
La movilización comenzó a las 10.30 en Plaza 25 de Mayo, ubicada en Avenida General López y San Jerónimo. “Cuando lleguemos a fines de junio, habrá instituciones que tengan que cerrar”, advirtió Gabriela Ortolochipi, representante de Uendisfe. La situación afecta a más de 1.500 personas con discapacidad y 1.300 trabajadores en el centro norte de la provincia.
En ese marco, la marcha será conjunta entre prestadores, instituciones y familias. “Acá no se salva nadie solo”, afirmó Ortolochipi en diálogo con el medio AIRE. El pasado jueves ya hubo una marcha multitudinaria y esta nueva convocatoria busca visibilizar la gravedad de la situación y exigir respuestas concretas al Gobierno nacional. “Lo que se está haciendo tambalear es un sistema igualitario”, remarcó. Según advirtió, si no se revierte esta situación, solo podrán acceder a tratamientos quienes tengan recursos para pagar de forma privada, dejando a cientos de personas sin cobertura ni atención.
Desde la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad se implementan diversos programas orientados a fomentar la participación activa en la vida social y productiva de jóvenes y adultos con discapacidad. Estas acciones comprenden iniciativas de formación, generación de empleo, emprendimientos productivos y acceso a servicios, que buscan romper las barreras estructurales que dificultan el desarrollo pleno de este colectivo.
Uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno nacional y los sectores que defienden los derechos de las personas con discapacidad es la auditoría masiva de las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC), que desde el oficialismo se justifica como una medida de control, pero que desde organismos sociales y provinciales se interpreta como un intento de recorte encubierto.
Hay quórum: diputados trata el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad
La Cámara de Diputados de la Nación consiguió quórum para dar inicio a la sesión ordinaria, con temas que el gobierno de Milei rechaza. Con 129 votos se habilitó la sesión. De esta manera, la Cámara baja tratará un aumento del 7,2% a jubilados y pensionados y bono por única vez, la emergencia a las zonas afectadas por el temporal de mayo y la crítica situación presupuestaria del Hospital Garrahan.
Otras de las iniciativas busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una recomposición de los montos de los haberes desde el 1º de diciembre de 2023, de acuerdo a la inflación acumulada, y una actualización automática mensual del nomenclador de los aranceles para los beneficiarios.
El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Daniel Arroyo aseguró que hay “una mayoría amplia” para aprobar la emergencia en discapacidad y mencionó la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete, posteriormente, la ley. Y enfatizó: “Hay que tener estómago” para hacerlo. En un contexto nacional adverso, remarcan que la adhesión a la Ley de Emergencia en Discapacidad representa no solo un gesto político, sino una necesidad urgente para sostener una red de contención y garantizar igualdad de oportunidades.
Además, se tratará de avanzar con el emplazamiento de las comisiones de Educación y Presupuesto para abordar la ley de Financiamiento Universitario, presentada el pasado miércoles por rectores académicos. En la sesión especial se solicitará emplazar a una reunión de comisiones para el 10 de junio, otra el 11, para dictaminar, y otra el 19 o el 26 de junio para llevar el proyecto al recinto.
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