El gobierno de Claudia Sheinbaum publicó el 14 de octubre el decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, que obliga a las plataformas a impedir que los menores accedan a contenidos que promuevan la violencia y otras conductas de riesgo.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor ese mismo día. Las empresas tienen 30 días naturales para informar qué medidas aplicaron, y el texto deja abiertas varias preguntas sobre cómo se cumplirá.
Los contenidos que quedan prohibidos para menores
El artículo 3 identifica siete categorías de contenido que las plataformas deberán impedir que los menores vean o que se les recomienden. Incluyen publicaciones que generen o promuevan acoso, también el ciberacoso, y materiales de abuso o explotación sexual.
Se suman los discursos de odio, el extremismo violento y los contenidos que inciten a la violencia, en especial entre usuarios del entorno escolar. También alcanzan las conductas ilícitas y la apología del delito, el material pornográfico o sexualmente explícito y los contenidos que promuevan el suicidio, las autolesiones deliberadas y los trastornos alimenticios.
Qué plataformas alcanza y cómo deberán verificar la edad
El artículo 2 define plataforma digital en forma amplia: además de las redes sociales, incluye videojuegos y tiendas de aplicaciones. Las empresas deberán usar mecanismos confiables para verificar la edad, que no podrán limitarse a la autodeclaración, como cuando alguien escribe su fecha de nacimiento.
El decreto no define un método tecnológico obligatorio, ni qué documentos podrán pedir las empresas, ni cómo tratarán esos datos. Las cuentas nuevas deberán partir con la configuración de privacidad más estricta y habrá herramientas para que madres, padres y tutores supervisen a los menores.
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Controles, plazos y vacíos del decreto
Las plataformas deberán retirar de inmediato las publicaciones prohibidas y adaptar sus sistemas de recomendación. Tendrán que fijar un punto de contacto 24/7 para las autoridades, conservar la evidencia digital por al menos 90 días hábiles y alertar cuando detecten contenido que atente contra la vida o la integridad de un menor.
El texto no fija multas ni un régimen propio de sanciones: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento y Sheinbaum planteó una ley con sanciones si hay incumplimientos. Tampoco aclara si el contenido debe retirarse para todos los usuarios o solo bloquearse para menores. Meta dijo que analizará el decreto y que ya ofrece cuentas para adolescentes con restricciones.
