El magnate estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal y actual presidente del directorio de Palantir —una de las corporaciones de análisis masivo de datos más controvertidas del planeta—, no solo instaló su residencia temporaria en Buenos Aires y compró una mansión millonaria, sino que ya mantiene reuniones privadas en la Casa Rosada con el mandatario argentino.
La relación, que nació en 2024 durante un foro en Los Ángeles, se profundizó rápidamente. Sin embargo, la mudanza de Thiel no responde únicamente a la "batalla cultural" del oficialismo. El empresario ve en la Argentina un refugio financiero y político frente a la incertidumbre en Estados Unidos, donde el debate en estados como California por aumentar los impuestos a las grandes fortunas avanza con fuerza.
Para seducir a este tipo de inversores de riesgo, el Ejecutivo trabaja a contrarreloj en un programa de "pasaporte dorado", un esquema normativo para otorgar la ciudadanía argentina a cambio de grandes inversiones monetarias. El combo oficial se completa con el ajuste fiscal, la desregulación total y la entrega de recursos estratégicos como el litio, el petróleo y los minerales de tierras raras.
MÁS INFO
Los datos privados en peligro
La llegada de Thiel encendió las alarmas de especialistas en privacidad y derechos digitales, quienes se preguntan si el país está preparado para frenar el avance de las big tech sobre la soberanía de la información de sus habitantes.
Palantir no es una empresa de tecnología cualquiera. Su historial incluye contratos de inteligencia con el Pentágono, la OTAN, el servicio de inmigración estadounidense (ICE) y el NHS británico. Sus plataformas tienen la capacidad específica de cruzar y conectar bases de datos masivas que originalmente no estaban diseñadas para comunicarse entre sí, permitiendo generar perfiles de ciudadanos a una escala de vigilancia sin precedentes en la historia.
“La identidad digital y la soberanía de los datos ya dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un tema democrático", advierte Fernando León, fundador y director de la Fundación Diplomacia Ciudadana. "Los ciudadanos no somos sólo votantes, también somos usuarios que navegan 24/7 en una web libre, sin protección y aceptando cookies de cualquier fuente. Exigir participar en el diseño de estos sistemas es una necesidad democrática”.
Desde la sociedad civil, la preocupación es unánime. Organizaciones como Amnistía Internacional Argentina ya pusieron la lupa sobre la Casa Rosada: publicaron un documento advirtiendo los riesgos de un eventual contrato con la firma de Thiel y exigieron absoluta transparencia ante cualquier acuerdo o prueba piloto que involucre datos públicos.
Un ecosistema legal en la mira
La trama se vuelve aún más oscura al analizar las recientes decisiones legislativas del gobierno de La Libertad Avanza. Diversos críticos señalan que el andamiaje legal para que Palantir opere en el país ya comenzó a construirse de manera encubierta.
La clave se encuentra en el DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia Nacional y creó la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Bajo el difuso concepto de "interoperabilidad forzosa", este decreto centralizó el cruce de datos personales de más de 14 organismos estatales, unificando bajo una misma órbita la información de dependencias tan disímiles como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Para los especialistas, este brutal cruce de datos estatales es, ni más ni menos, el ecosistema perfecto que los algoritmos de Palantir necesitan para funcionar.
MÁS INFO
Mientras el Estado avanza en la centralización de la información, la protección de los ciudadanos quedó congelada en el tiempo. El marco legal vigente descansa en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Si bien fue pionera al ser sancionada en el año 2000, cumplió un cuarto de siglo y quedó totalmente obsoleta frente al avance de la inteligencia artificial, la biometría y los deepfakes.
Aunque en el Congreso se presentaron proyectos para actualizar la norma bajo estándares internacionales —incorporando conceptos como la privacidad por diseño y el derecho a oponerse a decisiones automatizadas—, las iniciativas continúan cajoneadas en el debate parlamentario.
Cerrar sesión