El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue nuevamente denunciado ante la Justicia durante las últimas horas. En esta ocasión, el Director del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, se hizo eco de la causa por reventa de entradas que se encuentra radicada en la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires y solicitó que se investigue al ídolo y su entorno por el delito de “presunta asociación ilícita”, según informó públicamente. “Le pincharon los teléfonos a medio club, hace seis meses no hay movimientos en la causa”, señalaron desde la institución a El Destape, molestos por los repetidos ataques.
“Lo de la denuncia es una payasada, están pidiendo que se investigue lo mismo que ya se investigó en la justicia de la Ciudad y de lo que habló Sebastián Rodríguez, hace unos días, en el Canal de Boca. El tema de los bonos lo viene investigando la justicia porteña manejada por (el ex mandatario Xeneize, Daniel) Angelici desde antes de las elecciones del 2023”, se quejaron fuentes del club a este medio.
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A través de sus redes sociales, Klix confirmó que radicó la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal N° 56 y N° 61 con el objetivo de investigar a los mencionados dirigentes. “Quiero que la Justicia investigue qué está pasando con los abonos y con los carnets de socio, y quiero que se investigue qué pasó con las 50.000 prendas de Adidas que, en teoría, desaparecieron”, manifestó. Y completó: “Es momento de que nos preocupemos un poquito más por el club y que la Justicia se haga cargo e investigue qué está pasando”.
En diálogo con este portal, el propio hombre de la cartera de Seguridad sostuvo que la denuncia, hasta el momento, sólo “se hizo por mail y es lo que mostré en redes”. Ahora, la situación está en manos del Juzgado. “Me tienen que llamar para ratificar los dichos. No ocurrió pero calculo que lo harán en las próximas horas”, expresó.
Desde Boca, en reiteradas ocasiones, negaron que la causa tenga algún tipo de sustento. "Con todo lo que fue ese proceso (en 2023), la capacidad de sorpresa está bastante reducida. Sí me sorprende la creatividad para seguir inventando cosas que de maduro se caen, porque son imposibles. El tema de las camisetas... 50.000 camisetas dicen que se han robado. Adidas tiene un contrato con Boca, entrega prendas de todo tipo, por menos de la mitad de lo que esta gente está diciendo que faltan", apuntaron los abogados Walter Krieger y Sebastián Rodríguez, días atrás, luego de los brutales ataques del periodista Gabriel Anello.
“Allanaron dos veces el club, allanaron la casa de Chanchi (NdR: Cristian Riquelme, hermano de Juan Román) y le secuestraron el celular y una tablet. Le pincharon los teléfonos a medio club y la causa hace seis meses no tiene ningún movimiento. La tienen que archivar porque no encontraron nada. Está pasada la fecha para resolverlo, ya debería haber sido archivada hace rato”, indicaron a El Destape.
Hasta el momento, según pudo confirmar este portal, la denuncia no llegó al club y tampoco aportaría nuevos elementos que generen un avance real en la investigación que se encuentra frenada. Al consultarle al propio Klix, sobre si aportará nuevas pruebas, dijo "desconocer la denuncia anterior" que se llevó adelante en la Ciudad. “Es para la gilada, todo para figurar en X”, se defendieron de Boca.
No es casual que la denuncia resurja en un momento de malestar general debido a los resultados deportivos negativos que atraviesan al Xeneize en este 2025 y que desembocó, el pasado sábado, en una Bombonera caliente que cantó -aunque no en su totalidad- contra la gestión de la actual comisión directiva.
Las idas y venidas entre Boca y la política
No es la primera vez que la política nacional se hace presente en La Boca. Tras ser uno de los principales bastiones del macrismo durante décadas, el triunfo de la lista encabezada por Jorge Amor Ameal y el máximo ídolo del club venció a Christian Gribaudo con el 52,9% de los votos desembocó en una guerra -al parecer- sin fin. Tiempo después, con la caída de la fórmula Ibarra-Macri en las presidenciales del 2023, el estruendo en la oposición fue aún mayor.
Dichas elecciones, llevadas a cabo en noviembre, se vieron obstaculizadas en repetidas ocasiones por la justicia de la Ciudad. En primer lugar, por supuestas irregularidades en las listas presentadas por el oficialismo y días más tarde, debido a un pedido de reprogramación que encabezó la DAIA, generando dificultades en el derecho a votar para socios y socias del interior de Buenos Aires y el resto de las provincias del país que habían viajado ese mismo sábado.
En aquel momento, mientras Riquelme era vicepresidente de la institución, se dieron innumerables situaciones con la fiscal Celsa Ramírez -quien ocupaba el cargo de titular de la Fiscalía Especializada de Eventos Masivos de CABA-. La relación estuvo atravesada por fuertes molestias por parte de la dirigencia y también de los hinchas del Xeneize, quienes aseguraban que había una clara persecución. Allanamientos por supuesta reventa de entradas, clausura de tribunas y de la totalidad de la estadio -una de ellas, en el encuentro entre Argentina y Uruguay por Eliminatorias- y la suspensión de los comicios, fueron algunos de los diversos roces que se generaron.
“Esta persona mandó a declarar a mi hijo durante la pandemia. No sé si tiene un problema contra los Riquelme, porque también mandó a allanar la casa de mi hermano. Nuestra familia no molesta a nadie, no pueden mandar a seguir a mi hermano de civil y pararlo en la calle para sacarle el teléfono”, apuntó duramente el ahora Presidente. Mientras que sobre los allanamientos y las diversas clausuras -muchas de ellas sin claros argumentos-, alertó: “Tiene algo contra los bosteros”. La fiscal también fue la encargada de llevar adelante la causa contra Cristian por presunta reventa de entradas y venta ilegal de ropa del club. La misma causa que desde el Xeneize aseguran que sigue sin presentar alguna prueba o mostrar alguna escucha que señale a los Riquelme como protagonistas de los delitos mencionados.
La disputa con la Justicia de la Ciudad no dejó de escalar y el propio Cristian llegó a recusar a la fiscal Ramírez. Finalmente, entre tantas idas y vueltas, la fiscal dejó su lugar -actualmente está a cargo de la Unidad de Delitos Complejos- y este fue ocupado por Maximiliano Vence. "Para asociación ilícita deberían probar que tres o más personas se pusieron de acuerdo y tenían roles predeterminados para cometer un ilícito... No aparece ni una sola escucha", sentenciaron.
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