Prioridades del ajuste: el gasto en contener el dólar es 45% superior a la inversión en ciencia y universidades

Ni las universidades, ni la salud pública, ni la ciencia o la investigación están entre las prioridades de la política económica del gobierno nacional. Lo anterior quedó en evidencia en datos concretos: lo que la gestión libertaria lleva gastado en la intervención del dólar futuro para intentar contener el tipo de cambio es 45% superior a lo que destinó a ciencia y tecnología en el año. 

De esta manera, un relevamiento privado mostró que los costos de sostener el esquema actual recaen -en gran medida- sobre la investigación y la ciencia nacional y amenazan con agravarse, en línea con la decisión del Ejecutivo de “no mover un milímetro” lo hecho hasta ahora. Así, mientras la inversión estatal en el principal organismo de ciencia del país, el CONICET, alcanzó los 331,4 mil millones de pesos, ese valor fue ampliamente superado por el gasto supuesto por las pérdidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado de futuros de dólar que ascendió, tan sólo en los últimos tres meses, a 480,9 mil millones de pesos.

Esta disparidad entre los objetivos económicos del gobierno nacional se da en un contexto donde  los recursos para Ciencia y Técnica en el Presupuesto Nacional alcanzan su mínimo histórico (0,16% del PBI), con su peor antecedente en 2002 (0,17%). Un dato no menor tiene que ver con que la caída abrupta que se evidencia en la inversión en universidades nacionales (pese a ello el gobierno vetó la ley de financiamiento) se combina en paralelo con el estancamiento del PBI del país. De hecho, se proyecta una pérdida de dinamismo para los próximos meses, mientras se profundiza el ajuste fiscal para saldar los compromisos de la creciente deuda financiera.

Menos ciencia e investigación, más especulación 

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC mostró en junio una contracción del nivel de actividad (-0,7% vs. may/25), situándose 1,8% por debajo del pico de junio del 2022. Así, la proyección de crecimiento del PBI para este año caería al 4,0%, dependiendo del arrastre estadístico del 2024 (4,2%). Si bien el indicador mostró una recuperación del 7,5% respecto del piso alcanzado en abr/24, exhibió un menor dinamismo en los últimos meses. 

Sin embargo, el ajuste fiscal y las políticas restrictivas que afectan a la producción y el empleo amenazan con agravarse, en línea con la decisión de la administración libertaria de “no mover un milímetro” lo hecho hasta ahora. De esa manera, el crédito vigente del Presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) cae 8,0 puntos reales este año y, con eso, habrá perdido 29,0 puntos en solo dos años, alcanzando su tercer menor registro, en términos del PBI, en 61 años de historia presupuestaria. Se trata de un mínimo tan solo perforado por el bienio 1990-1991. 

En este escenario, lejos de priorizar la inversión en ciencia, tecnología e investigación para favorecer la matriz productiva del país, el desarrollo de valor agregado y la generación de puestos de trabajo, el gobierno de Javier Milei decidió desfinanciar esas áreas clave para intentar sostener, a toda costa, el tipo de cambio en estos meses electorales. Ahora bien, si bien el plan depende de la estabilización cambiaria y monetaria, los últimos dos meses estuvieron atravesados por el colapso del gradualismo cambiario, conduciendo a variaciones promedio mensuales del tipo de cambio del 6,1% (jul-25) y del 4,9% (ago-25) que todavía no han impactado plenamente en los precios locales. Las proyecciones pesimistas hacen foco en la aceleración de esta tendencia en el último trimestre del año, con más chances de presenciar un ajuste luego de las elecciones de octubre. Incluso en el escenario más optimista la variación nominal del tipo de cambio sería del 38,5% vs. dic-24, por encima de la proyección inflacionaria del año (27,7%). 

Mientras crece la volatilidad y la incertidumbre y el gobierno se aferra a ese plan acordado con el FMI, en contraposición, los créditos ejecutados de la Función Ciencia y Técnica nacional caerán en 2025 un 23,3% real (considerando el efecto de la inflación) luego de perder ya 30,2 puntos en 2024. 

La Función Ciencia y Técnica del Presupuesto se mide desde el año 1972, momento en el que fue incorporada al esquema de finalidad-función del sistema presupuestario argentino, pero en este 2025 estará alcanzando su mínimo histórico, tras 53 años de oscilación donde se observó el decrecimiento entre 1981 (0,33% del PBI) y 2002 (0,18%), revertido luego hasta alcanzar un máximo histórico en 2014 (0,35%). Desde entonces, y salvo el trienio 2021-2023, ha evidenciado una nueva curva descendente, alcanzando un mínimo absoluto este año en la variable que mide la inversión estatal en ciencia (0,16%), que se encuentra por debajo incluso de los umbrales anteriores, alcanzados en 2002 (0,18%), 1976 (0,19%) y 1992 (0,20%).

En el caso puntual del CONICET, el organismo se encontrará este año 33,8 puntos por debajo de los valores de 2015. Para fines de 2025 se proyecta que la masa salarial de la actividad se deteriore un 19,9% real, y el total pagado en becas un 13,2%. 

En tal panorama, las prioridades de la política económica son evidentes: en lo que va del año la inversión estatal en el principal organismo de ciencia del país -CONICET-, alcanzó los 331,4 mil millones de pesos, siendo ese valor superado ampliamente por el costo supuesto por las pérdidas del BCRA en el mercado de futuros de dólar, que ascendió, tan sólo en los últimos tres meses, a 480,9 mil millones de pesos, según un informe presentado por el equipo de Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, (Ciicti).

En otras palabras, el BCRA gastó en tres meses un 45,1% más en contratos de dólar futuro de lo que ha invertido el gobierno nacional en siete meses en el organismo científico y tecnológico del país.

Veto universitario

En los últimos 42 años, desde el retorno de la democracia, se observa una vinculación directa entre la política científica, la inversión en las universidades nacionales y la dinámica más general de la actividad económica. 

En ese sentido, “desde los mínimos del 2002 se asiste a un crecimiento de las tres variables en la década siguiente. El PBI alcanza su nivel actual en 2011, la inversión en ciencia y en las universidades crece hasta 2015. La caída del  período 2015-2019 es revertida de manera parcial en los cuatro años siguientes”, detallaron desde el CIICTI. No obstante, advirtieron que “en los últimos dos años se combina la continuidad del estancamiento del PBI, con una caída abrupta y sin equivalentes en el período democrático tanto para la inversión en universidades como para ciencia y tecnología”. En el presente, las universidades argentinas siguen a merced del fuerte ajuste de recursos impuesto por el gobierno que encabeza Javier Milei.

Esta semana, el jefe de Estado avanzó finalmente con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que había sido aprobada por el Congreso semanas atrás. "Lamentablemente, el gobierno continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública. Luego del apoyo multitudinario a las dos marchas federales y a pesar de los recientes resultados electorales adversos, en especial el de la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno Nacional sufrió una derrota contundente, Milei no rectifica su rumbo", repudiaron desde la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN).

Sin bien el argumento oficial recae en que el equilibro fiscal “no se negocia”, lo cierto es que según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el impacto fiscal era de apenas el 0,23% del PIB, por debajo del 0,61% del PBI nacional que el gobierno deja de recaudar por  la reducción de impuestos a los Bienes Personales, que benefician al 1% más rico de la población.

A su vez, en el mismo día en que vetó dicha ley, el presidente de la Nación publicó una decisión administrativa que redujo el crédito vigente de educación y universidades en 2025. La decisión administrativa 23/2025 ajustó 40.000 millones el crédito de gastos corrientes de universidades, recortó 12.400 millones en infraestructura educativa y redujo 44.300 millones de becas estudiantiles. En conclusión, “lejos de atender al contexto político de su estricto régimen fiscal, el gobierno ata su suerte a la profundización del ajuste, afectando los servicios sociales y al núcleo de las capacidades estatales”, alertaron desde el centro de estudios.