El superávit que defendió Milei está "atado con alambre": retroceso laboral y estancamiento como norma

El Gobierno Nacional celebró la aprobación de la reforma laboral la semana pasada como un paso decisivo en su programa de “modernización” económica y, luego, ratificó el superávit fiscal como principio fundante en su discurso ante el Congreso del domingo. Lo que no explicó es que los cambios introducidos por su reforma pueden abrir un nuevo frente de tensión sobre las cuentas públicas en 2026, precisamente en el área que más compromete la sostenibilidad fiscal: el sistema previsional (los recursos de Seguridad Social representan un tercio de la caja total).

En un esquema en el que el oficialismo volvió a presentar al superávit fiscal como prioridad excluyente de la política económica, cualquier debilitamiento estructural de los recursos anticipa un escenario de mayores ajustes. Por eso, en términos fiscales, la disminución de ingresos contributivos deberá compensarse mediante otras fuentes de financiamiento o, en su defecto, a través de un recorte adicional del gasto público en un contexto donde las jubilaciones y pensiones ya operan como variable de ajuste. El problema adquiere mayor relevancia en un escenario de estancamiento económico y deterioro del empleo formal, que erosiona de manera persistente el financiamiento del sistema en su conjunto.

El resultado fiscal proyectado para 2026 se configura en torno a un equilibrio “atado con alambres”, sostenido en buena medida por el recorte del gasto social en un contexto de menor recaudación contributiva. Esto vuelve a poner sobre la mesa los interrogantes acerca de la consistencia del programa económico actual, el desfinanciamiento del sistema previsional, el cumplimiento de las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, la cada vez más lejana, recomposición de ingresos de la población.

Recursos 2026: estancamiento económico y ajuste generalizado

Milei sigue insistiendo en lo que define como uno de sus pilares "innegociables" del programa económico, el equilibrio fiscal. Sin embargo, una vez más omite explicar a las y los argentinos cómo —o a costa de qué— planea alcanzarlo. El mandatario celebró la aprobación de su proyecto de reforma laboral, aunque, en la misma línea, tampoco explicó el impacto fiscal, es decir, las consecuencias concretas que podría tener sobre las cuentas públicas.

El escenario en términos de recursos para este año así como las posibilidades de cumplir con la meta oficial entran en tensión tanto si se consideran los datos oficiales del cierre del 2025 como los de comienzos del 2026,  todo lo que evidencia un resultado fiscal “atado con alambres” y que enciende las alarmas para lo que viene.

En concreto, en enero los ingresos fiscales alcanzaron los $18,3 billones, registrando una baja real (considerando el impacto de la inflación) del 7,9% respecto al año anterior. Con este resultado, la recaudación acumuló seis meses consecutivos en contracción, impulsado principalmente por el desplome de los recursos aduaneros (sobre todo los derechos de exportación que cayeron 40,8% interanual) pero también se registraron mermas reales en el consumo interno y la propiedad (Impuestos interno: -18,6% y Bienes Personales -13,8%), además de las pérdidas en IVA (-3,3%), Créditos y Débitos (-0,4%) y Combustibles (-3,9%). Se sumó, el deterioro de los recursos de la Seguridad Social (-3,9% interanual, consolidando una tendencia negativa que ya se extiende por tres meses consecutivos).

Si se compara con los niveles de 2023, la recaudación global exhibió una contracción real del 6,5%, cifra que se ajusta a una baja del 5,1% si no se contabilizan los ingresos por el impuesto PAIS que ya no se encuentra vigente. El retroceso estuvo marcado por caídas significativas en Bienes Personales (-73% real), Ganancias (-17% real), Derechos de Exportación (-24% real), Internos Coparticipados (-30% real) e IVA (-2% real).

¿Qué indican estos datos? “Un esquema apoyado en IVA y aportes/contribuciones se pincha cuando caen consumo y empleo y el cuadro se agrava por decisiones normativas/regímenes que alivian el aporte de los sectores concentrados y de altos patrimonios (se debilitan retenciones y tributos aduaneros, y se achica Bienes Personales)”, analizaron los economistas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYP). En ese sentido, agregaron que “el deterioro también impacta en la masa de recursos coparticipables, recortando los fondos que se distribuyen a las provincias” por lo que “el ‘equilibrio’ se sostiene empujando más recorte del gasto”, alertaron.

No obstante, la situación de los recursos públicos no puede aislarse del conjunto del modelo económico. De hecho, 2025 se convirtió en el único año de crecimiento con destrucción de trabajo. Los números oficiales exhibieron que el PBI creció 3,5% interanual en diciembre, pero traccionado por el agro, los impuestos y la intermediación financiera, sectores que tienen escaso impacto en puestos de trabajo.

“El 2025 será el primer año del que se tenga registro donde cae el empleo (-0,5%), mientras que la actividad crece. Esto se debe a la dinámica sectorial del crecimiento donde se promueven actividades que emplean a poca cantidad de gente y caen las que emplean a una masa más grande. Es decir, tras la caída del trabajo en la industria -producto de la apertura comercial y la caída del consumo- no hubo ‘reasignación’ del empleo a sectores más productivos, por el contrario, incluso las ramas más dinámicas (como minería) hoy expulsan trabajadores”, evaluaron desde el Instituto Argentina Grande (IAG).

De esa manera, los empleos que se pierden por la destrucción del entramado productivo (más de 100.000 desde el inicio de la gestión actual) no son absorbidos por los pocos sectores dinámicos donde, de hecho, incluso el petróleo y la minería están destruyendo empleos. Desde fines de 2023 perdieron cerca de 9000 puestos.

En la misma línea, un informe de la consultora C-P advirtió que si bien los últimos datos relevados por el INDEC confirmaron el crecimiento de la economía en 2025, también exhibieron “la tendencia estancacionista del modelo libertario”. Según indicaron, el panorama actual se explica “tanto por el sendero de estabilización elegido por el gobierno (centralizado en el ancla salarial y con sesgo recesivo), como por el intento de llevar adelante un cambio estructural en la estructura productiva”. Así, la caída del empleo privado y el cierre de empresas (como el caso de Fate), el estancamiento de los ingresos y la creciente mora crediticia de las familias, son “vivas expresiones de los costos del esquema actual”.

Según la mencionada consultora, el arrastre estadístico proveniente del año previo -estimado en 2,9 puntos porcentuales- resultó determinante para explicar la expansión anual. Si se descuenta ese efecto inercial, el crecimiento “genuino” de la actividad se habría reducido al 1,5%, apenas por encima del aumento poblacional, lo que en términos per cápita implicaría una mejora cercana al 0,6%.

A ello se suman factores metodológicos que también incidieron de manera significativa en el resultado agregado y relativizan el dato final. De acuerdo con el informe al que accedió este medio, los sectores que más aportaron a la expansión fueron “Impuestos netos de subsidios” (1,5 puntos porcentuales), impulsados por la reducción de subsidios económicos, y “Intermediación financiera” (0,8 puntos), cuya variación estuvo influida por la volatilidad de tasas y efectos estadísticos asociados.

En consecuencia, al excluir estos dos componentes, la economía exhibiría una expansión sensiblemente menor al 4,4% oficial: alrededor del 2,6% interanual respecto de 2024. Y si, además, se descuenta el arrastre estadístico sobre esa medición, el crecimiento “genuino” de la actividad se reduciría a apenas 0,4%, lo que pone en cuestión la solidez del rebote informado.

“El Gobierno viró su estrategia desinflacionaria y la centralizó en el ancla salarial, particularmente después de haber perdido el ancla cambiaria a partir del acuerdo con el FMI de abril de 2025. Esta estrategia tenía como consecuencia un estancamiento de los ingresos y, en el contexto de una economía donde el consumo privado implica más del 70% del PBI, un estancamiento de la actividad”, sintetizaron.

Reforma laboral y deterioro previsional/fiscal

Los datos del primer mes del año evidenciaron que el reparto de ingresos entre Nación, provincias e instituciones de la Seguridad Social dejó un saldo negativo para todos los estamentos del Estado. De persistir el Gobierno en su estrategia de defensa del equilibrio fiscal a cualquier costo –según el acuerdo con el FMI-, “demandará profundizar los recortes sobre un gasto público que ya se encuentra en niveles mínimos”, evaluaron desde el IPYPP. Para dicho centro de estudios, la administración nacional profundizará el ajuste en planes sociales y subsidios, a la vez que “la extrema rigidez de las cuentas provinciales deja poco margen para nuevas podas presupuestarias”.

En esta coyuntura, un factor clave lo constituye la reforma laboral aprobada la semana pasada en el Congreso. Un proyecto que, bajo los argumentos de modernización y rebaja de costos, introdujo cambios regresivos que aumentarán la flexibilización/precarización de las relaciones laborales, facilitarán los despidos, debilitarán el poder sindical, y descentralizarán las negociaciones en detrimento de las condiciones de negociación de las y los trabajadores.

Sobre ello, especialistas fiscales nucleados en el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) pusieron el ojo en el impacto fiscal de la reforma y señalaron que el equilibrio fiscal entrará en tensión en 2026 ya que, por ejemplo, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluido en la reforma laboral debilitará estructuralmente el financiamiento de la Seguridad Social (cuyos recursos representan un tercio de la caja total) y generará presiones adicionales sobre las cuentas públicas. Es decir, el propio gobierno pondrá en jaque la meta fiscal del año.

El FAL fue creado para financiar indemnizaciones a través de derivar aportes patronales que al momento iban a la Seguridad Social, hacia este fondo que cada empresa tendrá que gestionar en una entidad financiera para cubrir despidos. En otras palabras, el costo de despedir ya no recaerá en los privados sino en el mismo Estado que resigna recibir los recursos del sistema previsional, para cubrir con fondos públicos (de jubilaciones y pensiones) lo que les correspondería a las empresas. 

“Su implementación implica que el Estado deberá destinar fondos públicos equivalentes a casi 0,4% del PBI y afectar el financiamiento del sistema previsional. Para dimensionarlo, es la mitad de lo que se invierte en la Asignación Universal por Hijo”, explicaron desde el ETFE.

Para los tributaristas, como la reforma laboral termina debilitando el sistema de jubilaciones y pensiones, esto puede implicar a futuro “ajustes en las prestaciones en un contexto donde el superávit fiscal es la prioridad de la política económica”. Además, la reforma incluyó otros cambios que afectarán la recaudación este año como condonaciones masivas de deudas vinculadas a aportes y contribuciones, modificaciones en la presunción de relación de dependencia y reducción de alícuotas en bienes suntuarios. En ese sentido queda claro que “el desfinanciamiento no es neutro” y el faltante puede cubrirse con alternativas que suelen tener efectos regresivos como "elevar la edad jubilatoria”, alertaron.

A su turno, desde la consultora C-P evaluaron los límites del actual programa económico y consideraron que “el gobierno plantea la reforma como una modernización, sin embargo, luce más como una búsqueda por forzar la tolerancia social del programa económico”. En una coyuntura donde se impone la “supervivencia del más apto”, los especialistas analizaron que “la reducción de aportes al sistema previsional para financiar el FAL impactará de manera directa sobre sus recursos, profundizando desequilibrios estructurales ya existentes, asociados a la caída del empleo registrado, el estancamiento de la actividad y la debilidad de los salarios reales”, subrayaron.

En este marco, la reforma laboral no sólo redefine las condiciones del mercado de trabajo, sino también el margen fiscal del Estado. Si se profundiza el desfinanciamiento, el cumplimiento de la meta fiscal requerirá compensaciones por otras vías: mayor endeudamiento, incremento de la presión tributaria o nuevos recortes sobre las prestaciones. De este modo, el esquema fiscal libertario se sostiene, una vez más, a costa de trasladar el ajuste sobre las espaldas de la mayoría de la población.