Investigan a las apps de delivery por supuestas violaciones a la ley de defensa de la competencia

Un ente autárquico vinculado con el Gobierno abrió una investigación por posibles conductas anticompetitivas en plataformas de delivery.

31 de marzo, 2026 | 17.07

La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) anunció el inicio de una investigación de oficio sobre el funcionamiento del mercado de plataformas digitales dedicadas a la compra y entrega de comida de restaurantes. El análisis apunta a detectar eventuales prácticas que podrían afectar la libre competencia en un negocio que llegó a la Argentina de forma opaca y que incluso es denunciada por los propios trabajadores.

En particular, se examinan dos tipos de conductas. Por un lado, la posible aplicación de cláusulas de “nación más favorecida” (MFN), que limitarían la capacidad de los restaurantes para establecer precios distintos en otros canales de venta. Por otro, se investigan supuestos acuerdos de exclusividad que obligarían a los comercios a operar únicamente con una plataforma.

Apps de delivery en la mira: qué ley habrían esquivado

De comprobarse, estas prácticas podrían generar obstáculos para el ingreso de nuevos competidores y reducir la competencia en materia de precios dentro del sector. Las conductas bajo análisis encuadran preliminarmente en los artículos 1 y 3 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

En particular, el primer artículo de la ley mencionada señala: "Están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general".

Desde el organismo señalaron que la investigación surge a partir del seguimiento de mercados digitales y del análisis de antecedentes tanto a nivel local como internacional. Asimismo, aclararon que la apertura del proceso no implica una conclusión anticipada ni determina responsabilidades sobre las empresas involucradas.

La normativa vigente prohíbe que actores con posición dominante adopten prácticas que limiten o distorsionen la competencia. En caso de comprobarse infracciones, las sanciones pueden alcanzar multas de hasta el 30% de la facturación anual de las compañías.

El Destape se contactó con fuentes directas de la ANC pero desde la dependencia no quisieron profundizar sobre este estudio preliminar.

Sturzenegger, acechando al mercado

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretende avanzar en un proyecto para reformar la Ley de Defensa de la Competencia, con el foco puesto en continuar profundizando el retiro del Estado y flexibilización de las regulaciones estatales.

En febrero, Sturzenegger expuso algunos lineamientos de la nueva reforma partiendo de la premisa que el principal factor que distorsiona los precios y limita el crecimiento no es el poder de las empresas, sino la intervención del propio sector público, al participar de un encuentro sobre política de la competencia organizado por la Secretaría de Industria y Comercio.

En este sentido, había afirmado que “el verdadero enemigo de la competencia es el Estado”, indicando que las regulaciones estrictas protegen a los actores establecidos y bloquean el ingreso de nuevos competidores. Para el funcionario, los mercados libres tienen capacidad propia de corregir posiciones dominantes. Al respecto, ejemplificó que la evolución del sector tecnológico relegó a un referente del sector como Nokia primero por BlackBerry y luego por el iPhone, a partir de la innovación y los cambios en el mercado.

El funcionario consideró que es necesario que la política de defensa de la competencia además de observar conductas de las firmas (como fusiones), también contemple el estudio de las normas en relación al desempeño de cada mercado. De prosperar sus ideas, el Gobierno firmaría una nueva hoja en el cuaderno de la desregulación estatal.