El campo que no entra en la foto: alertan por la asfixia económica de las economías regionales

Las economías regionales están en una situación crítica. “El campo de verdad -el que produce alimentos, sostiene comunidades y genera arraigo- no está en la foto”, señalaron voces que representan a agricultores familiares, campesinos, cooperativas y pyme. Según remarcaron, la discusión sobre la producción agropecuaria no se agota en las retenciones, ya que están atravesando un proceso de fuerte deterioro que pone en riesgo su propia subsistencia: más de la mitad de los sectores productivos están en alerta y entre las más complicadas aparecen la yerba mate, papas, peras y manzanas, cítricos dulces, vino y mosto, mandioca, maní, sector avícola, hortalizas, miel, papa y tabaco.

La concentración de ciertos eslabones de la cadena, la escasa rentabilidad del pequeño productor, y costos logísticos e insumos al alza aparecen entre los principales problemas que afectan a la heterogeneidad de las economías productivas del país. Se suma el impacto negativo por la caída del consumo doméstico, la apertura de importaciones, el tipo de cambio apreciado y el desfinanciamiento de organismos como INTA, INTI y Conicet, con recortes en torno al 30% en sus presupuestos.

“Estamos ante un proceso de reducción de la superficie que ocupa el pequeño productor y de expulsión de productores del campo”, graficó un especialista consultado por El Destape y ejemplificó: en enero del 2023, un productor de tomate necesitaba cuatro kilos para comprar un kilo de pan, un año después necesitó 11 kilos de tomate, y en la actualidad -dos años después- ya necesita de 18 kilos de tomate para poder comprar el mismo kilo de pan.

Mapa de la crisis regional 

El gobierno nacional oficializó días atrás, vía el Decreto 526/2025, una reducción permanente de las retenciones que se aplican a la soja, girasol, cebada, trigo, maíz, sorgo y carnes, lo que ya había adelantado el presidente Milei en el marco de la Exposición Rural de Palermo. Sin embargo, la medida no tuvo la misma repercusión y, de hecho, se alzan voces que remarcan que “pese a lo que se quiere instalar no hay un solo campo” y consideran que el Estado “tiene que dejar de mirar para otro lado”.

En ese sentido, desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) que incluye a un amplio abanico de agricultores familiares, campesinos, cooperativas y pymes señalaron en un comunicado que dicha medida “tendrá impacto cero en quienes producimos alimentos de verdad”. A su entender, “es una transferencia de recursos para los de arriba ya que se incrementan las ganancias para los grandes exportadores pero, por otro lado, se genera más presión sobre los precios internos, se encarecen los insumos y la comida en góndola, y más desigualdad para quienes vivimos de trabajar la tierra”. 

Al respecto, en diálogo con este medio, Diego Montón, ingeniero agrónomo y vocero del Movimiento Nacional Campesino Indígena–Somos Tierra y de la MAA, fue contundente referir que “las economías regionales están en una situación crítica” fundamentalmente por tres razones centrales: “fuerte concentración de la matriz productiva en el eslabón de agregado de valor y comercialización, y en contraste, dificultades para pequeños y medianos productores que no alcanzan una rentabilidad suficiente; por otro lado hay una cuestión logística con altos costos que escalaron desde que asumió Milei (+300% en combustible) sumado al deterioro de las rutas, y  también hay que agregar que existe un proceso de concentración en el sector primario, con un pequeño grupo que ostenta ya más del 70% de la tierra”. En relación, el informe “Pequeños Productores en la Argentina” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reflejó la realidad de este sector que representa el 63,7% de las Explotaciones Agropecuarias (EAP), pero con solo el 13% de las tierras en producción. Los datos ponen sobre la mesa “su aporte a la producción de alimentos, así como a los desequilibrios en cuanto a la superficie explotada y el acceso a demás recursos productivos". Se trata de "un sector mayoritario que produce en condiciones de escasez de recursos, abasteciendo principalmente al mercado interno de alimentos”, destacaron los investigadores.

Ante tal panorama, el especialista analizó que “hay una miopía en términos de no entender que la política agropecuaria debe ser segmentada y diferenciada según el tipo de productor”, por eso subrayó que “las políticas públicas que toman a todo el campo como si fuera uno solo no resuelven los problemas reales”.

Montón compartió algunos ejemplos concretos que permiten dimensionar la gravedad de la situación: en enero del 2023, un productor de tomate necesitaba cuatro kilos para comprar un kilo de pan, un año después necesitó 11 kilos de tomate, y en la actualidad -dos años después- ya necesita de 18 kilos de tomate para poder comprar el mismo kilo de pan. Según evaluó, “hay una pérdida relativa del valor de la producción a costa de un aumento de la apropiación de esa renta por parte de las empresas que venden insumos, de logística y de la comercialización donde cada vez es mayor la brecha entre lo que se le paga al productor y lo que después paga el consumidor -entre un 500 y un 1500%-“. 

El sector de la fruta también “está muy complicado” así como el de la vitivinicultura debido a un proceso de reducción y concentración donde “muchos productores están quedando afuera”. Para el ingeniero de amplia trayectoria, “estamos viendo un proceso de deterioro importante en la ruralidad que no tiene nada que ver con la discusión de las retenciones. Lamentablemente pareciera que la discusión agropecuaria se agota ahí, pero esto afecta solamente a un sector de la producción agropecuaria y además manera diferente a los distintos eslabones”, remarcó. 

Respecto del escenario adverso para las actividades regionales, un informe elaborado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) mostró que más de la mitad de los sectores productivos están en alerta. Entre las más complicadas aparecen arroz, yerba mate, papas, peras y manzanas, cítricos dulces, vino y mosto, mandioca, maní, sector avícola, hortalizas, miel, papa y tabaco. En lo concreto, de un total de 19 economías regionales relevadas en junio pasado se advirtió que 7 sectores se encuentran en crisis máxima (semáforo en rojo), mientras que 9 están en situación de alerta (amarillo) y sólo 3 se ubicaron en verde, es decir, muestran crecimiento. Entre los motivos que explican tal situación, los que están en situación crítica se vinculan con “economías que siguen viendo dañado el componente negocio de su actividad, es decir, que los precios en muchos casos han bajado o se atrasaron significativamente respecto a la inflación y a la suba de sus costos”.

En detalle por producción, se destacó que algunas ya alcanzaron 12 meses consecutivos en contracción como es el caso de la yerba mate, y de vino y mosto. En cuanto a la producción yerbatera, indicaron que se vio afectada por “la baja mensual e interanual del precio que queda muy retrasado frente a la inflación”. Hay que recordar que, debido a la desregulación de precios y la desarticulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) promovido por el DNU 70/2023, los pequeños y medianos productores, cerca del 90% del total, se enfrentan a un juego desigual donde apenas 10 grandes molinos -que compran el 75% de la producción- determinan el valor de la materia prima. En este tiempo, bajó considerablemente el precio que se paga por la materia prima -por la desregulación y fuerte concentración del sector, y la importación de países limítrofes- afectando a la producción local y el empleo Por su lado, en el caso del vino y mosto, se señaló que “los precios aumentaron 6% y registraron una suba interanual muy por debajo de la inflación” en tanto que “hubo una leve baja en el área de plantación” y si bien “mejoraron las exportaciones (+26%), fue más fuerte la suba de las importaciones (+118%)”. El consumo cayó 11%.

Apertura y desmantelamiento de organismos

La situación de las economías regionales en general podría agravarse a partir de la decisión de la administración libertaria de abrir de forma desregulada las importaciones, desmantelar programas específicos, desfinanciar políticas existentes y hasta avanzar contra la investigación científica y técnica, incluyendo el propio funcionamiento del INTA, entre otros organismos clave.

En concreto, el gobierno nacional avanzó en este tiempo en diferentes medidas que desregulan la importación de alimentos, como la flexibilización del Código Alimentario Argentino (decreto 35/2025) para “simplificar y busca agilizar tanto el ingreso de productos alimenticios extranjeros al país”, según el texto oficial. Y esta misma semana (decreto 538/2025) el Poder Ejecutivo dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).

En detalle, datos oficiales (INDEC) indican que podría profundizarse un escenario ya alarmante: al cierre del 2024 había crecido 82% el ingreso extranjero de alimentos frescos y elaborados que, paradójicamente, también se producen a nivel local. Tal es el caso de limones, cebollas, tomates, zanahorias, yerba mate, tomate elaborado y vino, entre otros, cuya importación evidenció subas anuales de entre 100 al 6000% en el primer año de gestión de La Libertad Avanza. Para 2025, la importación de alimentos continuó su carrera ascendente, con incrementos interanuales que variaron entre 80 y 200%, en el rubro. Según del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) las importaciones de tomate industrializado, por ejemplo, totalizaron 17.000 toneladas contra 1.800 toneladas a inicios del año previo, es decir ocho veces más. “El dato más relevante es que el producto ya no solo ingresa desde países limítrofes, sino que más de un tercio proviene desde China”, alertaron. 

“La liberación de las importaciones y el ingreso de productos agropecuarios de otros países -Unión Europea, Paraguay, Chile, Brasil- donde además tienen importantes apoyos estatales, sumado al desmantelamiento de todas las entidades estatales de apoyo a la producción y -créditos y subsidios- afectó en gran medida al pequeño productor argentino”, consideró Montón y alertó que “estamos ante un proceso de reducción de la superficie que produce el pequeño productor y de expulsión de productores del campo”. 

Por ejemplo: la cebolla, el tomate y el zapallo -productos vitales para la mesa de las familias- no evidencian un precio que permita la sustentabilidad de la producción, a pesar de que sí aumentaron en góndola y, como resultado, "sucedió que incluso no se han cosechado directamente  esos productos por la grave situación del productor”. 

Finalmente, en materia de organismos estatales clave, los datos del Presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) indicaron una caída del 22,8% real para el primer semestre en la inversión en ciencia y tecnología, y se destacan los recortes en los recursos del INTI (-27,4%), INTA (-20,9%) y CONICET (20,6%), entre los principales.