Jubilados y el Ni Una Menos se fusionan para una marcha histórica contra el ajuste

Cada vez más jubilados tienen que salir a trabajar. La tasa de actividad de los adultos mayores llegó a un pico histórico desde que asumió La Libertad Avanza: 16,6% de las personas de 66 años o más trabajan o buscan trabajo (solo se había acercado a un número semejante en el último trimestre del 2019). Así, de los 78.500 nuevos ocupados en el último año, unos 42.000 son jubilados. Esto se vincula con el impacto directo del recorte del gasto público en jubilaciones, la desregulación de precios de la canasta básica y el desmantelamiento estatal, sobre las y los adultos mayores: en Argentina casi un millón de personas de la tercera edad están en situación de pobreza.

Esto ocurre en una coyuntura donde la canasta básica para adultos mayores supera los 1.200.000 pesos contra un haber mínimo que apenas se ubica en 304.000 pesos (el bono de 70.000 pesos está congelado desde marzo 2024) lo que hace que cada vez más sea más difícil afrontar la suba de alimentos, de medicamentos y de vivienda, al punto de que siete de cada diez jubilados argentinos tienen ingresos insuficientes para subsistir. Otro dato grafica la dura situación que atraviesan: en lo que va del gobierno de Javier Milei, cada jubilado/a acumula una pérdida promedio de 3.120.946 de pesos. Esto se explica también por el ajuste fiscal implementado por la administración libertaria y del que las jubilaciones se transformaron en un componente central del recorte del gasto público: más de 12 billones de pesos se "ahorró" el Estado Nacional quitando directamente del bolsillo de las y los jubilados.

Así, en la víspera de la marcha que, como cada miércoles, los jubilados realizan al Congreso y que esta vez estará acompañada por el colectivo Ni Una Menos al cumplirse diez años de su primera movilización masiva, la oposición política buscará nuevamente tratar y aprobar dos proyectos de ley que apuntan a una nueva prórroga de la moratoria previsional que terminó en marzo, y a otorgar un aumento por única vez para adultos mayores, aunque desde el gobierno nacional anticiparon que vetarán cualquier iniciativa. Si bien el argumento oficial es que el motivo pasa por “preservar el superávit fiscal”, estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso reflejan que estas medidas tendrían un menor costo que lo que el Estado deja de percibir por la decisión de bajar el impuesto a Bienes Personales (el que pagan quienes más riqueza acumulada poseen). Se suma a ello la reforma jubilatoria que prepara la gestión libertaria, según las condiciones para acceder a más deuda que fijó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los nuevos ocupados son jubilados

Cada vez más jubilados y jubiladas tienen que salir a trabajar y ello queda en evidencia en los últimos datos oficiales disponibles sobre el mercado laboral: la tasa de actividad de los adultos mayores llegó a un pico histórico: 16,6% de las personas de 66 años o más trabajan o buscan trabajo.

Si se mira la serie histórica, desde 2017 solamente dos veces el indicador escaló hasta tocar el 16%, en el 4to trimestre de 2019 (16,1%; a fines del gobierno de Mauricio Macri) y con el máximo alcanzado en 4to trimestre 2024 (tras un año de gestión de Milei). En ese sentido, se evidencia que “la tendencia del aumento en la cantidad de personas activas que tienen 66 años o más se agudiza cuando la jubilación mínima cae en términos reales”, señaló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). 

La tasa de actividad mide la cantidad de personas, sobre el total de los aglomerados urbanos, que se encuentra ocupada o buscando activamente empleo. Esto habla de una sociedad que trabaja más, aunque no necesariamente mejor. De hecho, hay al menos 5,9 millones de personas en nuestro país que trabajan sin aportes, sin estabilidad ni derechos laborales básicos.

A su vez, otro factor a considerar tiene que ver con que además de cuánto y en qué condiciones tienen lugar los trabajos, también resulta relevante quiénes los están llevando adelante. Sobre ello, desde el centro de investigación indicaron que “los nuevos ocupados son jubilados”. En detalle, para fines del 2024 el crecimiento de actividad (48,8%) tiene una explicación clara: los mayores de 66 años son el grupo que más aumentó su actividad laboral en la comparativa 2023-2024. De esa manera, de los 78.500 nuevos ocupados de la comparación interanual, 42.000 son jubilados. 

Para entender este fenómeno es clave analizar el derrotero de los ingresos de la población adulta mayor, que viene sufriendo una enorme pérdida de su poder adquisitivo. “Las jubilaciones se estabilizaron en un nivel que implica una caída del 27% del poder de compra desde que gobierna La Libertad Avanza”, plantearon desde el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). Como resultado, esto implicó desde entonces una pérdida acumulada superior a los 3 millones de pesos ($3.120.946 por jubilado).

Tal situación se da, además, en un escenario donde la Canasta Básica de los Jubilados que releva la Defensoría de la Tercera Edad de CABA se ubicó en $1.200.523 contra un haber mínimo en apenas 304.700 pesos (más un bono extra de $70.000 que se mantiene congelado hace más de un año y recorta cada vez más la cantidad de beneficiarios). Así, la suba de alimentos, de medicamentos y de vivienda, sumado a la negativa del oficialismo nacional de avanzar en proyectos de ley que buscan una recomposición parcial de los haberes, deriva en que siete de cada diez jubilados argentinos tengan ingresos insuficientes para subsistir.

Asimismo, no es menor sumar el peso de los servicios en el haber jubilatorio ya que por la desregulación económica cuadruplicaron su costo, durante la gestión actual. En concreto, más de cinco millones de jubilados que perciben la mínima destinan hoy el 10,5% de sus ingresos al pago de tres servicios esenciales como luz, gas y agua, cuando en diciembre de 2023 ese gasto representaba el 6,2% (según estimó la Defensa de Usuarios y Consumidores- Deuco). Lo anterior muestra una realidad alarmante ya que cuando el gasto en servicios públicos supera el 10% del ingreso se estima que existe “pobreza energética”. 

Las condiciones de vida de las personas mayores muestran una vejez atravesada por ingresos que no alcanzan siquiera para cubrir lo básico y eso incluye también a los medicamentos. En el caso de aquellos que más utilizan los jubilados tuvieron un incremento interanual (172% a marzo 2025) que es 124 puntos superior a la suba del conjunto de medicamentos en el mismo periodo. A su vez, más del 7,3% de los adultos mayores depende de un alquiler para tener dónde vivir, el doble que hace 20 años atrás, en un momento donde la derogación de la única normativa que buscaba establecer condiciones de acceso a este derecho, derivó en subas trimestrales de precios, contratos que duran apenas un semestre y a la exigencia de pagos extraordinarios a quienes alquilan. 

En este panorama alarmante, las y los jubilados deben recurrir a la ayuda de los familiares para pagar los servicios, a un mayor endeudamiento en entidades comerciales o financieras, y hasta a la restricción del consumo de otros bienes esenciales, todo lo que los ubica en el segmento donde más creció la miseria en este tiempo.

Sin embargo, “la ausencia de políticas de ingresos para los sectores más vulnerables está muy lejos de los esfuerzos que realiza el gobierno, en el otro extremo, por sostener los flujos financieros vinculados a la renta financiera”, analizaron desde el IAG. Y ello se refleja en que el ajuste fiscal que el gobierno de Milei destaca como punto central de su programa económico logró un “ahorro” de 55,5 billones de pesos, a costa sobre todo de la paralización de la obra pública (-13,9 billones) y del recorte a los jubilados (-12,8 billones).

Amenaza de nuevo veto 

La oposición política busca, hasta ahora sin resultados favorables, avanzar con proyectos de ley que permitan extender la moratoria previsional y aprobar un refuerzo a los ingresos de los y las jubiladas. Este miércoles 4 de junio está convocada una nueva sesión en el Congreso nacional que tratará de dar luz verde a las iniciativas, luego de no conseguir el quórum necesario en el intento anterior. 

En detalle, se propone extender por dos años la moratoria previsional, lo que permitiría que 441.226 nuevos beneficiarios regularicen su situación y puedan acceder a una jubilación. Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) la prórroga por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la ley 27.805 tendría un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

Por su lado, en el caso del proyecto que busca elevar el bono a jubilados, congelado en $70.000 desde el inicio del actual gobierno, a $105.000 o $115.000 (representa el 19% del ingreso de un jubilado con haber mínimo), las propuestas implicarían un gasto de 0,23% y 0,30% del PBI, respectivamente. El bono lo reciben 4,7 millones de jubilados. 

Hay que recordar que por la negativa del gobierno a renovar la moratoria que venció en marzo pasado, el 50% de varones y 69% de mujeres con edad cumplida -60 y 65 años en cada caso- ya no pudo jubilarse, de acuerdo con información oficial. A su vez, las mujeres son las más afectadas (20 puntos más que sus pares) debido a que trabajan menos horas en el mercado laboral, sufren mayor informalidad y menor registración de aportes, y tienen más carga de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas: apenas 1 de cada 10 cuenta con los aportes suficientes.

Un ejemplo claro son las trabajadoras de casas particulares, segunda actividad con mayor inserción laboral para mujeres (18% de las ocupadas) pero con 70% de informalidad. Además, están sobrerrepresentadas en la jubilación mínima. Es decir que las mujeres sufren como trabajadoras activas y también como pasivas la precarización del mercado laboral. Es por ello que en el marco de los 10 años de la primera movilización del “Ni Una Menos” este 3 de junio, las organizaciones decidieron pasar la movilización al miércoles, para acompañar a las jubiladas en su reclamo de cada miércoles.

Consideran, en relación, que si bien se propone como "solución" la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), ésta no tiene en cuenta los años sí aportados, es apenas el 80% de la mínima, y no permite por ejemplo cobrar a la vez una pensión por viudez. Y, un punto central, las mujeres con edad jubilatoria cumplida deberán esperar 5 años más para recién poder acceder. 

Desde el lado del gobierno nacional anticiparon que el presidente Milei vetaría ambas iniciativas en el caso de que resulten finalmente aprobadas. Pese a que el argumento oficial es que el motivo pasa por “preservar el superávit fiscal” que en abril llegó al 0,6% del PBI, las estimaciones de la OPC reflejan que “estas medidas cuestan menos que el gasto tributario del Estado por la baja del impuesto a los Bienes Personales (0,39% del PBI anualmente) y las exenciones al impuesto a las Ganancias (0,34%)”, compararon desde el IAG.

Es decir que, mientras el Estado les cierra la puerta a más de 400.000 trabajadores pasivos que, tras padecer años de precarización y la falta de registración, ahora también sufren la pérdida de ingresos para una canasta básica, la imposibilidad de costear medicamentos, y de pagar un techo donde vivir mientras se endeudan para subsistir, por otro lado concede beneficios a quienes más riqueza acumulan y -según los anuncios recientes sobre los “dólares del colchón”- perdona la evasión por sumas millonarias, todo en el marco del nuevo acuerdo de más deuda externa con el FMI.