San Cayetano, crisis y movilización: las razones económicas detrás de la protesta por “pan, tierra, techo y trabajo”

Mientras el Gobierno nacional insiste en mostrar “orden”, la presión sobre las reservas, los vencimientos de deuda y el cierre del crédito externo multiplican las dudas sobre la sostenibilidad del plan. Las turbulencias cambiarias y los problemas de la política monetaria se sintieron con fuerza en estos días y tras la disparada el dólar, las listas de precios llegan con remarcaciones de entre el 4 al 9% a las góndolas de agosto. Sin embargo, este mes comienza además atravesado por una fecha que -más allá de lo religioso- representa la posibilidad de vivir dignamente para cualquier ser humano: tener pan y trabajo.

Este jueves, San Cayetano no será uno más en la Argentina gobernada por Javier Milei: harán escuchar sus reclamos trabajadoras comunitarias desesperadas por la falta de alimento para atender las largas filas en comedores a los que el gobierno nacional recortó la asistencia, cartoneros golpeados por la baja del precio del insumo a causa de la crisis del consumo doméstico e importaciones desreguladas, las mismas que afectan a pymes y cooperativas que cierran sus puertas engrosando el número de desocupados que no pueden siquiera trabajar de ferias al ser perseguidos por fuerzas de seguridad, aquellas que también reprimen a los jubilados que eligen entre comer o comprar medicamentos impagables, y ni hablar de llegar a pagar un alquiler cuando tener un techo se transformó en un privilegio frente a las condiciones que impone el mercado inmobiliario que construye para pocos y concentra la tierra, a la que los agricultores familiares ya no pueden acceder. 

Por eso, a más de un año y medio de puesta en marcha del plan económico libertario, el jueves 7 de agosto se espera una masiva movilización por “el derecho básico al alimento, la vivienda, el trabajo y acceso a servicios esenciales”, según se expresa en el comunicado al que accedió este medio. La jornada comenzará bien temprano desde el santuario en Liniers y finalizará en Plaza de Mayo. 

El derrotero de cada indicador social

San Cayetano, patrono del pan y el trabajo, congrega cada 7 de agosto a las y los trabajadores del país que esperan el día para pedir y agradecer. Sin embargo, desde el 2016, también se ha vuelto una fecha emblemática para una parte creciente de trabajadores que encuentran expresión en la denominada economía popular y que se han visto obligados, tras las políticas económicas del neoliberalismo menemista y la crisis del 2001, a generar su propio trabajo por las dificultades crecientes de una salida en el mercado laboral formal (cartoneros, cooperativas textiles, agricultura familiar, cocineras comunitarias, limpieza urbana, entre otros), llegando ya a representar el 30% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Este jueves volverán a las calles pero también se sumarán las centrales CGT, CTA  Autónoma y CTA de los Trabajadores, en un momento en el que las diferentes realidades del trabajo están atravesadas, en mayor o menor medida, por un modelo económico con paritarias “pisadas”, apreciación cambiaria, y creciente endeudamiento –externo e interno-, todo lo que da lugar a un consumo cada vez más fragmentado, al tiempo que se sostiene el ajuste del Estado y de la política social. 

PAN: LA URGENCIA DEL ALIMENTO

Uno de los reclamos centrales de la marcha es, nada más y nada menos, que el derecho al alimento.  Al respecto, el 58% de los hogares no accedió en junio a la Canasta Básica Alimentaria mientras que el 73% de quienes sí lo hicieron dependieron de la asistencia estatal (AUH y Tarjeta Alimentar), el 20% de los hogares se quedó sin alimentos en algún momento del mes y el 31% reportó que algún integrante sintió hambre, según datos difundidos por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) que remarcó también que el 89% financió alimentos (sobre todo con tarjetas de crédito: 44,7%). En relación, un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) señaló que en nuestro país 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes padece inseguridad alimentaria, es decir que, cerca de 4,3 millones de personas se enfrentan, cada día, a la necesidad de reducir porciones de comida o hasta a situaciones más extremas como pasar hambre y la situación se agrava en los hogares con adultos que tienen empleo informal o precario donde escala al 51% (15 puntos por arriba del nivel general). 

“Movilizamos por el derecho básico de cada familia a tener un plato de comida en su mesa y de cada trabajadora socio comunitaria a obtener un reconocimiento salarial acorde a su tarea imprescindible”, destaca el documento político de la jornada al que accedió este portal. En ese sentido, la población femenina en la economía popular alcanzó, al cierre del 2024, a 1,9 millones de personas (es decir: 3 de cada 10 mujeres ocupadas están en la economía popular) y más de la mitad (63%) tuvo ingresos menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), según datos difundidos en julio por el centro CITRA-UMET.  “Un problema que no nos deja dormir es el endeudamiento para comprar comida. Tenemos diferentes prestamistas, al no contar con tarjeta de crédito, en los barrios populares crece la necesidad de recurrir a billeteras virtuales y a créditos informales y usureros -la mayoría ligados al narcotráfico que avanza ante el retiro del Estado- y que se devuelven cada 15 días o por semana, y si no se cumple intiman, muchas veces directamente en cada puerta”, señaló a este medio Norma Morales, secretaria adjunta del sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). 

Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Gobierno asiste sólo a 4.231 comedores, cuando debería asistir a 9.800 espacios inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM). Con menos recursos que antes, en los barrios intentan responder a las necesidades que crecen día a día. “Aún sin recibir alimentos, y a pesar de que el salario social de las trabajadoras del cuidado socio-comunitario haya sufrido un ajuste brutal y está congelado en $78.000 pesos desde hace más de un año, ellas hacen magia en la primera línea contra el hambre mientras son estigmatizadas. No se las reconoce como trabajadoras, pero son las que le ponen el cuerpo a la crisis, acompañando a las familias de nuestros barrios”, expresaron desde la UTEP.

A lo anterior se suma que, en medio de la ola polar, el gobierno de La Libertad Avanza decidió eliminar los precios de referencia de las garrafas. La decisión afecta sobre todo a los sectores más vulnerables, entre los cuales el 85% cocina con garrafas, pero solo el 15% puede usarla para calefaccionarse y el 68% no tiene acceso a agua caliente en la cocina, según un relevamiento de organizaciones sociales. Es decir que, aquellas familias que menos recursos tienen son las que sufren directamente el encarecimiento de precios que genera la "libertad" del mercado: desde la devaluación de diciembre del 2023 el precio de la garrafa de 10kg en barrios populares pasó de $2.472 a $10.277 (ene/24), una suba del 316% en poco más de un mes. Desde mayo pasado escaló a $16.300 (+560% vs. antes del inicio de la gestión Milei) en tanto que en algunos barrios ya ronda los $25.000 o $30.000 y dura apenas dos semanas, y menos aún en el caso de los comedores. 

TRABAJO PARA POCOS

“Luchamos contra una reforma laboral que pulveriza derechos, contra el ahogo deliberado a nuestras cooperativas y unidades productivas, y por el reconocimiento de la economía popular, que hoy más que nunca sostiene la vida en los territorios ante un Estado ausente”, destacaron desde la UTEP que representa a una amplia rama de trabajos que millones de personas señalan que empezaron a realizar a partir de sus propios conocimientos y necesidades para poder generar ingresos y sobrevivir.

Sobre ello, los últimos datos oficiales del mercado laboral evidencian una crisis que exhibe más desocupación, menos empleo y mayor informalidad: el desempleo llegó en tres meses del 2025 al 7,9% (+0,2 puntos vs. 1T2024) tocando el valor más elevado de la gestión de Javier Milei, a la vez que los ocupados demandantes se sostienen en un nivel alto (16,1%) y la presión sobre el mercado de trabajo trepó del 29,7%. Por su lado, los asalariados no registrados crecieron del 35,7% al 36,3% y los cuentapropistas del 21,9% al 23,5% mientras, a contramano, el trabajo asalariado se contrajo (-0,7 puntos).

En el caso de la economía popular alcanza, al menos, a 3,8 millones de personas (26,8% de la PEA) con un alza del 7,5% entre el cuarto trimestre del 2023 e igual periodo del 2024, según CITRA. La composición principal (71%) refiere a trabajadores cuentapropistas con ingresos inferiores a tres salarios mínimos ($313.000). “La apertura de importaciones indiscriminada sin ningún tipo de protección al trabajo nacional ha desplomado el valor del trabajo de cartoneros y cartoneras, de las cooperativas textiles y de la producción agraria. Sobre todo, en el sector de las economías regionales doblemente dañadas, ya que los insumos están dolarizados, producir alimentos en argentina se vuelve inviable”, precisaron desde la UTEP.

Al respecto, Jonatan Castillo, cartonero y referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) contó a El Destape que “la situación es muy complicada, venimos sufriendo la baja de la materia prima como el cartón, papel y distintos materiales con los que trabajamos revolviendo en la calle y en algunas plantas de reciclado. Nos empezaron a bajar considerablemente el precio y también cayó mucho el consumo, lo que hace que haya menos material en la calle. Por lo tanto, menos material y más barato implica menos plata en el bolsillo y menos comida para las familias de la economía popular”. Las y los trabajadores cartoneros, carreros y recicladores que hace un año atrás ya superaban los más de 150.000 en el país, han visto triplicar su carga laboral: “antes se caminaban unas cinco cuadras y capaz se llegaba a llenar un bolsón, hoy se caminan mínimo 20 cuadras y quizás ni siquiera queda muy lleno”. Los trabajadores y trabajadoras del espacio público en general sufren también “una brutal estigmatización acompañada de violencia, represión y criminalización que simplemente los condena a la miseria absoluta".

Entre los reclamos de la jornada se suma “el rechazo a la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado”. Sobre ello Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario que incluye a gremios de la CGT y las dos CTA confirmó a este medio que parte también de la movilización, en reclamo por “la destrucción de los puestos de trabajo, las cesantías y las suspensiones en aumento en el sector público, pero también en las distintas ramas de la actividad privada”.

TIERRA: CADA VEZ MÁS CONCENTRADA

El 60% de los alimentos que consume la población son producidos por la agricultura familiar; sin embargo, más del 70% de las familias productoras no son dueñas de la tierra, solo el 1% de los propietarios rurales posee más del 40%, y 4.500 pools de siembra concentran el 75% de la producción. 

“Denunciamos la entrega de nuestros recursos naturales mientras a nuestro pueblo se le niega un pedazo de tierra para vivir y producir; así como la pulverización de las políticas destinadas a fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena que atenta directamente sobre miles de familias productoras, campesinas e indígenas que producen los alimentos para nuestro pueblo”, destacaron desde el espacio gremial que nuclea a la diversidad de trabajadores y cooperativas de la economía popular. 

En este último tiempo, además, el sector viene atravesando una dura situación debido al encarecimiento de insumos, el alza de tarifas de servicios y combustibles, y el ajuste del Estado en recursos que permitían mejorar la calidad y cantidad de los productos que ofrecen a la población. Sobre ello fueron desmantelados programas de financiamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la asistencia técnica y comercial, y se recortó el acompañamiento a las organizaciones del sector, a la vez que también se vieron afectados por el desmantelamiento en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se suma “la constante represión e intentos de desalojos de las comunidades originarias de sus tierras, completamente desprotegidas y perseguidas por esta gestión nacional”, agregaron.

SIN TECHO PARA VIVIR

Un diagnóstico privado (de las organizaciones CIPPEC, TECHO y ACIJ) que analizó lo sucedido en las últimas cuatro décadas, precisó que 1 de cada 3 hogares no cuenta con condiciones adecuadas por falta de servicios básicos y hacinamiento, 2,6 millones de viviendas demandan ampliación y mejoras, en tanto que en las grandes urbes se observa una expansión de 1,5 veces más que el crecimiento real de la población, reflejando un “boom inmobiliario” lejano a la demanda concreta de la población. En los sectores populares la situación se agrava: 6,5 millones de personas viven en barrios populares del país, de las cuales el 66% no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta no agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal, el 99% no tiene suministro de gas domiciliario, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso (ReNaBaP).

“Denunciamos la especulación inmobiliaria, la paralización total de la obra pública y el desfinanciamiento de la Ley de Integración Socio Urbana, que han dejado a millones de familias sin la esperanza de un techo digno y a barrios sin los servicios básicos”, señalaron a este medio desde la UTEP. Tras seis años de vigencia, apenas asumió, el gobierno de Milei frenó el programa que garantizaba el acceso a agua, gas y electricidad en los barrios populares ya que, entre sus primeras medidas, decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) provocando la paralización de más de 30.000 obras necesarias para proveer servicios básicos a unas 330.000 familias. Luego, en mayo pasado, firmó el Decreto 312/2025 para eliminar completamente el FISU. 

En el caso de la población inquilina, la eliminación de la ley de alquileres generó un descalabro de precios que recae sobre las familias. De acuerdo con un relevamiento del Inquilinos Agrupados, en el primer semestre del año los alquileres subieron un 41,7%, frente a una inflación para el mismo período de 15,1%; es decir, se ubicaron 26,6 puntos por encima de la inflación. A esto se suma el salto en las expensas cuyo valor promedio ya supera los $200.000. La juventud es una de las más afectadas por esta realidad: deben destinar al menos la mitad de lo que ganan a pagar un alquilar y necesitarían un aumento de más del 70% para llegar efectivamente a pagar un lugar donde vivir, sin tener que recortar otros gastos esenciales (según el IDUF). A su vez, la situación se agrava en las y los jóvenes de sectores populares que tienen que salir a trabajar desde menor edad, y los empleos que encuentran son aún más precarios. Según Fundar, el 43% de los jóvenes de dichos barrios trabajó por primera vez cuando tenía 15 años o menos y en trabajos que no permiten romper el círculo: el 90% de quienes trabajan lo hacen en la informalidad.

PAZ FRENTE A LA REPRESIÓN

“Sin justicia social no hay paz. Basta de represión a los que luchan. basta de represión a nuestros jubilados/as”, es otra de las reivindicaciones principales de la jornada que tendrá lugar esta semana, en referencia al accionar represivo de las fuerzas de seguridad que, cada miércoles, actúan contra las y los jubilados que se siguen movilizando al Congreso nacional en reclamo de mejores condiciones de vida y por la enorme pérdida de ingresos.

De hecho, cada vez más jubilados tienen que salir a trabajar. La tasa de actividad de los adultos mayores llegó a un pico histórico desde que asumió Milei: 16,6% de las personas de 66 años o más trabajan o buscan trabajo (solo se había acercado a un número semejante en el último trimestre del 2019). Esto se vincula con el impacto directo del recorte del gasto público en jubilaciones, la desregulación de precios y el desmantelamiento de organismos, sobre las y los adultos mayores y ocurre en una coyuntura donde la canasta básica para adultos mayores supera los 1.200.000 pesos contra un haber mínimo que apenas se ubica en 314.000 pesos (el bono de 70.000 pesos está congelado desde marzo 2024) lo que hace que cada vez más sea más difícil afrontar la suba de alimentos, de medicamentos y de vivienda. 

Las organizaciones sociales también denunciaron “la criminalización de la pobreza y la persecución judicial a nuestras y nuestros referentes y a todo aquel que se atreve a levantar la voz. El ajuste solo se sostiene con represión, pero la paz social se construye con derechos, no con palos”, alertaron.

Pobreza: el impacto en el día a día

La pobreza se ubicó, en el segundo semestre del 2024, en 38,1% y la indigencia en 8,2% (INDEC). Por su lado, datos de la Universidad Torcuato Di Tella anticiparon que, en el primer semestre del 2025, la pobreza habría alcanzado al 31,6% de la población, en sintonía con la información publicada por el Ministerio de Capital Humano para el primer trimestre del año. Sin embargo, especialistas consultados por este medio señalaron que, en realidad, estaría unos 4 a 5 puntos porcentuales por arriba de esas mediciones. Asimismo, destacaron que si bien la tendencia es a la baja lo cierto es que “las mejoras no han sido en términos de capacidad de consumo real de las familias”. En este contexto, los niveles de pobreza serían, siguiendo la línea de los analistas consultados, similares a fines del 2021 y principios del 2022, después del shock de la pandemia y antes de la mayor aceleración inflacionaria de la gestión de turno.

“El grueso de la baja actual tiene que ver con comparar con el momento en donde comenzó el gobierno de Milei, a partir de la maxidevaluación y la desregulación general de los precios, que produjo una redistribución brutal de los ingresos, licuó los salarios y los ingresos de la mayor parte de la población y colocó la pobreza en un pico superior a 50%. Tras esos primeros meses del 2024 comienza una desaceleración, la evolución en la tasa de inflación va produciendo naturalmente una recomposición de ingresos, aunque la situación de los diferentes hogares es muy dispar. En definitiva, la baja sustancial se da respecto al punto más alto de la tasa de pobreza construido por el propio gobierno actual y sus políticas”, explicó al ser consultado Claudio Lozano, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYYP).

Respecto de cómo incide la desaceleración de precios, el economista agregó que “si bien jubilados y trabajadores privados registrados logran en los meses siguientes del 2024 recomponer poder adquisitivo desde el pozo al que los había mandado Milei”, no llegan a recomponer -los privados se ubican en un similar- respecto de noviembre del 23 y la mejora se frena con el techo paritario de inicios del 2025. Asimismo, señaló que “hay una serie de problemas de medición que nos indican que lo que vaya a dar está, por lo menos, tres o cuatro puntos por debajo de lo que debiera dar”.

En este punto, Isaac Rudnik director del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) consideró que “para medir el valor de los gastos cotidianos de las personas, el INDEC sigue utilizando una canasta de consumo construida en 2005, que ha quedado desactualizada, y por lo tanto no refleja fielmente el gasto indispensable de las familias. Servicios como Internet y telefonía móvil -entre otros- no están contemplados en la proporción que tienen realmente en la composición de la canasta básica, a lo que se agrega que son los elementos cuyos precios más aumentaron.  El valor de la Canasta Básica Total es mayor a la que dice el INDEC, y por lo tanto el número de personas que no tiene el ingreso suficiente para cubrirla”, sostuvo y dijo que, según sus estimaciones, “la pobreza está unos 4 a 5 puntos porcentuales por encima". El dato oficial de INDEC se conocerá en septiembre próximo.