La recesión autoinfligida por el gobierno de Javier Milei, sumada la pauperización del empleo como consecuencias de las medidas flexibilizadoras laborales y la pérdida de puestos derivada del cierre de empresas, generó un nuevo “ejército de reserva” de trabajadores que no halla opciones de volver a un esquema formal. En el último año de la administración de La Libertad Avanza se registraron 390.000 personas nuevas en situación de desprotección laboral (un 7 por ciento más que en el último año). Se trata del valor más alto registrado para un primer trimestre dentro de la serie histórica. Mientras tanto, de los desocupados desde el primer trimestre del 2024 sólo 15 por ciento se pudo insertar en un puesto protegido.
Luego de 15 meses de destrucción neta de puestos de trabajo, en junio el nivel de empleo tocó un piso y arrojó una suba –aunque poco significativa—de 0,1 por ciento, tanto para la medición mensual como la interanual, según la información que brinda la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Sin embargo, la dinámica laboral continúa estancada, con un nivel de despidos por encima del promedio 2022-2023, “cuando regían regulaciones establecidas durante la pandemia”, señala la Secretaría de Trabajo.
Las dificultades que presenta la economía argentina para generar suficientes ocupaciones de calidad, ya sea en términos de ingresos, estabilidad y/o acceso a un conjunto de derechos sociales, se agravó en los últimos años, lo cual se expresa en los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia. Una mirada sobre la situación laboral permite medir quiénes son los más afectados en un escenario de recesión económica. “En esta categoría se pueden nuclear a trabajadores sin aportes, sin estabilidad, sin maquinaria o capital propio para emprender y sin calificación”, destaca un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). Por cada 100 trabajadores y trabajadoras que perdieron su puesto, solo uno o dos lograron volver a la actividad formal.
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Radiografía del desamparo
Pese a que el Gobierno celebra una tímida mejora del empleo, de 0,1 por ciento (ya sea que se tome el dato mensual o interanual), lo que se registra es una composición sectorial del crecimiento que tiende a apoyarse en sectores menos intensivos en trabajo. Y, en la mayoría de los casos, en los sectores que históricamente contratan en condiciones de alta informalidad. A esto se suman la suba de los empleos temporales y no registrados.
Actualmente, la tasa de “desprotección” laboral asciende al 44,1 por ciento, con un crecimiento del 7 por ciento de los desprotegidos en el último año. Esto representa un total de 390.000 personas adicionales trabajando en condiciones desprotegidas.
“Se trata del valor más alto registrado para un primer trimestre dentro de la serie histórica comparable (2017–2025)”, señala el IAG. El grupo más afectado por este fenómeno son las mujeres de 66 años y más, donde la desprotección subió un 14,6 por ciento en el último año. "Esto coincide con un retiro de un 23 por ciento de las mujeres de este grupo etario del sector público, con haberes jubilatorios cada vez más ajustados", agrega.
La tasa de trabajo protegido descendió del 40,5 al 40,3 por ciento, mientras que la tasa de empleo público se ubica en 15,5 por ciento, con una retracción del 12 por ciento a lo largo del último año. “Este es el valor más bajo para un primer trimestre en la serie 2017–2025”, señala el informe del Instituto Argentina Grande.
Qué pasó con los despedidos
De acuerdo con el documento, solamente un 15 por ciento de los trabajadores y trabajadoras despedidos en el último año se pudo insertar en un puesto protegido: el 11 por ciento en ámbito privado, y el 4 por ciento en el ámbito público. El 35 por ciento se insertó en el ámbito desprotegido, equivalente 135.000 personas, el 25 por ciento (95.000 persona) se mantiene desocupado y el otros 25 por ciento desistió de la búsqueda y está en situación de inactivo.
“A su vez, cuando vemos a los desempleados actuales y sus trayectorias previas, encontramos que el 29 por ciento tenía hace un año un trabajo desprotegido, mientras que el 29 por ciento era previamente inactivo. Esta incorporación de inactivos al trabajo de mala calidad coincide con un aumento importante de trabajo en las personas de 66 años o más, que afecta su situación de desprotección”, agrega el informe de IAG.
La subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) asciende al 17,9 por ciento de la población económicamente activa. La presión sobre el mercado laboral supera a la desocupación abierta y abarca también a un conjunto de trabajadores que demandan activamente otro empleo. Así, la presión efectiva sobre el mercado de trabajo llega al 24 por ciento Si se agrega a quienes, si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanza al 29,6 por ciento.
La política de disciplinamiento de Milei se refleja también en los salarios. El 20,4 por ciento de los/as trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al salario mínimo. Los bajos ingresos perjudican con mayor intensidad a las mujeres: mientras el 14 por ciento de los varones gana menos del salario mínimo, este porcentaje asciende al 28,7 por ciento en el caso de la población femenina, de acuerdo con el análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
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