El Gobierno Nacional insiste en que “el superávit fiscal es el resultado de haber emprendido el ajuste más grande de todos los tiempos”, según indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su reciente presentación en el Congreso y agregó: “Este ajuste, además, va a ser sostenible en el tiempo porque también logramos aprobar el primer Presupuesto con regla fiscal de la historia (si se recauda menos, se ajustan partidas)”. Sin embargo, los datos evidencian una vez más otra cara: se trata un ajuste sin resultados estructurales. Mientras el gasto se desploma por recortes generalizados, crecen la deuda -muchas veces por fuera de las cuentas visibles- y las tensiones fiscales que ponen en duda la sostenibilidad del modelo.
Si bien en el primer trimestre de 2026 el Sector Público Nacional volvió a registrar superávit, atado a las metas acordadas con el FMI que fijan un objetivo anual del 1,4% del PBI, dicho resultado convive con una dinámica cada vez más evidente, el equilibrio fiscal se sostiene sobre bases frágiles, que el propio ajuste ya no logra consolidar.
“Lejos de expresar solidez, aparece cada vez más condicionado por una estructura tributaria debilitada, y con menor capacidad para sostener las funciones esenciales del Estado”, señaló un documento presentado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). De cara a lo que resta del año, los economistas destacaron que “se trata de una dinámica que difícilmente pueda sostenerse en el tiempo con altísimo costo social”.
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Ajuste: límites estructurales
El Gobierno de Javier Milei llevó adelante uno de los ajustes del gasto más profundos de las últimas décadas, pero el resultado fiscal empieza a mostrar sus límites. A pesar del recorte generalizado sobre salarios, obra pública y programas sociales, el equilibrio de las cuentas públicas se sostiene sobre bases cada vez más frágiles.
En el primer trimestre de 2026, el Sector Público Nacional registró superávit, pero ese resultado convive con un fenómeno que gana peso mes a mes: el crecimiento de la deuda y la aparición de tensiones que el ajuste por sí solo ya no logra compensar.
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Lejos de tratarse de un ajuste limitado y coyuntural, el recorte ya alcanzó niveles extremos. Si se compara con igual trimestre de 2023, el gasto primario ya acumula un desplome que alcanza prácticamente a todas las partidas del gasto público (-31,3% real) con un derrumbe en el gasto de capital (-86,6%), en las transferencias a provincias (-66,2%), en programas sociales (-61,4%) y en salarios públicos (-29,1%). De igual modo, en la comparación interanual también se profundizan los recortes en áreas sensibles: programas sociales (-30,6%), subsidios al transporte (-31,5%), transferencias corrientes a provincias (-38,4%), otros gastos de funcionamiento (-22,9%), asignaciones familiares (-9,6%) y salarios públicos (-8,2%).
De esa manera, “el resultado fiscal se encuentra condicionado por la debilidad del esquema tributario”, analizó un informe elaborado por Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). Por su lado, más del 90% de los ingresos provino de recursos impositivos, con una marcada concentración en los aportes a la seguridad social (42%) y el IVA (23%), todo lo que “consolida una estructura de carácter regresivo”, agregaron.
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A esto se suma un elemento no menor vinculado a que una parte creciente de los intereses de la deuda no se registra como gasto efectivo, sino que se capitaliza en instrumentos financieros.
En detalle, una porción significativa de los intereses se capitaliza en instrumentos como LECAP, BONCAP y LEFI. En la práctica, esto implica que no impactan en el resultado fiscal “en caja”, pero sí engrosan el stock de deuda. Solo en el primer trimestre, estos intereses capitalizados superaron ampliamente el superávit financiero informado. En enero sumaron $4,6 billones, en febrero $4,2 billones y en marzo $3,4 billones, por encima del resultado positivo acumulado en todo el período.
El efecto es claro, el superávit convive con “un aumento silencioso del endeudamiento”, señalaron los especialistas. De hecho, según estimó el IPYPP, si estos compromisos fueran incorporados al resultado fiscal, el peso del servicio de la deuda pasaría a ser la principal erogación del Estado, incluso por encima del gasto salarial.
En este escenario, con la inversión pública en niveles mínimos y las principales partidas sociales en retroceso, el margen para profundizar el ajuste se vuelve cada vez más acotado, al tiempo que crecen sus costos económicos y sociales.
Un problema que cambia de forma
En este contexto, el desafío fiscal empieza a desplazarse: ya no se trata únicamente de recortar el gasto, sino de sostener un esquema cada vez más tensionado por la debilidad de sus fuentes de financiamiento.
El propio informe del centro económico advierte que el resultado fiscal “se encuentra condicionado por la debilidad del esquema tributario y un peso de los intereses que crece de forma desproporcionada”, con una estructura cada vez más concentrada en impuestos regresivos y con menor capacidad de respuesta. Lejos de expresar solidez, el equilibrio de las cuentas públicas aparece así atravesado por limitaciones estructurales: menor capacidad de financiamiento, creciente peso de la deuda y un Estado cada vez más reducido en sus funciones.
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Así las cosas, con menos Estado, más deuda y márgenes de ajuste cada vez más estrechos, el equilibrio fiscal aparece menos como una solución estructural que como un resultado transitorio. “Las metas acordadas con el FMI refuerzan la presión hacia una mayor contracción del gasto, tensionando las funciones públicas esenciales para la reproducción social y priorizando el cumplimiento con los acreedores, sin abordar los factores que deterioran la capacidad recaudatoria del Estado. En conjunto, se trata de una dinámica que difícilmente pueda sostenerse en el tiempo con altísimo costo social”, cerraron desde el IPYPP.
