¿Voto económico?: cómo el deterioro de la clase media incidió en el apoyo al peronismo bonaerense

Tras el magro resultado obtenido por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires (PBA), el presidente Javier Milei señaló en sus redes “no nos moveremos ni un milímetro del programa económico” y dejó claro que no habrá cambios en torno al ajuste fiscal y la política cambiaria vigente. Sin embargo, esto resulta cuanto menos llamativo si se considera que uno de los datos salientes de los comicios bonaerenses fue el crecimiento del apoyo al peronismo en municipios con fuerte presencia de sectores medios: el aumento de la desocupación y el subempleo, así como la destrucción de casi 185 mil puestos registrados y la escalada de la informalidad (42%), con ingresos (para el 20% de la fuerza laboral) por debajo del golpeado salario mínimo y mayor necesidad de endeudarse para vivir ante gastos fijos que escalaron por la suba de los servicios (se llevan el 60% del ingreso de un hogar) a la vez que se se dispara la morosidad familiar (peor que en pandemia), configuran el escenario de razones económicas que grafican cómo, en este año y medio de gestión libertaria, la clase media se volvió cada vez más pobre.

De esta manera, aunque es cierto que algunos hogares pueden haber salido de la pobreza debido a que sus ingresos superaron circunstancialmente el valor de la Canasta Básica Total que se utiliza de referencia en la medición oficial, ello no implica necesariamente que hayan vuelto al nivel de consumo que poseían previamente debiendo recurrir, por el contrario, a otros recursos más allá de sus ingresos corrientes.

Se agrega que, sobre la medición de la pobreza, son varias las voces que han cuestionado los límites metodológicos que presenta la medición debido a la falta de actualización de las canastas básicas de consumo, al tomar como referencia los gastos familiares que surgen de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004-2005, es decir, de hace dos décadas atrás, cuando los hábitos de consumo pueden sufrir modificaciones en el tiempo, tal como ocurrió en estos últimos meses. 

La clase media, más pobre

Mientras la administración libertaria se focalizó en medidas como la reducción de Bienes Personales, recorte de retenciones y el blanqueo de grandes capitales, que beneficiaron exclusivamente a los sectores de mayor poder económico del país, lo cierto es que, con paritarias a la baja, la mayor parte de la población sigue sin llegar a fin de mes.

La contracción económica y el deterioro salarial son muestras de la crisis en curso y se expresan en una realidad concreta: el shock económico no solo afectó a los sectores bajos, sino que deterioró en gran medida las condiciones de vida de los sectores de nivel socioeconómico medio.  Y esa realidad cotidiana parece haber tenido un correlato directo en el voto de las recientes elecciones bonaerenses. En lo concreto, donde más creció el peronismo en porcentaje de votos entre 2023 y 2025 fue, justamente, en partidos de nivel medio. “Tanto en el AMBA como por fuera, se observa el mismo patrón, donde más creció el peronismo es en municipios de nivel socioeconómico medio”, según un relevamiento del economista Daniel Schteingart de Argendata.

Si bien el apoyo a la fuerza referenciada en PBA con el actual gobernador Axel Kicillof se incrementó poco en municipios más “ricos” (como Vicente López y San Isidro) y en otros más “pobres” (como José C. Paz o Florencio Varela) creció mucho en los de niveles intermedios de pobreza estructural: Luján, Avellaneda, San Fernando, Ensenada, General San Martín, San Miguel, Lomas de Zamora, Pilar, Malvinas Argentinas, Ezeiza, Escobar, La Plata. Esteban Echeverría, Campana, Almirante Brown, entre los principales. 

¿Cuáles son las razones económicas que lo explican? La evolución de  indicadores clave muestra un claro deterioro en las condiciones de vida de los sectores medios, principalmente, en este último tiempo. 

Por un lado, la política económica libertaria afectó directamente las posibilidades de empleo de la población. El golpe a las y los trabajadores no solo se canalizó a través del aumento de la desocupación (7,9% en el primer trimestre del 2025 vs. 6,9% en igual lapso del 2023) sino también, y en gran medida, en el deterioro de las condiciones de trabajo de quienes sostuvieron sus puestos. Si se mira lo sucedido en la cantidad de puestos de trabajo, sobresale que la presión efectiva sobre el mercado laboral, que contempla tanto a la desocupación como a quienes teniendo un empleo están buscando otro, escaló del 20,9% al 24,0% de la población económicamente activa. Esto quiere decir que cerca de un millón personas más se sumaron a quienes buscan un empleo, según los últimos datos oficiales disponibles. En esta coyuntura, mientras se destruyeron 184 mil empleos asalariados registrados, en contraste, creció el cuentapropismo (+112,6 mil monotributistas). Por otro lado, la tasa de informalidad llegó al 42% de los y las trabajadores, y no solo es superior para las mujeres, sino que son las que explicaron el crecimiento de 2024, mientras los varones se mantuvieron en un nivel similar.

Por su parte, en materia de ingresos, desde el inicio del gobierno de Milei, los salarios reales se vieron afectados de manera significativa: después de la mega devaluación de diciembre 2023, en la segunda mitad del año, parte de lo perdido se recuperó en un marco de desaceleración de la inflación que frenó la caída del poder adquisitivo. Sin embargo, los datos cerrados de 2024 ponen sobre la mesa la fuerte pérdida de poder adquisitivo en el primer año de gestión de La Libertad Avanza: el mayor golpe fue para estatales (-22%) seguidos de privados (-7%). Esto es clave si se considera que los ingresos laborales constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares y son determinantes para la medición de la pobreza.

Ya en 2025, en términos generales, los salarios reales se ubican un 4% por debajo de los registrados al salir de la pandemia. Al desagregar por sectores, los trabajadores del sector privado registrado perciben un salario real cercano a un 2% inferior al momento de la crisis del 2020 y, en cambio, los empleados públicos son los más perjudicados con una pérdida superior al 11%. 

En este contexto, asimismo, obtener un empleo no garantiza acceder al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que establece la Ley de Contrato de Trabajo. En efecto, datos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) señalaron que el 20,4% de los y las trabajadoras obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo. Los bajos ingresos perjudican con mayor intensidad a las mujeres: mientras el 14% de los varones gana menos del salario mínimo, este porcentaje asciende al 28,7% en el caso de la población femenina. En parte, ello responde a que son también las mujeres las más afectadas por la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y la consecuente necesidad de desplegar estrategias de reparto entre el trabajo productivo y reproductivo. Sin embargo, los bajos ingresos no se explican exclusivamente por los empleos de tiempo parcial: aun ajustando el indicador en función de las horas trabajadas, resulta que el 14,4% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo por hora. 

En este escenario de fuerte deterioro de los ingresos otro aspecto relevante que hizo mella en la vida cotidiana de los sectores medios tiene que ver con el cambio en la composición del gasto de los hogares. Además de la erosión en los ingresos, desde el inicio gestión de Milei se produjo un fuerte cambio en los precios relativos: la inflación acumulada en bienes alcanzó hasta jul/25 un alza del 124%, mientras que en servicios superó el 262%. Esta dinámica reconfiguró la distribución del salario, desplazando una mayor parte del ingreso destinado a la adquisición de bienes como alimentos o vestimenta hacia el pago de servicios, como luz, gas y transporte.

Antes del inicio del gobierno de Milei, los asalariados destinaban poco más de la mitad de sus ingresos a la compra de bienes; sin embargo, ahora más del 60% de los ingresos se destina al pago de servicios, según un informe del Centro para la Recuperación Argentina (RA) de la UBA.

En otras palabras, a los salarios reales golpeados se sumó el fuerte aumento de los precios de los servicios respecto a los bienes, todo lo que terminó por reconfigurar la composición del gasto de los hogares, de modo que gran parte se destina ahora a cubrir servicios y no al consumo de bienes esenciales, limitando el poder adquisitivo real de la mayoría de los trabajadores. Sobre los gastos fijos, un informe de la consultora Empiria estimó que, a junio, el ingreso disponible del hogar (descontando esos gastos) cayó 0,4% real mensual en el AMBA (tercera merma en los últimos cuatro meses) en tanto que en el primer semestre si bien superó (+1%) a diciembre de 2024, fue 7% menor que en noviembre 2023. 

Lo anterior explica también por qué transcurridos 29 meses del inicio de la gestión libertaria, el nivel de ventas tanto en mayoristas como en supermercados no logró todavía recuperar los valores de comienzos del mandato. Si bien se registra un crecimiento sostenido de las ventas en supermercados durante los últimos meses no fue suficiente para compensar la caída acumulada previamente (cerca de 10% desde inicios del gobierno) y generó que la caída acumulada en las ventas de supermercados durante la gestión sea cercana al 7%, según el Centro RA -UBA. Por su lado, las ventas mayoristas profundizaron su retroceso, acumulando una contracción cercana al 19%.

Además, en relación con las ventas, un aspecto relevante a destacar es el creciente uso del crédito para financiar el consumo cotidiano. Entre diciembre de 2023 y mediados de este año, el uso de tarjetas de crédito para realizar estas compras se incrementó significativamente, pasando de representar el 39% al 46% del total. Este incremento se dio en paralelo a una caída en el uso de otros medios de pago: las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 27%, mientras que el efectivo disminuyó del 20% al 16%. “Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría apelando al endeudamiento para cubrir consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad, dejando de manifiesto la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos”, analizaron desde el centro de estudios de la UBA.

Sobre este punto, el creciente endeudamiento familiar demanda porciones importantes de los ingresos familiares, afectando los recursos disponibles y la situación económica, aspecto que no es contemplado en las mediciones de pobreza y que se vincula con el círculo vicioso de escasos ingresos, deuda, necesidad de saldar ese endeudamiento, y toma de más deuda para hacerle frente a lo cotidiano y a los compromisos financieros asumidos.

De hecho, un dato para nada menor tiene que ver con la morosidad récord. La irregularidad en los pagos de créditos a familias alcanzó el 5,2%. Se trata de la cifra más alta en 16 años, acumulando 7 meses consecutivos de aumento, según consignó un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

A su vez ,en junio hubo 66.959 cheques rechazados por falta de fondos, cifras vistas por última vez en la pandemia. “Ambos indicadores muestran la dificultad de las familias argentinas para hacer frente a sus pagos, a la vez que ya se puede notar el efecto del aumento de la tasa de interés real del crédito desde la salida del cepo. Alza que continúa desde el fin de las Lefis, con una tasa actual que puede llegar incluso a 50 puntos por encima de la inflación esperada, que encarece el crédito. Por eso, probablemente en julio y agosto haya aumentado la mora”, alertaron los especialistas.

Deuda: lo que no mide el indicador de pobreza

En un periodo de crisis económica y social, aparecieron a su vez las estrategias de subsistencia de los hogares argentinos dado el impacto en el bolsillo familiar. De acuerdo con el IPyPP, “se ha incrementado sustancialmente la necesidad de gastar ahorros, así como también de recurrir al endeudamiento, trasladando sus erogaciones a futuro”. Sobre ello crece el peso en los ingresos de créditos formales, pero sobre todo informales.

Al menos 2 de cada 5 personas (39,5%) debieron utilizar sus ahorros familiares afectando su patrimonio. Los hogares también recurren a endeudarse: 16,1% pidió préstamos a familiares o amigos y cerca del 13,9% utilizó créditos de bancos o financieras, mientras que las compras en cuotas con tarjeta fueron utilizadas por más de la mitad de la población (51%). A ello se adiciona que un 8,8% de la población total recurre a mercaderías, ropa o alimentos provistos por instituciones (organizaciones sociales, iglesias, entre otras).

Según Empiria, el 36% de los hogares declaró haber usado sus ahorros para hacer frente a los gastos corrientes en el primer trimestre del año, por detrás del del primer trimestre de 2024 (38%), pero por encima de toda la serie previa. 

Por último, esta realidad introduce una característica adicional ya que, según el IPYPP, “si bien hay algunos hogares que pueden haber salido de la pobreza debido a que sus ingresos superaron circunstancialmente el valor de la Canasta Básica Total, ello no implica necesariamente que hayan vuelto al nivel de consumo que poseían previamente, debiendo recurrir a otros recursos más allá de sus ingresos corrientes”, explicaron.