¿Por qué la administración Milei privatizará el 44% de la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA)? La respuesta no pasa por una ecuación financiera ni el orden macroeconómico. Es la decisión de la cúpula de un Poder Ejecutivo –avalado por un Congreso que permitió su venta con la Ley de Bases- para desarmar las capacidades tecnológicas del Estado y echar por tierra una historia que se remonta al primer peronismo. Es una transferencia de conocimiento y soberanía hacia el capital extranjero. Y un disciplinamiento también.
Al segundo trimestre de este año, NA-SA había llegado a producir el 7,8% de la energía eléctrica del país, con un superávit sostenido desde hace más de siete años. Hasta mitad de 2025 sus cuentas le daban un saldo positivo de 112.743 millones de pesos.
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¿Entonces, por qué venderla? La decisión de privatizarla se inscribe en la lógica de entrega de capacidades científicas y tecnológicas inaugurada durante la década menemista, continuada por la gestión Macri y ahora Milei. Esta es la principal tesis que recorre un trabajo del Instituto Argentina Grande (IAG), integrado por los equipos técnicos de Gabriel Katopodis.
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Disciplinar a los trabajadores del Estado
La empresa estatal fue creada en 1994 tras la escisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA- creada por Perón en 1950) para manejar los activos de Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan entre 7% y 8% de la generación eléctrica nacional.
“La venta parcial de NA-SA agravaría la desinversión y significaría la pérdida de capacidad estatal para planificar e invertir en un sector estratégico. Su gestión estatal es más valiosa que cualquier ingreso por privatización”, alertó el IAG en su informe.
A precios constantes de septiembre de 2025, el gasto devengado de la Comisión Nacional de Energía Atómica alcanzaba los 388.169 millones de pesos, mientras que en 2024 se había reducido a 283.012 millones. Este nivel de gasto representa el valor más bajo desde 2010 y supone una caída real del 27% respecto de 2023. “Si el ritmo actual de gasto se mantiene, 2025 cerraría con una reducción del 43% en comparación con 2023”, agregó el informe.
El ajuste fue planificado. También el disciplinamiento hacia sus trabajadores y científicos. Un trabajador de la CNEA que en septiembre de 2025 ganó un sueldo neto de $698.388, a precios de ese mes, ganaba en noviembre de 2023 $1.074.342. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del 35%.
“No sorprende con estos números que la dirección de la asociación de técnicos de la CNEA reporte alrededor de 50 renuncias por mes en el sector nuclear”, explicaron desde el IAG.
La fuga de científicos y especialistas es parte constitutiva del plan de saqueo de La Libertad Avanza. Argentina es uno de los pocos países del mundo que dominan toda la cadena nuclear, desde la extracción de uranio hasta la puesta en funcionamiento de un reactor. Esto es mucho más que una ecuación macroeconómica.
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De Macri a Milei, un denominador común
Durante el gobierno de Mauricio Macri, con Federico Sturzenegger como principal ideólogo, fueron promovidas reformas estructurales y marcos regulatorios orientados “a la eficiencia y la participación privada dentro del sector nuclear argentino”; de esta manera, habían quedado sentadas las bases para el cartel de venta parcial colocado por La Libertad Avanza.
“Si bien la privatización de NASA no se concretó durante este período, sí se avanzó en la venta de otros activos energéticos estatales mediante instrumentos como el Decreto 822/2017, que incluía algunas participaciones en empresas vinculadas al sector nuclear y termoeléctrico. Estas iniciativas generaron críticas sobre la falta de una estrategia clara para el desarrollo a largo plazo del sector nuclear, la posible priorización de intereses económicos sobre objetivos estratégicos nacionales y la incertidumbre sobre la continuidad de proyectos fundamentales”, puede leerse en el documento elaborado por el Instituto Argentina Grande.
Años después, el ministro de destrucción del Estado, Federico Sturzenegger, ideólogo de la Ley Bases, reimpulsó la venta de NA-SA bajo la excusa de la eficiencia económica. El 16 de septiembre, el gobierno anunció un plan de privatización parcial de NASA, contemplando la venta del 44% de sus acciones mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras el Estado mantendría el 51% y el control accionario.
“La incorporación de capital privado permitirá ampliar las inversiones, diversificar riesgos y garantizar eficiencia operativa”, sostuvo la administración de la Libertad Avanza al momento de anunciar la puesta en venta de esta empresa. Falacias libertarias. La mentira también es planificada.
Abandono
La parálisis de algunos proyectos pone en riesgo las capacidades estatales. La administración Milei frenó el CAREM-25, la planta de uranio de Dioxitek (80% avanzada) y la PIAP, la planta de agua pesada que acumula una deuda de $5.000 millones e incumple la Ley 24.804 sobre provisión nacional de agua pesada.
La construcción de la planta de Dioxitek está ubicada en Formosa. En diciembre de 2023 registraba un grado de avance del 80%; actualmente se encuentra paralizado. La planta estaba destinada a purificar mineral de uranio, insumo fundamental para la fabricación de los elementos combustibles que abastecen a las tres centrales nucleoeléctricas argentinas.
En septiembre de este año Dioxitek firmó un acuerdo con la empresa Nano Nuclear Energy que modificó el destino original del proyecto. La planta dejaría de producir dióxido de uranio —que formaba parte de la cadena de agregación de valor de la energía nuclear argentina— para dedicarse a la producción de hexafluoruro de uranio, destinado a la venta a enriquecedoras extranjeras.
“Esta reorientación implica que la Argentina pasará a desempeñar un rol de proveedora de productos primarios, trasladando fuera del país los eslabones de mayor valor agregado”, afirmó el IAG.
En el caso de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén, considerada la única fábrica de agua pesada del mundo con dos líneas de producción y la mayor del hemisferio sur, también se encuentra paralizada.
El ajuste que realiza el gobierno de Milei sobre el sector nuclear - y específicamente en la CNEA -provocó se le adeuda a la PIAP cerca de 5 mil millones de pesos, lo que impide hacer frente al pago de servicios, personal y energía eléctrica entre otras obligaciones.
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